Designado tiene muchos planes para la agencia, pero ningún fondo identificado para implementarlos.

La Comisión de Nombramientos del Senado realizó la vista de confirmación al segundo designado que evalúan públicamente, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, con un interrogatorio concentrado en las promesas del candidato sobre cómo ejecutará y no con análisis de su trayectoria y por qué sería idóneo para el cargo.

La excepción más notable fue el turno de preguntas de la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien confrontó al designado con la facultad más importante que tiene su cargo, la discreción sobre cuáles procesamientos criminales llevar a cabo y cuáles no.

Tanto a nivel local como federal, el presentar un caso criminal en contra de un ciudadano está dentro de la discreción del jefe del Departamento de Justicia, quien balancea política pública y disponibilidad de recursos para decidir qué casos presentar porque nada le obliga a realizar un procesamiento en específico. La ley orgánica del Departamento de Justicia recoge el concepto indicando que "[e]l Secretario y los funcionarios y empleados en quienes delegue, llevarán a cabo las investigaciones que sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le concede esta Ley".

A la pregunta específica de la senadora sobre si él es quien puede decidir si el Departamento de Justicia sigue con un procesamiento criminal, Emanuelli Hernández dijo "no, yo tengo la facultad, pero yo tengo un deber con los fiscales de dar la discreción y la libertad de criterio para que ellos la ejerzan y, mientras yo no vea una desviación, yo jamás ni nunca (intervendría)".

El contexto de la pregunta fue el caso que lleva cuatro años y que, según el secretario, regresa a juicio la semana que viene, contra un grupo de estudiantes que irrumpió como protesta en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 2017. La senadora recalcó que la propia institución universitaria no ha tomado medidas disciplinarias, pero los fiscales siguen a pesar del cuestionamiento de que recurrieron a monitoreo electrónico para decidir presentar denuncias contra solo los cinco líderes, de un total de 70 que participaron de la manifestación.

"Yo no soy quién para adjudicar los casos", subrayó Emanuelli Hernández al contestar que el caso tiene argumentos sustantivos pendientes de adjudicación en el tribunal y que no le parece que sea un desperdicio de recursos del departamento. A otras preguntas de la senadora, dijo que "jamás toleraría eso", en referencia al monitoreo cibernético que, precisamente, es la base del procesamiento contra los estudiantes.

En la vista, el secretario designado anunció su decisión de cerrar la investigación de 16 casos de posible fraude al programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) que involucraban ocho estudiantes de escuelas privadas y ocho de escuelas públicas por entender que no había prueba suficiente. Mencionó que esa había sido la conclusión de los fiscales.

Este anuncio no fue objeto de preguntas a fondo y ni se mencionó otra decisión notoria que Emanuelli Hernández tomó en sus poco más de dos meses en el cargo, la de destituir fulminantemente por asuntos de confianza a la persona que había designado como subsecretaria de la agencia, la fiscal Phoebe Isales Forsythe.

No mereció cuestionamiento tampoco la ponencia escrita que sometió el exsecretario de Salud, Enrique Vázquez Quintana, en la que criticó la designación por varios elementos. Primero, porque imputó a Emanuelli Hernández un intento de intimidación y extorsión cuando le ofreció, como abogado privado, terminar un pleito de impericia médica que le había presentado en representación de un paciente a cambio de que el doctor no lo demandara como ya había hecho contra otra abogada en otro pleito de impericia. Vázquez Quintana también lo señaló por su falta de explicación de la destitución de Isales Forsythe y la de la licenciada Rita Rodríguez Falciani como Directora de la Unidad Antifraude al Medicaid del Departamento, la cual calificó como resultado de "presiones políticas". El designado tampoco contestó una solicitud de investigación que el doctor le sometió, según su ponencia.

Hubo otras dos ponencias, una del Colegio de Abogados y Abogadas felicitando a Emanuelli Hernández por su designación y resaltando su historial de labor voluntaria en la entidad que intentó presidir sin éxito en 2000, y otra de la Asociación para el Mejoramiento de las Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), que buscó obtener garantías de que el designado cumplirá con la política pública de la Carta de Derechos a favor de los Adultos Mayores de la Ley 121 de 2019.

Al final de la vista, Emanuelli Hernández sometió su plan de trabajo para el corto, mediano y largo plazo en el Departamento, cuyo detalle no se discutió en las preguntas y que contiene metas con sus respectivas necesidades presupuestarias, aunque ninguna de las partidas necesarias para llevarlas a cabo tiene fondos identificados. Esto, a excepción de la reconceptualización del Albergue de Víctimas y Testigos, que depende de una solicitud de unos $4 millones a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) porque sufrió daños en el huracán y que debe producir dos proyectos nuevos, un albergue solo para testigos y la habilitación de varios espacios alrededor de la isla para las víctimas, de forma que ya no estén mezcladas víctimas y testigos en un solo lugar.

En varias ocasiones de la vista, los senadores permitieron que el designado no explicara su criterio sobre algún asunto reclamando que no podía hacerlo porque luego podría tener que decidir algo relacionado en su función de secretario. Esto es una contestación muletilla a la que usualmente recurren los candidatos a jueces porque alguna parte puede pedir su inhibición debido a prejuicio, pero no resultó claro en de qué forma decir su opinión sobre algo impediría que el secretario luego tome decisiones formales sobre ese tema, o quién, si alguien, lo impugnaría por eso. En otras instancias, Emanuelli Hernández recurrió a no contestar amparándose en que serían decisiones de política pública que le toca tomar a los legisladores, a pesar de que una de las funciones que tiene en ley es expresarse formalmente, precisamente, sobre proyectos de ley que afectan sus deberes.

Entre las posturas que ofreció, están que necesita, "mínimo", 50 fiscales adicionales; que el procesamiento criminal de menores debe tener la rehabilitación como objetivo; que prefiere que el procesamiento de funcionarios de alto nivel se mantenga fuera del departamento, sea bajo la estructura actual de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente o cualquiera otra similar que se formule; que la División de Derechos Civiles "no está funcionando como funcionaba antes", mientras que la Oficina de Asuntos Monopolísticos es "de las mejorcitas que está trabajando"; que mantendría al fiscal Pedro Berríos Lamas asignado a la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela en 1979 e incluso le podría añadir otro fiscal por el interés público que hay sobre el caso; y que "en mi carácter personal, yo no le vería problema a eso si fuera legislación basada en la ciencia", en referencia a la despenalización de la marihuana.

El abogado, de 68 años y con 44 en la profesión, dijo que su legado para el departamento sería restaurar la confianza en esa institución y que "cuando yo salga de allí, pueda salir con la cabeza en alto".

Para ver el plan de trabajo de Emanuelli Hernández, pulse aquí.

Para ver la ponencia del Colegio de Abogados sobre su designación, pulse aquí.

Para ver la ponencia de AARP sobre su designación, pulse aquí.

Para ver la ponencia del Dr. Vázquez Quintana sobre su designación, pulse aquí.