El profesor José Caraballo Cueto hizo un estudio analizando las leyes 20 y 22 en Puerto Rico.

Un paraíso fiscal es una jurisdicción que utiliza incentivos para atraer inversión, como pudo ser el caso de Puerto Rico con la Ley 22 del 2012 al otorgar una exención total de impuestos sobre ganancias de capital a inversionistas extranjeros que trasladen su residencia principal a Puerto Rico. Sin embargo, según el estudio del economista José Caraballo Cueto, sí hubo inversión financiera, pero no la suficiente para salir de la depresión económica.

“La economía de Puerto Rico se modernizó a través de incentivar económicamente a manufactureras extranjeras. Por eso, hay quien piensa que mientras más incentivos haya, mayor será el desarrollo económico. Sin embargo, no parece ser el caso: a pesar de aumentar los incentivos a empresas y personas en los últimos años, la economía continuó en su gran depresión”, planteó el economista en la Vista Pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.

Según el estudio que realizo para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Ley 22 generó 5 mil empleos durante el periodo del 2012 al 2016. No hay estadísticas de este año.

“Encuentro que el impacto económico es positivo, pero moderado. El empleo total fue 3% mayor de lo que hubiese ocurrido sino se aprueban estas leyes hasta agosto 2017. La actividad económica en general, en cambio, fue 2% mayor de su contra factual hasta agosto 2017. Es decir, estos incentivos no le restan actividad económica a Puerto Rico, pero tienen un potencial mayor que se puede aprovechar”, explicó el también profesor en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Cayey.

Sin embargo, Caraballo Cueto recomendó no eliminar la Ley 22, sino enmendarla para que se pueda maximizar.

“No abogo por la eliminación de esta ley, sino que se reforme para que su beneficio sea el máximo. Se debe exigir un mínimo de cinco empleos; exigir un mínimo de inversión de $2 millones en activos locales o en inversiones fuera de los bienes raíces para evitar burbujas inmobiliarias y hacerles una revisión criminal a todos los solicitantes y exigirle que vivan al menos nueve meses en Puerto Rico”, sugirió el economista.

El presidente de la comisión, el representante Luis Raúl Torres Cruz, precisamente se enfocará en investigar el hecho de que ninguna persona que se acoja a la Ley 22 tenga récord criminal.

“Una de las cosas que estoy investigando es que no hayan sido personas que hayan tenido algún procesamiento judicial o criminal, y no sabemos si eso se consideró al momento que se hicieron los decretos”, indicó Torres Cruz.

Por otro lado, durante la vista, el presidente de la Comisión expresó su descontento con el hecho de que la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) se ausentara de la vista tras ser citados.

“Me da pena que algunos gremios profesionales en nuestro país, cuando se le requiere comparecer para aportar en los procesos y evaluaciones legislativas no se hacen presente y no quieren participar”, manifestó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.