Comisión senatorial realizó audiencia pública para atender reclamos de vecinos y agencias del gobierno que fueron citadas no asistieron.

Residentes de la calle Loíza acusaron hoy, en una audiencia pública del Senado, que han sido víctimas de "dejadez, incompetencia y maltrato" por parte de las autoridades.

La acusación se dio ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que preside el senador José Vargas Vidot, que realizó una vista pública en la que se dialogó sobre la seguridad, acceso a la vivienda y el desplazamiento en la comunidad de la calle Loíza y Machuchal.

Según Vargas Vidot, fueron citadas varias agencias del gobierno, pero no se presentaron.

“Esta vista debe de convertirse en un inventario de estrategias, precisamente ante la insensibilidad de las autoridades que consistentemente se ausentan o cuando están presentes toman muy poco en cuenta a la comunidad”, expresó.

La audiencia pública responde a la resolución del Senado 77, que propone se investiguen los diversos problemas y amenazas que afectan la sostenibilidad y desarrollo de las comunidades.

Para atender el tema la comisión citó a deponer a la Policía Municipal de San Juan, la Oficina de Gerencia de Permisos del Municipio de San Juan, el municipio de San Juan, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y Discover Puerto Rico (DMO).

Las agencias citadas se excusaron de los trabajos, por lo que el senador reclamó la falta de interés que existe en el Gobierno para atender temas de viviendas seguras y desplazamientos.

El DMO, además, explicó, en su excusa, que no tienen injerencia sobre el asunto.

Quienes sí estuvieron presentes en la vista pública fueron Tania Moscoso, de la Asociación Residentes Machuchal Revive; Raquel Díaz Rosario, residente de la calle Loíza; Pedro Cardona Roig, planificador y arquitecto urbanista; y Amaury Rivera, líder comunitario de Condado, entre otros residentes.

Rivera expresó que “conozco de primera mano los retos que enfrenta la comunidad de Machuchal y calle Loíza… He sido testigo de la dejadez, incompetencia y maltrato que han recibido a través de los años. Sé de reuniones pautadas con el municipio de San Juan, donde se cancela el mismo día porque al representante se le olvidó de la reunión dejando a los participantes en espera de seguimiento”.

Por su parte, Moscoso propuso ideas: “Que esta Asamblea Legislativa establezca mecanismos para reconocer que las comunidades estamos en riesgo, que se genere legislación para que podamos ser declaradas comunidades vulnerables y se apruebe proveernos formas de autodefensa y protección. Además, necesitamos se derogue una ley del 2018, que nos declara un distrito gastronómico y cultural. Entendemos que de esta forma podemos enfrentar el plan de desplazamiento masivo, que como sabemos, tiene nombre”.

Mientras, Cardona Roig explicó que “en este contexto tenemos una densidad comercial tóxica. Cuando se superan lo que son los límites razonables de actividad comercial se empieza a causar unos impactos a terceros que comprometen la intimidad, la estabilidad, la seguridad y otros aspectos. En la médula de esto está un problema muy grande que no está haciendo atendido que son los alojamientos a corto plazo. Los alojamientos a corto plazo son actividades comerciales, pero como se disfrazan bajo el manto de actividades residenciales no se mide correctamente y eso hace que los conflictos que vive la comunidad no puedan ser analizados”.

Otra de las deponentes, la vecina Raquel Díaz Rosario, indicó que “es crucial abordar de manera urgente la problemática del desplazamiento y el deterioro de la calidad de vida que afecta a nuestra comunidad. En este sentido, es imperativo establecer una moratoria en la otorgación de permisos para negocios de entretenimiento y la conversión de propiedades en alquiler a corto plazo. Esta medida permitirá hacer frente a la crisis que se vive en la comunidad de la calle Loíza”.