Tras casi 12 horas de evasivas, engaños y de jurar y perjurar que nadie sabe nada, y que nadie conoce a nadie, el testimonio más contundente se ofreció fuera de la Cámara de Representantes y por una testigo que no estaba citada, pero que era la más impugnada.

"Hoy (en la Cámara de Representantes) se llevan mis cuatro funcionarios más importantes en la administración del Gobierno de Puerto Rico en beneficio del Pueblo… Que el Pueblo juzgue, que el Pueblo juzgue qué es lo que está pasando”, dijo ayer la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre las vistas públicas de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, a la que estuvieron citados su ayudante especial, Marisol Blasco Montaña; la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez,; el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle,; y la exjefa de personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera.

Fue una selección de palabras muy curiosa por parte de la primera mandataria porque, precisamente, tres de los citados habían pasado el día distanciándose lo más posible uno del otro, y todos de Cabeza Rivera; una funcionaria con relación personal con el cabildero Elías Sánchez Sifonte y su esposa, Valerie Rodríguez Erazo.

La ex secretaria de Salud interina, Concepción Quiñones de Longo, sacó a Cabeza Rivera de Salud porque no estaba de acuerdo con sus movidas y por la estructura de poder paralela que corría en ese Departamento, al punto de que Quiñones de Longo encontró necesario poner por escrito que nadie en la agencia estaba autorizado a “proveer(le) información alguna” sobre el Departamento a la hasta ese momento "Chief of Staff" de la agencia.

El puesto de Cabeza Rivera en Salud no existe en la estructura de la agencia y fue una construcción del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado que tuvo como resultado trasladar poder de la subsecretaria de la agencia a Cabeza Rivera.

Ese destierro del Departamento de Salud hizo que Cabeza Rivera estallara en llanto y llamara a Sánchez Pérez, quien le aseguró que le buscarían acomodo en otro lugar, lo cual sucedió.

Aunque en principio Pabón Batlle y la propia Sánchez Pérez ofrecieron la versión de que a Cabeza Rivera se le había retenido en Fortaleza porque lució “muy bien” en una reunión, la propia Sánchez Pérez admitió que fue directamente la gobernadora la que, en una reunión de los principales componentes de la respuesta del Gobierno de Puerto Rico a la pandemia del COVID-19, dijo que Cabeza Rivera daría seguimiento a la agenda del exsecretario de Salud, Rodríguez Mercado.

El testimonio de Cabeza Rivera, a quien se le ubica con movidas de personal cuestionables en Salud, y con intervenciones en contra y a favor de contratistas particulares, quedó pautado para hoy, principalmente porque ayer la Comisión de Salud pasó casi todo el día con Pabón Batlle dándole vueltas a un punto que el testigo parecía más que dispuesto a establecer: él como secretario de la Gobernación y Sánchez Pérez como subsecretaria de la Gobernación tienen esencialmente los mismos poderes en la Administración Vázquez Garced y corren por líneas paralelas que pocas veces se cruzan.

“Correcto”, dijo Pabón Batlle cuando se le planteó que, aunque la palabra “sub” implica estar “debajo de”, realmente él y Sánchez Pérez trabajan lado a lado.

El también consultor organizacional incluso asumió la postura de que él no tiene que tener conocimiento de lo que se tiene o se debe consultar con el secretario de la Gobernación porque la consulta pudo haber sido a la “Secretaría”, queriendo decir la oficina, y él no enterarse porque lo haya manejado la subsecretaria.

Resalta que, a pesar de la celeridad con la que se manejó el contrato fallido para proveer un millón de pruebas de detección de COVID-19 y otras compras por el estilo, ninguno de los dos afirmó haber manejado un proceso de compra bajo las disposiciones de proceso de emergencia por la pandemia.

Dos funcionarios, con los mismos poderes y facultades, que no se reportan uno al otro sino que ambos responden a la gobernadora y ambos representan su autoridad ante el público externo. Se trata de una deformación monstruosa del concepto de “Chief of Staff” o “secretario de la Gobernación”, una figura que no está en el ordenamiento constitucional formal y que sirve a la entera confianza del gobernador o gobernadora sin pasar por la Legislatura.

La transformación del cargo comenzó cuando el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares trajo al exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, y al exlegislador, Ricardo Llerandi, a que fueran, respectivamente, secretario y subsecretario de la Gobernación. Fue necesario pasarle a Llerandi las facultades regulares del secretario de la Gobernación para aprobación de contratación y manejo de personal porque Maldonado enfrentó conflictos de interés con personas como su hijo Raúl (Rauli) Maldonado Nieves, que tenía contratos con el gobierno.

