El entramado de faltas e incertidumbre, discutido en el comienzo oficial de evaluación legislativa del presupuesto, vaticina que se requerirán enmiendas sustanciales.

El gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia está a la espera que el tribunal federal le confirme cuánto dinero deberá ser destinado al pago de la deuda para entonces considerarlo en el presupuesto, según el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz.

Es decir, el presupuesto presentado ayer por el Gobernador no sienta las bases para que el año próximo se comience a pagar la deuda pública, a toda vez que cuenta con dinero federal que no ha sido aprobado ni asignado —por concepto de Medicaid—, desconoce cómo va a mitigar el recorte a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios y tampoco sabe cómo pagará la nómina de los empleados públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no sean contratados por LUMA Energy.

El entramado de faltas e incertidumbre, discutido en el comienzo oficial de evaluación legislativa del presupuesto, vaticina que la versión a presentarse ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 18 de junio será una que, posteriormente, requerirá enmiendas sustanciales.

No obstante, el ente financiero tiene la potestad de aprobar e imponer el presupuesto que estime necesario sin mediar intervención de las ramas Ejecutivas y Legislativas, como lo ha hecho por los pasados cuatro años.

“El presupuesto actual no contempla el pago de la deuda. Una vez se confirme el Plan de Ajuste y sea efectivo y se emita la deuda, [entonces lo incluimos]”, confirmó Marrero Díaz durante la vista conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes y el Senado.

Marrero Díaz depuso junto al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia.

El Director Ejecutivo de AAFAF estimó que el pago promedio de la deuda podría ser $1,115 millones o unos $2,700 millones anuales, pero esos números van a cambiar, basado en el Plan de Ajuste que apruebe la jueza Laura Taylor Swain, que lidera el proceso similar a la quiebra para Puerto Rico.

“Aquí no hay de dónde pagar un millón de pesos. Cuando se haga el pago, hay que reconfigurar completamente el presupuesto para saber de dónde se va a pagar y cómo, porque no hay cómo se cuadre”, argumentó, por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El Presidente de la Cámara añadió que, debido al calendario de trabajo del Congreso de los Estados Unidos, los $2,800 millones que Pierluisi Urrutia espera en fondos Medicaid no llegarían hasta septiembre, por lo que no estarían disponibles para el 30 de junio, fecha final para la aprobación del presupuesto local. Tampoco se tiene certeza que esa será la suma final, pero según Parés Alicea, es una cifra “altamente conservadora” que se basa en el comportamiento histórico del gobierno federal en cuanto a este tipo de asignaciones y desembolsos.

“Responsablemente, nosotros no vamos a poder considerarlo”, planteó Hernández Montañez.

El presupuesto de Pierluisi Urrutia de $10,345 millones representa un aumento de $223 millones a la versión presentada por la JSF, de $10,112 millones. Empero, la Asamblea Legislativa trabaja sobre la resolución presentada por el ente financiero porque el Ejecutivo todavía no ha presentado su versión de manera escrita y formal.

En su mensaje, el Gobernador aseguró que no permitirá más recortes a la UPR y mantendrá su asignación de $560 millones, además de otorgarle $132 millones a los municipios para proveer servicios y $550,000 para la Federación y Asociación de Alcaldes en apoyo a la gesta municipal y la descentralización. Sin embargo, las entidades que controlan el fisco no pudieron explicar de dónde saldría ese dinero.

“El presupuesto que aprobemos tiene que visualizar que tarde o temprano vamos a pagar deuda. Tengo unos años más adelante que el cuadro no va a ser mejor. Es la única manera de lograr un presupuesto viable. Tenemos que pensar más allá de 2021-2022, porque 2022-2023 tenemos que pagar deuda, 2023-2024 tenemos que pagar deuda”, declaró, por su parte, Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara.

En cuanto a LUMA Energy, la empresa se encargará del sistema de transmisión y distribución de la AEE y contratará a empleados de la corporación pública. Sin embargo, los trabajadores que no logren una plaza con el ente privado serán reubicados en las agencias públicas de Puerto Rico. Sin embargo, el presupuesto presentado por el Gobernador no explica de qué partida se subvencionará esa nómina.

El senador Juan Zaragoza Gómez abundó que la base de esos fondos tiene que ser recurrente.

“Pónle que sean 2,000 empleados a 70,000 pesos cada uno, eso no es cáscara de coco. Pónle 50 empleados aquí, 80 allá. Esto es de los grandes misterios de este presupuesto”, comentó Zaragoza Gómez, quien además señaló que las agencias descansan en gran parte en contratistas en lugar de empleados, lo que representa mayor erogación de fondos.

Durante la vista, los ejecutivos de AAFAF, Hacienda y OGP presentaron una ponencia conjunta, en la cual resumieron las proyecciones y los ingresos actuales al fisco y recalcaron que la JSF tiene la potestad de aprobar su propio presupuesto.

Según AAFAF, se ha reestructurado alrededor de 23,000 millones de la deuda total de Puerto Rico, lo que representa una reducción promedio de 30%. De manera individual, también se han reestructurado las deudas del Banco Gubernamental de Fomento, COFINA, Autoridad de Puertos y una modificación de la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Todavía resta la reestructuración de la deuda del gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos, el Sistema de Retiro, las obligaciones generales, la Autoridad del Distrito de Convenciones, la Autoridad de Carreteras y la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura.