El Senado aprobó hoy con 17 votos a favor y ocho en contra el Proyecto del Senado 353, de la autoría de Rivera Schatz, que autoriza la venta, cesión y administración de las instalaciones de servicios de salud del Estado a corporaciones especializadas.

Dichas corporaciones especializadas deben tener 10 años o más ofreciendo servicios de salud en Puerto Rico y que hayan demostrado su capacidad financiera y administrativa.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió enérgicamente la medida que fue respaldada, según dijo, por alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) en particular el de Yabucoa, de Trujillo Alto y el secretario del Departamento de Salud(DS), Rafael Rodríguez Mercado, mediante un memorial explicativo el 15 de mayo de este año.

Asimismo, criticó que la delegación de minoría no presente propuestas de salud que permitansubsanar la economía de los municipios 'La opción del PPD es no hacer nada sin alternativas, sin propuestas y sin sugerencias', dijo.

'Alcaldes del PPD legítimamente preocupados son los que han venido principalmente a plantear esta situación. Parece que la delegación del PPD todavía tiene problemas de comunicación con los alcaldes tal y como pasaba el cuatrienio pasado. Ninguna transacción del gobierno es un cheque en blanco y todaslas transacciones a nivel municipal, que tampoco están bajo la lupa de la Junta de Control Fiscal (JCF) tampoco están exentas y no son un cheque en blanco. Es el intento de tener una instalación de salud, abierta y operando de quien pueda y tenga 10 años y opere en Puerto Rico'.

En su defensa de 20 minutos, el presidente del Senado recordó que en enero de 2013 la delegación de minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) del Senado radicó la Resolución Conjunta del Senado 11 para elevar el derecho a la salud a rango constitucional pero la medida recibió un informe negativo.

'El derecho a la salud no debe ser de rango constitucional según los compañeros de la delegación del PPD….Ojalá tuviéramos mentes creativas pero me preocupo de las que son paranoicas, no son creativas y no hacen nada por nadie'.

Ante denuncias del senador independentista Juan Dalmau sobre la aplicabilidad del Título 3 de la Ley Promesa, Rivera Schatz destacó que el alcance de dicha disposición federal no aplica al gobierno general sino a las corporaciones pero reiteró'me importa un pito la JCF. Que hagan lo que quieran pero no voy a hacer lo que hace el PPD que es oponerse a todo sin propuestas'.

Sin embargo, por la mañana, los senadores popularesCiriloTirado,AníbalJosé Torres,RossanaLópez León, MiguelPereira, y el portavoz Eduardo A.Bhatia, denunciaron y censuraron que el proyecto del Senado 353 promueve la venta 'fasttrack' de instituciones hospitalarias municipales y del gobierno.

'Rossellóhijo, con el respaldo de la Asamblea Legislativa y del SenadoPNP, ha venido a profundizar la crisis que causóRossellópadre cuando era Gobernador, con la venta de los sistemas hospitalarios. Este proyecto no protege alos ciudadanos y sólo beneficia conglomerados de salud con capacidad de comprar y privatizar lo poco que queda del sistema', dijo el senadorPereira.

'Con esta movida, elPNPadmite su incapacidad administrativa. Demuestra que nunca tuvieron un plan para garantizar que 1.5 millones de puertorriqueños tuvieran acceso a la salud. Esta medida es otra bomba de tiempo que en cuestión de meses redundará en más sufrimiento y menos calidad de vida para nuestros pacientes', expresó, por su parte, la senadora López León.

Finalmente,Bhatia, indicó que, 'mi preocupación es que estamosmoviéndonoshacia un Puerto Rico que no asegurará servicios esenciales a la gente, que promoverá la pobreza. La combinación de políticas públicas estatales y federales pueden resultar en un deterioro adicional de los servicios de salud de los más necesitados'.

Bhatiarecalcó que no se opone a la administración privada mediante concesiones de Alianzas Público Privadas pero sí censura el cese o venta definitiva de losCDT'se instituciones de salud pues el Estado pierde para siempre la propiedad y la capacidad de velar por los mejores intereses de los ciudadanos sobre todo en el asunto crítico de la salud.

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