Ahora corresponde a la Junta de Supervisión Fiscal decidir si avala o rechaza la propuesta.

El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron anoche un presupuesto de $10,112 millones, que incluyó las partidas añadidas por el Senado y el lenguaje de la Cámara de Representantes, que evita que el Ejecutivo modifique o reasigne fondos sin el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y le impone una nueva estructura de rendición de cuentas ante la Legislatura.

La resolución concurrente aprobada -con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia- no solo confiere facultades a la Asamblea Legislativa para controlar el tesoro público sino que despoja a agencias como el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de facultades para disponer del erario acorde a la política pública del Ejecutivo.

También impide que el Gobernador asigne fondos a los seis delegados por la estadidad a través del mecanismo de transferencias de partidas. La Ley que creó la delegación congresional, que debe iniciar funciones el 1 de julio, no asignó fondos para dicho cabildeo político.

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Ayer, el pulseo entre el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se extendió todo el día, pero el proceso de votación del informe del Comité de Conferencia con la última versión del presupuesto no tomó más 20 minutos en cada cámara legislativa.

Pasadas las 10:00 p.m. -plazo que concedido por la JSF para que la Legislatura completara el trámite- ambos cuerpos sesionaron de forma simultánea e incluyeron la Resolución Conjunta 144 en el calendario de votación final. En ambas cámaras legislativas, la votación se realizó de forma electrónica y sin debate.

El asesor de asuntos legislativos de La Fortaleza, Carlos Rivera Justiniano, y el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo Ríos, se mantuvieron en el hemiciclo de la Cámara durante la votación. Antes de la presentación de la medida, Mundo Ríos caminó los pasillos de la Casa de las Leyes, mientras que Rivera Justiniano con el celular pegado a la oreja transitó de la oficina del Presidente Cameral a la Oficina del Presidente Senatorial, que ubican en el mismo piso.

Al filo de las 10:45 p.m., el presupuesto quedó aprobado en la Cámara con los 26 votos de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y el voto de la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, El representante Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), compuesta por Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez Reyes, rechazaron el propuesta, que ahora pasa a la aprobación de la JSF.

Quince minutos después, el Senado inició el proceso de votación y concluyó sus trabajos a las 11:19 p.m. El plan de ingresos y gastos recibió los 12 votos de la delegación roja y los votos del senador independiente José Vargas Vidot y la senadora del PD, Joanne Rodríguez Veve, como en la primera vuelta. Votaron en contra la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón y la delegación del MVC, compuesta por Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl.

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Específicamente, la resolución aprobada “suspende todo poder de la OGP, AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) o el Departamento de Hacienda, otorgado por cualquier ley vigente para autorizar la reprogramación o extensión de las asignaciones de años fiscales previos”.

En esa línea, desautoriza las modificaciones presupuestarias o medidas de política pública de emergencia permitidas bajo leyes como el Código Electoral y los estatutos aprobados el cuatrienio pasado para atender la emergencia fiscal causada por la quiebra del Gobierno y que relegaron a la Asamblea Legislativa a un segundo plano.

Estipula que las asignaciones aprobadas en el presupuesto para el año fiscal que inicia el 1 de julio sólo podrán modificarse o reprogramarse con la aprobación de la JSF y que el Ejecutivo deberá informar a la Asamblea Legislativa toda solicitud de modificación o reprogramación presupuestaria que someta para la aprobación de la JSF.

Además, exige al Ejecutivo informar los pormenores de las justificaciones de cada reprogramación y establece que el Gobernador presentará informes periódicos y detallados en las áreas de Educación y Salud, entre otras.

En síntesis, la propuesta de presupuesto aprobada anoche revivió el lenguaje del Proyecto 500, que Pierluisi Urrutia vetó, y que posteriormente Hernández Montañez incluyó en la primera versión del presupuesto, que el Senado luego eliminó tras un acuerdo con el Ejecutivo.

Más temprano en la noche, mientras la delegación del PPD todavía armonizaba sus diferencias, el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez anticipó que su delegación votaría en contra porque las enmiendas propuestas “imponían una camisa de fuerza” a Pierluisi Urrutia que afectaría su capacidad para gobernar el País.

