Vecinos y diversas organizaciones rechazaron el proyecto según diseñado.

Vecinos del área de Rio Piedras donde se propone la canalización del río Puerto Nuevo y varias organizaciones de diversos enfoques se opusieron a la propuesta del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para dicha obra y exigieron la participación ciudadana en los cambios que requiere esa propuesta.

En una audiencia que celebró la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital en la Cámara de Representantes, los ponentes coincidieron en la necesidad de que se fiscalice a las agencias del Gobierno, al Municipio de San Juan (MSJ), así como las agencias federales, relacionadas de alguna forma con este proyecto.

La comunidad de Reparto Metropolitano estuvo representada por Xiomara Rodríguez, que reclamó al MSJ y a las agencias pertinentes tomar acción para evitar las inundaciones.

“Las quebradas muy pocas veces se han salido de su cauce. Ha sido el colapso y la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado por parte del Municipio de San Juan lo que ha ocasionado las inundaciones”, señaló Rodríguez.

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A principios de marzo el alcalde de San Juan, Miguel Romero, expresó dudas sobre el proyecto liderado por el Cuerpo de Ingenieros e indicó que el gobierno municipal no lo endosa. Agregó que la medida no ha generado en la confianza de la gente y que el trámite ha sido poco transparente.

Trascendió que, a finales de febrero, comenzó la demolición de 18 estructuras en la calle 25 de la urbanización Puerto Nuevo, esto como parte del proyecto de canalización.

Rodríguez denunció, además, la alegada falta de participación por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en reuniones, solicitudes de información o necesidades de la comunidad.

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“La renuncia del DRNA a su deber ministerial ha relegado a las comunidades de Reparto Metropolitano a un proceso injusto y atropellado de expropiación y relocalización a mano del Cuerpo de Ingenieros que ha carecido de sensibilidad y transparencia al llevarlo a cabo”, afirmó Rodríguez.

“Solicitamos una reevaluación inmediata del proyecto por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) desde el costo beneficio basado en el impacto desproporcionado a la propuesta de expropiación de sobre 300 residencias, la vida y respeto de nuestras familias, comunidad, su entorno y la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad de San Juan con especial atención a la comunidad de Reparto Metropolitano”, expresó.

El catedrático del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, Jorge Ortiz Zayas, opinó que, a pesar de que el proyecto en proceso será una gran obra de ingeniería y los cambios ambientales positivos ya integrados en su diseño, afectará significativamente el ecosistema del río Piedras y contribuirá a su deterioro.

Reyes Rodríguez, portavoz de la organización de Guarda Río, resaltó por su parte que es importante que se considere adoptar un enfoque multidisciplinario y participativo en la búsqueda de soluciones para las comunidades afectadas.

“La canalización de un río urbano no es una intervención meramente ingenieril, sino que tiene profundas implicaciones ecológicas, sociales, económicas y culturales que deben ser abordadas desde una perspectiva integral”, sostuvo Rodríguez. Exhortó a que se rediseñe el proyecto de canalización del río Piedras.

Expresó igualmente que, hasta la fecha, el MSJ no ha proporcionado información detallada sobre su posición frente al proyecto de canalización, ni ha facilitado espacios adecuados para que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones y propuestas directamente a los funcionarios municipales.

“No tenemos conocimiento de los esfuerzos significativos por parte del municipio para evaluar críticamente el proyecto y considerar alternativas más sostenibles y participativas. Las comunidades no sienten que el municipio los está considerando en la toma de decisiones”, sostuvo.

“La portavoz de Amigos de Puerto Nuevo por la Cuenca (APNC), Susanna Kinard, manifestó mientras tanto que, basado en las experiencias de los ciudadanos con los trabajos de limpieza, dragado y canalización, se debe desarrollar una estructura de comunicación transparente, inclusiva, horizontal y consistente con las comunidades.

“Que se respete y valore la función fiscalizadora de supervisión de las comunidades en sus espacios particulares, con una comunicación que trascienda de cada contrato a una visión total del río”, requirió.

Destacó también que es necesaria la inclusión de programas de educación ambiental en escuelas dirigidos a fomentar, desde edad temprana, la responsabilidad hacia la protección y manejo adecuado de los recursos naturales.

Kinard se opuso al proyecto de canalización propuesto y afirmó que no contempla alternativas actualizadas de diseño que sean adaptadas a una visión de desarrollo ecológico urbano y con una visión clara de ciudad de futuro. “Este no incluye alternativas para la captación de agua en época de sequías, entre otros”, dijo.

Al rechazo se unió también Graciela Belaval Bruno, del Comité en Defensa del Río Piedras, quien le pidió al MSJ que haga velar por el plan y que le exija al DRNA un cambio de visión del proyecto.

“Deseamos que este proyecto sea cónsono con uno de conservación de los recursos naturales que están vibrantes hoy en día en las riberas del río Piedras, entre la Sorbona y la Galileo, y nos protegen del ruido del expreso Las Américas, de los vientos huracanados y del sol cada día más intenso debido al calentamiento global”, señaló Belaval Bruno.

Expresó además, que “el MSJ ha dado signos de un giro en su visión del proyecto y no ha sido transparente”.

La Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR concurrió con las exigencias al señalar que en la ecuación de actores buscando soluciones faltan las propias comunidades, ya que han sido “consecuentemente excluidas” del proceso.

“En el caso específico de las comunidades afectadas por el proyecto de canalización del río Piedras, estas han sido claras en que su interés es participar desde los niveles más altos que incluyen la toma de decisiones. Las demandas están atadas a mayor calidad de vida y sentimientos identitarios”, aseguró la licenciada María Hernández Torrales en representación de la Clínica de Desarrollo Económico Comunitario.

Otras entidades que participaron de la audiencia pública, se informó, fueron la Alianza por la Cuenca del Río Piedras, El Puente–Enlace Latino de Acción Climática, ECo, Para la Naturaleza, entre otras.

Se adelantó que las instituciones gubernamentales vinculadas a este proyecto serán citadas para una próxima vista pública el 4 de abril.

“Esta Asamblea Legislativa está comprometida con escucharlos, canalizar sus preocupaciones y ver de qué manera, con acciones legislativas, concretamente podemos realizar sus deseos y convertirlos en realidad”, expresó el representante Héctor Ferrer Santiago, quien como vicepresidente de la comisión, dirigió los trabajos este lunes.