Dos de los únicos seis inspectores adscritos a la Oficina de Sustancias Controladas y Cannabis Medicinal del Departamento de Salud de Puerto Rico alertaron el martes en vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre las trabas en el sistema de rastreo digital para el inventario de productos de cannabis medicinal en Puerto Rico, servicio que rinde una compañía contratada por el Gobierno.

Nilda Adorno y Xavier Barredo resaltaron que una de las mayores dificultades que enfrentan a la hora de realizar su labor es la inconsistencia entre el sistema de rastreo digital de inventario que opera la compañía Biotrack, contratada por el Gobierno, y los productos que se encuentran físicamente en los dispensarios. En ocasiones deben realizar una inspección usando el sistema de vigilancia de vídeos o utilizar las bitácoras manuales que usan algunos dispensarios para llevar una contabilidad de lo que han vendido.

Ante esto, el presidente de la Comisión, Jorge Navarro Suárez, señaló que se citará a esta compañía para que explique las razones de estas inconsistencias.

Tanto Adorno como Barredo explicaron que cada semana cada uno de los seis inspectores establece su plan de trabajo, en el que determinan que dispensario, manufacturera o cultivo visitar, pero estos planes pueden ser alterados por una confidencia o por instrucciones de Jose Quiñones, supervisor de esta división, quien tambien será citado por instrucciones de Navarro Suárez.

Por otro lado, señalaron que los vendedores en los dispensarios son quienes determinan la dosificación de los productos de cannabis medicinal que utilizan los pacientes, y no el medico que expide el certificado para el uso del producto.

Durante el interrogatorio realizado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, autor de la medida para analizar el cumplimento de la ley que regula el cannabis medicinal, los inspectores explicaron que 'el doctor recomienda que producto va a usar, pero es el dispensario el que es más específico', respecto a la dosificación que debe usar el paciente.

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Ante ello el legislador cuestionó el hecho de que el paciente, 'va al dispensario y la persona que está allí, que no es un farmaceutico, ni un auxiliar de farmacia, que solamente está certificado por el Departamento de Salud, tiene la capacidad de decirle al paciente los gramos que va a utilizar de ese producto y que si no le va bien aumente los gramos, entiendo que eso tenemos que estudiarlo; si realmente se está mirando la industria a favor del paciente, o si lo que queremos es tener marihuana recreacional escondida detrás de una certificación medica'.

Rodríguez Aguiló tambien reconoció la necesidad de que se establezca un laboratorio de corroboración por parte del Gobierno sobre la cantidad de ingrediente activo en los productos manufacturados, ya que los inspectores solo certifican que el inventario que está en el sistema de rastreo este en el lugar que le corresponde porque no cuentan con los metodos para corroborar la información, solo lo que certifica el laboratorio que paga el manufacturero.

Para la próxima vista se anunció la comparecencia del Departamento de Hacienda y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, que aportarán el componente económico a esta investigación.