En reacción a noticia que diera a conocer NotiCel sobre la orden del Departamento de Justicia Federal para su cierre

El representante Yazzer Morales Díaz exigió a la Cámara de Representantes que apruebe la Resolución de la Cámara 318, la cual persigue investigar, de manera urgente, el proceso de cierre de vertederos, incluyendo el de Toa Alta, y las soluciones reales y viables que se están desarrollando para lidiar con los mismos.

NotiCel reveló hoy que el Departamento de Justicia federal pidió una orden judicial para cerrar el vertedero de Toa Alta y someter la propiedad a un plan de monitoreo mensual y mitigación de las amenazas ambientales y salubristas que representa para la comunidad.

El legislador, afiliado al Partido Nuevo Progresista, solicitó además la intervención del Senado ante lo que consideró falta de acción de la Cámara Baja.

“Es inverosímil que el gobierno municipal de Toa Alta se rehúse en cerrar el sistema de relleno sanitario (SRS)-vertedero-aun cuando existe una orden de la Agencia de Protección Ambiental, (EPA por sus siglas en inglés) y un pedido del Departamento de Justicia federal. Ahora, la Cámara de Representantes, que se ha pasado investigando cuanta cosa está relacionada con la administración del Partido Nuevo Progresista, rehúsa investigar este asunto porque el alcalde es del Partido Popular Democrático”, dijo el representante por el Distrito #9 de Toa Alta y Bayamón en declaraciones escritas.

“El Municipio no ha hecho nada y la Cámara no quiere investigar porque es un municipio popular. Esos son los hechos. Espero que el Senado actúe a favor de los toalteños e inicie una investigación urgente sobre este asunto”, agregó Morales Díaz.

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, “la mayoría, si no la totalidad, de estas facilidades de sistemas de rellenos sanitarios localizados en el área norte de la Isla son los que tendrán que cerrar. Esto representa un reto mayor por la logística para disponer de los desperdicios y el proceso de transportación de estos, hacia facilidades en el área sur y este de Puerto Rico, lo que conlleva un aumento significativo en los costos de disposición y complicaría el tráfico y mantenimiento de las vías públicas”.

La resolución tiene como coautores al portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara Baja, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, así como a los representantes Víctor Parés Otero y Morales Díaz.

La medida le concede unos 180 días, luego de su aprobación, a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara para realizar la investigación y rendir un informe detallado de los hallazgos y recomendaciones.

El método más común para la disposición de los desperdicios sólidos en Puerto Rico es la disposición en los vertederos. Lamentablemente, conforme ha trascendido públicamente, de los 29 vertederos, que existen en Puerto Rico, 11 se considera que cumplen con la reglamentación ambiental estatal y federal. De los restantes 18 SRS, que no están en cumplimiento ambiental, 11 tienen orden de cierre de la EPA y la Junta de Calidad Ambiental.