OGP no sabe cuántos puestos hay disponibles para exempleados de AEE ni de dónde se pagaría su transferencia al gobierno central.

Ni el área de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) del gobierno pudieron dar detalles de la transferencia de empleados de la AEE al gobierno central después del 1 de junio, cuando la empresa LUMA Energy asuma el control del sistema de transmisión y distribución y otras áreas de la AEE como parte del esfuerzo privatizador dispuesto en la Ley 120 de 2018.

Lo que está claro es que el empleado de la AEE que decida pasar a trabajar con LUMA, deja atrás todas sus condiciones como empleado público y entra a trabajar a una entidad privada bajo el esquema laboral del sector privado. Su único vínculo sería que puede seguir haciendo aportaciones al plan de retiro de la AEE, pero tampoco quedó claro si la AEE continuará haciendo la aportación patronal correspondiente. En el caso de los que se van a otras agencias públicas, no hay certeza de que la agencia en la que caigan haga las mismas aportaciones de retiro que le hacía la AEE.

También quedó establecido que cuando se dice que los empleados de la AEE tienen la opción de moverse al gobierno central se debe tener en cuenta que no hay vacantes formales en el gobierno central porque, como medida de austeridad, todas las posiciones que quedan vacantes se "congelan", lo que significa que, aunque existen en papeles, no se les asigna presupuesto. Habría que pedir y autorizar ese presupuesto para descongelar la posición.

La AEE tiene 5,500 empleados de los cuales unos 4,500 se afectan con la entrada de LUMA Energy.

El cuadro de falta de detalles, a menos de tres meses de que la empresa entre a gerenciar las áreas de la AEE, quedó evidenciado en una vista de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía que preside el representante Luis Raúl Torres, y que el domingo próximo espera hacerle preguntas a Wayne Stensby, presidente de LUMA.

Marc F. Thys Torres, director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales de la AEE, sometió una ponencia de solo dos páginas sin datos precisos y cuyo contenido, según el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, es casi un calco de la ponencia que había sometido el director ejecutivo de la corporación pública, Efran Paredes.

"[A]quellos empleados de la Autoridad que no sean reclutados por el operador del sistema de transmisión y distribución (LUMA Energy), que no opten por acogerse al retiro, y que no puedan transferirse a otras plazas dentro de la estructura de la Autoridad que subsista, luego de completarse la transición con el operador, serán referidos a la OATRH (Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos), dicha entidad gubernamental tendrá la responsabilidad, en virtud de ley y en conformidad con el procedimiento de movilidad, de transferirlos a otra entidad gubernamental", indica la ponencia sin abordar lo que planteó la directora de la OATRH, Zahira Maldonado Molina, de que no tenía ninguna información de parte de la AEE que le permitiera tomar pasos para atender esa responsabilidad que le impone la ley.

Durante un interrogatorio en el que Torres le permitió dar contestaciones completas muy pocas veces, Thys Torres reconoció que los empleados de la AEE que pasen al gobierno central pierden beneficios porque se tendrían que someter a la uniformidad de licencias que aplica a todos los empleados del gobierno central y que son, generalmente, más reducidas que las que disfrutan ahora en la AEE. De la misma manera, pierden el plan médico de la AEE, que es probablemente el más generoso del sector público (sobre $700 mensuales de valor en la AEE versus una aportación de solo $125 en el gobierno central). Se pierden también la antiguedad y la certeza de salario ya que Luma podría poner otras condiciones y en las agencias públicas los salarios no son equivalentes a los de la AEE.

"El que va a LUMA, renunció a la Autoridad... el que pase a LUMA pasa al estado de derecho de una empresa privada", dijo el funcionario quien tiene nombramiento de fiscal en el Departamento de Justicia, pero ocupa su puesto en la AEE bajo una licencia sin sueldo y que llegó a tantear trabajar con LUMA pero "no llegó a primera base" porque se "exponía a unos planteamientos" por responsabilidades laborales con la Autoridad.

El único número que ofreció es que "menos de 80" empleados de la AEE le han dicho hasta ahora que desean moverse a otra agencia de gobierno y no pudo contestar qué pasa con los empleados que, al 1 de junio, ni se hayan movido a LUMA ni a otra agencia de gobierno. Comentó que hay empleados que se le han acercado para hacerle preguntas pero no quieren usar las vías de comunicación públicas porque temen a posibles represalias de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), quienes combaten el contrato con LUMA y la privatización en la corporación.

Vea: LUMA, lo que ha revelado hasta ahora la investigación cameral sobre un contrato que pocos estudiaron

A esto le siguió el testimonio del director de OGP, Juan C. Blanco, quien dijo en su ponencia que el tema del contrato no es de su competencia. "Reconocemos que el contrato garantiza que los empleados de transmisión y distribución que no sean contratados por LUMA serán transferidos al gobierno central y se les honrará su compensación, derechos adquiridos y beneficios marginales... En la medida que se adelante el proceso de contratación estaremos en una mejor posición de evaluar el impacto presupuestario en el gobierno central", expuso en el escrito.

"De alguna manera vamos a tener que estructurar esto", se limitó a decir a preguntas de qué pasa el 2 de junio con los empleados de la AEE que vayan al gobierno central y al reconocer que el grupo que se supone atienda ese esfuerzo no se ha reunido todavía.

Blanco explicó que realmente no hay puestos vacantes porque están congelados y que no sabe cuántos puestos congelados hay. "Eso es algo que OGP hace continuamente y es por sistema, se supone que lo sepan", le increpó Torres, a lo cual el funcionario contestó que "no es tan fácil" y que, para ilustrar, le puede decir que en OGP hay más puestos congelados que los que están ocupados.

El Director de OGP no supo decir de dónde saldría el presupuesto para "descongelar" las plazas.

"¿Qué voy a preguntar? Es que nadie sabe", exclamó frustrado Márquez Lebrón.

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