Cuando Vázquez Garced sucedió en el cargo a Rosselló Nevares por la renuncia de éste, no rompió con ese esquema sino que lo consolidó haciendo que la subsecretaria, en vez de manejar algunas cosas por excepción, tuviera todas las facultades del secretario. Un modelo de estructura paralela que ha marcado el manejo del gobierno y las agencias en este cuatrienio por los conflictos de poder en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y por la puja de cabilderos como Sánchez Sifonte.

Y, al igual que Llerandi fue grabado presionando a jefes de agencia a recaudar donativos políticos mediante contratistas y empleados de confianza, Sánchez Pérez es la persona de confianza político partidista también para Vázquez Garced, acompañándola a reuniones con donantes, incluyendo reuniones con su exsuegro, Carlos Colón Medina, quien es contratista del gobierno.

Por no dejar de acompañarla, Sánchez Pérez hasta acudió a la vista de causa para arresto en diciembre de 2018 cuando, siendo secretaria de Justicia, Vázquez Garced enfrentó cargos criminales que no prosperaron.

De hecho, una tarea que Sánchez Pérez no declaró ayer al divulgar su resumé fue que fungió como tesorera del PNP bajo la presidencia del excomisionado residente, Pedro Pierluisi, entre 2013 y 2016; un periodo que resultó con varios señalamientos y multas en una auditoría de la Oficina del Contralor Electoral.

El ingeniero Jorge Dávila, actual director de campaña de Vázquez Garced, era el supervisor de Sánchez Pérez en ese entonces, como director ejecutivo del PNP, lo cual coloca a ambos en una posición curiosa ahora ya que Pierluisi es el rival primarista de Vázquez Garced y la ferocidad del tribalismo entre ambos ha contribuido a la desestabilización de la administración pública en los últimos seis meses.

Sánchez Pérez, cuyos $10,000 mensuales de salario son menores que los de Pabón Batlle, fue de las testigos que más participó en las vistas ayer, reclamando tiempo aún cuando ya no quedaban más legisladores que el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales.

Según fuentes de NotiCel, la funcionaria ocupó la mayor parte de su comparecencia "engañando y llenando el récord de medias verdades en cosas pequeñas y no tan pequeñas".

Por ejemplo, reclamó que no había visitado la oficina designada para la subsecretaria por una filtración cuando la realidad es que no pisaba la oficina porque iba directo al despacho de la Gobernadora a trabajar con ella mano a mano.

De la misma manera, repetidamente negó que “evaluara” contratos como parte de sus funciones o que interviniera con jefes de agencia, para entonces admitir que sí, que incluso había reducido el monto de contratos porque, al evaluarlos, se percataba que la compensación pactada no correspondía con el tiempo de vigencia.

Además, inicialmente hubo una reiteración de que no intercede en “destaques” de personal, para acabar admitiendo que manejó el destaque de Cabeza Rivera con Pabón Batlle. Y sobre Pabón Batlle, la subsecretaria llegó diciendo que todo lo hacía en coordinación con quien sería su jefe cuando su jefe había establecido que muchas veces ni se enteraba de lo que hacía su subalterna porque corren paralelos.

Por su parte, Blasco Montaña admitió que, como había publicado este diario digital, mantiene relaciones con Sánchez Sifonte y su familia. La funcionaria, con sueldo total de $9,000 mensuales y sin un título universitario, negó haber llamado a Quiñones de Longo para presionarla con que tenía “20 minutos” para firmar una orden de compra que la entonces secretaria interina de Salud entendía que debía ponderar con más calma. Blasco Montaña solo ofreció su palabra para sustentar su versión, frente al testimonio de la propia Quiñones de Longo y al menos tres testigos adicionales.

Los “cuatro funcionarios más importantes en la administración del Gobierno de Puerto Rico”, según Vázquez Garced, estaban citados a la Cámara para responder por las alegaciones de Quiñones de Longo y por la compra fallida de un millón de pruebas rápidas de detección de anticuerpos de COVID-19 a Apex General Contractors, una empresa de construcción sin experiencia en el manejo de suplidos médicos que, sin embargo, tenía de representante a un activista del PNP que había sido jefe de agencia en la propia Administración Rosselló Nevares, Juan Maldonado de Jesús.

La vista sigue hoy a las 10:00 a.m. con el testimonio de Cabeza Rivera.

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