Apuntó que como parte de la negociación, que el Gobernador seguía por teléfono desde Washington, D.C., la delegación del PNP propuso un lenguaje que permitía al Ejecutivo disponer libremente del 5% del presupuesto de cada agencia y procurar el aval de la Legislatura para modificaciones en exceso de ese límite.

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“Mientras estén esas restricciones, mientras se suspendan leyes que se aprobaron en el pasado cuatrienio para ponerle control a los gastos de Gobierno y se suspenda, incluso, la ley que habilita la OGP quitándole toda autoridad, pues no podemos votarle a favor”, apuntaló.

Posteriormente, en rueda de prensa previo a la votación, Dalmau Santiago informó que persistían las diferencias entre las versiones de presupuesto de ambos cuerpos, pero que aprobaría el informe de la Comité de Conferencias con el lenguaje restrictivo impulsado por su homólogo de la Cámara como una estrategia para evitar que la JSF impusiera su presupuesto.

Reconoció las reservas de la JSF ante el lenguaje que imponía cortapisas al Ejecutivo a la hora de administrar el gasto público y que esa situación podría causar que el ente fiscal emitiera una notificación de violación del Plan Fiscal, que se mostró confiado en que podría atender.

Al justificar su posición, Dalmau Santiago aseguró que anteponía el bien común sobre las diferencias de criterios porque que la resolución de presupuesto contenía partidas esenciales para la Orquesta Sinfónica, la Universidad de Puerto Rico, el aumento para los empleados correccionales y los municipios, entre otras.

“En la Cámara, no hay votos para aprobarlo sin ese lenguaje restrictivos y en el Senado no tiene los votos con ese lenguaje”, apuntaló aunque media hora después aparecieron los votos para aprobar la propuesta.

La semana pasada, el Senado aprobó un plan de gastos e ingresos para el Gobierno, que eliminó el lenguaje que la Cámara insertó y que obligaba al Ejecutivo a procurar la autorización de la Asamblea Legislativa para modificar o realizar reasignaciones de partidas presupuestarias. Por ese cambio, negociado entre la Presidencia del Senado y el Ejecutivo, la delegación del PNP respaldó el presupuesto y el Gobernador se comprometió a estampar su firma sobre la resolución, en un gesto de unidad ante la JSF.

Pero ese acuerdo enfureció a Hernández Montañez, quien el lunes informó que el cuerpo que presidía no concurriría con los cambios, iniciando así el proceso de negociación entre ambas legislativas.

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En medio de ese proceso de conciliar sus diferencias, Hernández Montañez, Dalmau Santiago, y los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos, Juan Zaragoza Gómez y Jesús Santa Rodríguez se reunieron ayer con la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, para discutir y procurar su bendición ante los cambios incorporados al presupuesto general. La Legislatura mantuvo el tope de $10,100 millones que impuso la Junta, pero reorganizó las partidas presupuestarias.

En ese encuentro de ayer, Jaresko rechazó la fuente de partidas, como el fondo especial de $44 millones para los municipios, que el Senado aprobó en su versión del presupuesto, el recorte de $34.9 millones en la partida de gastos profesionales de la JSF y el lenguaje que imponía limitaciones al Ejecutivo en la reprogamación de partidas o para acceder al fondo de emergencias porque añadían burocracia a los procesos gubernamentales y parecían correr a contracorriente con el Plan Fiscal aprobado.

Según Jaresko, ya la Ley federal Promesa exige al Ejecutivo procurar el visto bueno del ente fiscal para realizar reprogramaciones presupuestarias.

Como parte de los ajustes requeridos por la Junta, el presupuesto aprobado anoche aclaró que el fondo especial especial de los municipios se sufragará con fondos sobrantes y los otros $22 millones saldrán de un recorte de $1 millón de 22 agencias.

Ahora esa propuesta pasa para la aprobación de la JSF, que tiene hasta el 25 de junio para informar a la Asamblea Legislativa de alguna notificación de violación. El ente fiscal también podría rechazar dicho plan de ingresos y gastos y, en cambio, aprobar su propia versión del presupuesto, como ha ocurrido en los pasados cinco años.

Mira el presupuesto aprobado aquí.