La medida dispone un nuevo enfoque dirigido a la intervención temprana y preservación de la familia por parte del Departamento de la Familia.

La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz, expresó hoy apoyo al proyecto que busca establecer la nueva “Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar”, pero insistió en que necesita recursos adicionales para su total implantación, de ser aprobado.

“Este proyecto busca atemperar las prácticas administrativas y judiciales de nuestro Gobierno en todo proceso de protección a menores con adelantos recientes en las ciencias del desarrollo humano. Las investigaciones indican que un entorno familiar estable y seguro es importante para la salud y el bienestar de los menores”, enfatizó la secretaria González Magaz en una vista pública senatorial.

Asimismo, resaltó que “a través de este proyecto se busca transformar nuestro sistema de bienestar y protección de menores hacia uno informado en trauma… el presente proyecto también aumenta la gama de candidatos que pueden ser considerados como 'recurso familiar' para propósito de la ubicación de un menor en cuidado sustituto”.

A preguntas de la senadora Rosamar Trujillo Plumey de si el Departamento está capacitado, listo y hábil para implementar la política pública del "Family First", la secretaria de la Familia dijo que “el Departamento de la Familia y otras agencias del Gobierno de Puerto Rico han estado preparándose desde enero de 2019 para implementar los cambios traídos por ‘Family First’ y así lograr cumplimiento con lo allí dispuesto”.

Sin embargo, destacó que se necesita reclutar “personal para proveer recursos adicionales”.

El PS537 pretende derogar la Ley 246-2011, supra, y establecer un nuevo estatuto para atemperar el actual estado normativo a las disposiciones del "Family First Prevention Services Act". Asimismo, dispone un enfoque dirigido a la intervención temprana y preservación de la familia por parte del Departamento de la Familia.

Por otra parte, la senadora Keren Riquelme preguntó cuánto dinero se estaría perdiendo de no aprobarse esta legislación, a lo que representantes de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) respondieron que se estarían perdiendo de $300 a $400 millones anuales perjudicando así los servicios que ofrece la agencia.

Mientras, la OAT en ponencia escrita expresó que “el nuevo enfoque de la legislación cuya adopción se pretende no debe perder de perspectiva que el fin primordial siempre debe ser la protección del menor dentro del entorno familiar mientras se trabajan servicios, si con ello se garantiza la salud, seguridad y bienestar del menor. Para atemperar nuestro estado de Derecho al contexto de la legislación federal, es necesario evaluar lo relativo a la cantidad, disponibilidad y efectividad de los servicios preventivos provistos a las familias. Asimismo, deben dirigirse los esfuerzos a aumentar los servicios de prevención y de apoyo a las instituciones familiares, así como establecer acuerdos interagenciales de servicios integrados que estén disponibles tanto a los menores de edad como a sus progenitores o personas que ostenten su custodia”.

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez que preside la senadora Rosamar Trujillo junto a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que preside la representante Lisie Burgos, realizaron hoy la vista pública conjunta.

“La presente administración estima necesario implementar un cambio total en el andamiaje legal existente en asuntos de maltrato y cuidado sustituto contemplado en la Ley Núm. 246 de 2011, la cual respondió a necesidades y reclamos de ese entonces. Sin embargo, su enfoque en la protección del menor y la remoción de éste de su hogar en primera instancia, por encima del fortalecimiento y preservación de la familia donde sea posible y sin menoscabo a su la salud, seguridad, y mejor bienestar, no es afín con las tendencias del presente y anteriormente enunciadas, ni con los avances en las ciencias que estudian el desarrollo humano. Además, dicha Ley no se encuentra alineada con los requisitos mínimos ahora exigidos por el Gobierno federal para desembolsar fondos para la operación de programas de esta índole”, reza la medida en su exposición de motivos.