La misma fue firmada por la entonces gobernadora, Wanda Vázquez, para luego ser paralizada por órdenes de la Junta de Supervisión Fiscal.

La ley 32, que entre sus funciones buscaba proteger los fondos del Sistema de Emergencias 911, fue firmada por la entonces gobernadora, Wanda Vázquez, para luego su implementación quedar paralizada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Así las cosas, la Comisión de Seguridad y Asuntos del Veterano, que preside el senador Henry Neumann Zayas busca a través de la Resolución del Senado 104 hacer una investigación en relación a la implementación de esta ley, y entender las razones por las cuales la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) emitió la certificación de incumplimiento a la JSF.

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“Al presente, el Gobierno no ha contestado las interrogantes ni ha producido información que sostenga su argumento a la Junta de Supervisión Fiscal. El Senado desconoce las razones por las cuales la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, posterior a la firma de la Ley, emitió una certificación de no conformidad con el Plan Fiscal”, reza la exposición de motivos de la RS 104.

Habla Aafaf

“En cuanto a la Ley 32-2020, hemos sido enfáticos en certificar que, excepto por la sección 3, todas las demás disposiciones de dicha ley son consistentes con el plan certificado”, sostuvo el subdirector de Asuntos Legales de Aafaf, el licenciado Hecrian Martínez Martínez en su ponencia.

Esta sección dispone que el Sistema de Emergencias 9-1-1, que no recibe dinero del Fondo General, no estará sujeta a las disposiciones de la Ley 26-2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal. Por esta razón la JSF paralizó su implementación.

Habla el Negociado de Sistemas de Emergencia

El Negociado de Sistemas de Emergencia tildó de inconsistente la postura de la JSF, ya que solo por la sección 3 paralizaron la implementación de la ley.

“El Negociado no está en posición fundamentada para opinar sobre la corrección o no de la certificación emitida por la AAFAF, ya que desconocemos el verdadero alcance del Plan Fiscal, dado que su posición ha sido inconsistente, por un lado, reconoce que no es parte del Plan Fiscal, y por el otro lado nos impone medidas del Plan Fiscal”, expuso en su ponencia el Comisionado del Negociado, Manuel González Azcuy.

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Exigen la implementación de la Ley 32

La organización “Communication Workers of America” exige la implementación de la Ley 32 para garantizar que los fondos sean adecuadamente distribuidos como también para retener los empleados.

“La implementación garantizará que los recursos del 9-1-1 sean utilizados de acuerdo con la ley federal para: garantizar que el Negociado pueda actualizar sus sistemas e infraestructura; reducir el increíble éxodo de telecomunicadores capacitados con experiencia como personal administrativo debido a las medidas de reducción injustificadas, y asegurarse de que los fondos están debidamente distribuidos y disponibles para así proteger nuestros sistemas de emergencia y salvar vidas”, expresó el presidente de la organización, Aramis Cruz Domínguez.

“Con la implementación en su totalidad de la Ley 32- 2020, podemos volver a tener un sistema 9-1-1 ágil y que responda a tiempo. Podemos retener a nuestros trabajadores con experiencia. Podemos tener una estructura organizada de distribución”, abundó Cruz Domínguez.

La ley 32 fue producto de un proyecto de ley de los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot.