Anaís Rodríguez Vega encaró varias solicitudes que dieron cuenta del escenario ambiental en la Isla, admitió “limitaciones presupuestarias” y dijo que críticas a la agencia son “injustas e incorrectas”.

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, afrontó una avalancha de peticiones de distintos senadores durante la vista pública de la Comisión de Nombramientos del Senado, que evalúa su designación al cargo.

Las numerosas solicitudes tienen relación con diferentes casos ambientales -algunos de relevancia nacional y otros a nivel municipal- en los que tiene injerencia la agencia, que según Rodríguez Vega debe funcionar con la reducción a la mitad del presupuesto y, también, con la mitad del personal.

La larga lista de requerimientos -señal de la situación ambiental en la Isla- tuvo las respuestas en ocasiones por parte de la funcionaria, quien en diciembre de 2021 asumió como subsecretaria del DRNA, tras la renuncia del secretario Rafael Machargo en abril de 2022, y luego estuvo de secretaria interina hasta que el 14 de agosto pasado fue designada al cargo de secretaria en propiedad.

Así, desfilaron consultas y peticiones de atención sobre casos ambientales en Salinas (Bahía de Jobos), Rincón (condominio Sol y Playa), Camuy (Las Cuevas), Aguadilla, Peñuelas y otras que tenían relación con parques, acuíferos, instalaciones, el Cuerpo de Vigilantes y otros.

Sobre los desafíos que le esperan, comentó que “no pretendo ocultar los grandes retos que enfrenta la agencia, algunos tienen una génesis histórica y otros causados como consecuencia de múltiples y continuos desastres atmosféricos que han azotado la Isla. Y otros, por una crisis producida por la quiebra del gobierno”.

Además, resaltó que “hace ya algunos años, mediante legislación aprobada por la legislatura, el DRNA incorporó tres nuevas agencias: el programa de Parques Nacionales, cuyas limitaciones presupuestarias son históricas; la JCA (Junta de Calidad Ambiental), una agencia altamente técnica, y la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS)”.

También admitió que “asumí la responsabilidad muy consciente de las limitaciones presupuestaria”, al tiempo que aseguró que en la agencia “hemos podido avanzar en la lucha para conservar y proteger los recursos naturales y ambientales”.

En cuanto al presupuesto recordó que es de $242, 631,000 ($103,967,000 del fondo general, $95,916,000 de fondos federales y $42,748,000 de fondos de ingresos especiales).

Para la secretaria, el DRNA se ha transformado “en una maquinaria administrativa y programática de mucha complejidad debido a sus nuevas responsabilidades, facultades y misiones reguladoras”.

Uno de los “retos” dijo que era la escasez de los vigilantes “por los últimos 20 años, lo que a su vez pudo crear un falso sentido de impunidad por aquellos violadores de leyes y reglamentos ambientales.

“Hay 2 millones de dólares para establecer la primera academia de vigilantes en 20 años”, dijo la funcionaria, para reforzar una plantilla de 354 vigilantes (antes había el doble)”, una cifra que ha obligado a la agencia a ser “más estratégica a la hora de relocalizar y reasignar los limitados recursos”:

Respecto de las críticas a la agencia, “porque no tomamos acción sobre ciertos asuntos públicos en controversia por una falsa percepción de que otorgamos permisos de construcción en áreas indebidas, la realidad es que muchas veces las críticas son injustas, incorrectas, y en otras ocasiones ni tenemos jurisdicción, porque tenemos que recordar que el DRNA no otorga permisos de construcción”.

Rodríguez Vega opinó que “a ninguna persona” le gusta ver violaciones ambientales, “sea en la bahía de Jobos o en Rincón, pero muy poco podemos hacer hasta el final de los procesos. Ese es nuestro estado de derecho y de ninguna manera nos vamos a dedicar ahora a la violación constitucional de los derechos civiles”.