Advirtió que tiene un impacto fiscal de $750 millones.

La Junta de Supervisión Fiscal advirtió que el proyecto de alivios contributivos aprobado por la Legislatura y que va camino a La Fortaleza para ser firmado por el gobernador Pedro Pierluisi “amenaza la estabilidad fiscal del gobierno”.

La expresión de la Junta se recoge en una declaración no firmada en su portal pero que se entiende es endosada por todos sus miembros. En el documento se indica que pérdidas sustanciales de ingresos” a modo de recortes contributivos “empujarían el presupuesto del gobierno en un déficit” y borrarían el progreso alcanzado en año recientes para, como indicaron, “estabilizar las finanzas de Puerto Rico.

Un informe de la Oficina de Presupuesto de la Legislatura (OPAL) calculó el impacto fiscal de la medida en $590, pero cuando el senador popular Juan Zaragoza eliminó el lenguaje que básicamente extendía los beneficios de la antigua Ley 22 de inversionistas residentes a todos los residentes de la isla, el impacto fiscal, según sus números, bajó a $510 millones.

No obstante, la JSF sostiene que el impacto fiscal verdadero es de $750 millones y es descrita por la Junta como “una de las reducciones de impuestos más grandes en la historia reciente de Puerto Rico”.

En la misiva la JSF, que no se había expresado sobre el tema ya que la medida apenas ha sido aprobada en la Legislatura, urge a la Legislatura a no enviar la medida al gobernador ara su firma y que el gobierno, si la recibiera, no la firme.

“Instamos a las dos ramas del gobierno a reunirse con la JSF para trabajar juntos en un presupuesto que financie adecuadamente los servicios y un plan de reforma de impuestos que sea pagable y dé paso a crecimiento económico a corto plazo para un Puerto Rico que se está recuperando”, lee el escrito.

La JSF defendió su récord señalando que han apoyado otras iniciativas gubernamentales en el área contributiva como el Crédito por Trabajo.

El ente fiscal sostiene que la Legislatura aprobó a prisa anoche (el martes en la noche) y que la pieza legislativa no fue lo suficientemente evaluada en lo concerniente a su impacto económico.

“Recortar impuestos debe ser a base de dato, no política”, indicaron al sostener que cualquier reforma de impuestos no puede minar ingresos esenciales.