El proyecto, junto a otro que tiene como fin prohibir prácticas médicas para modificar el cambio de sexo en menores de edad, fue aprobado por vía de descargue y sin discusión en el pleno.

El proyecto que busca que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico, fue descargado y aprobado en la Cámara de Representantes y ahora se espera que llegue a manos de la gobernadora, Jenniffer González Colón, quien aseguró que lo va a firmar.

Durante su participación en el programa Jugando Pelota Dura, se le preguntó a la mandataria si avalaría el proyecto; a lo que respondió con un "eso es así".

El Proyecto del Senado 1, en síntesis, busca establecer la "Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico" enmendando el artículo cinco de la Ley 25 del 1983. Lo que implica esta enmienda es que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico.

Este proyecto de ley, fue descargado en el pleno, mientras se estaba celebrando una vista pública de la Comisión de Gobierno para evaluar el nombramiento de la licenciada Verónica Ferraiouli, como secretaria del Departamento de Estado.

“La mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) vuelve a demostrar que no respeta los procesos legislativos al bajar múltiples medidas por descargue, sin permitir discusión, vistas públicas ni debate en el hemiciclo. Bajaron medidas a toda prisa ante la percepción generalizada de que la administración de Jenniffer González no ha aprobado básicamente nada en beneficio del país. No han permitido una evaluación seria sobre la nominada secretaria de estado, ni sobre proyectos importantes como los relacionados a libertad religiosa. No vamos a quedarnos callados mientras la mayoría intenta pisotear el reglamento y actúan a espaldas del país", denunció el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer.

Este proyecto de ley, cobijaría a todo ciudadano, incluyendo empleados y funcionarios por el estado y estudiantes, padres, tutores o encargados en el sistema público de enseñanza, así como pacientes en cualquier institución médico-hospitalaria y para adultos mayores, público o privado.

La medida también incluye que se vele por la libertad y derechos de aquellos individuos en los procesos de vacunación por medio de creencias religiosas.

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Se evitaría, además, que las iglesias u organizaciones con base de fe sean discriminadas por motivo religioso en servicios gubernamentales, concesión de permisos, acceso a fondos, materiales, propuestas y otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas.

A los estudiantes del Departamento de Educación (DE) no se le podrá discriminar por motivos de brindar un punto de vista o expresión religiosa. Así también el estudiante puede expresar sus creencias religiosas en trabajos escolares, obras de arte y literarias, entre otras tareas.

Una de las nuevas enmiendas contenidas por el Senado, dispone que aquellos menores no podrán ser vacunados en medio de una epidemia sin el consentimiento de sus padres. Mientras la epidemia esté, el estudiante se mantendrá fuera de la escuela y la institución educativa deberá proveerle todo el material para evitar el rezago escolar.

"El estado no podrá imponer sanciones que incluyan multas o cárcel a ningún padre, madre o tutor legal a base de su libertad religiosa que decida no vacunar a sus hijos", reza la medida.

Otra nueva enmienda contenida en este proyecto de ley es que se requerirá que en el proceso de vacunación de todo estudiante a ser admitido o matriculado en una escuela se le deberá proveer el compuesto de cada una de las vacunas, los beneficios, los efectos secundarios y efectos adversos, para que el padre pueda decidir si el menor recibirá la vacuna.

Con la admisión de que esta medida puede traer situaciones conflictivas, el Proyecto del Senado 1 incluyó los acomodos razonables que el gobierno debe otorgar para que un empleado lleve a cabo sus prácticas religiosas o asista algún servicio religioso.

Las peticiones de acomodo razonable deben presentarse ante la división de Recursos Humanos.

La votación cerró con 36 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Aprueba medida legislativa que prohíbe que un menor cambie su sexo biológico

Otro descargue en la Cámara de Representantes, fue el Proyecto del Senado 350 que crea la "Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico" con el fin de prohibir prácticas médicas para modificar el cambio de sexo de los menores de edad.

El tema de la prohibición a procedimientos médicos suena aún más desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que prohíbe el tratamiento de transición de género y cirugías a menores de 19 años, lo que considera una "mutilación sexual".

El Proyecto del Senado 350, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve estipula que "los menores de edad, al no haber alcanzado aún la madurez emocional, cognitiva y física necesaria, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que puedan tener consecuencias irreversibles".

Es deber del Estado velar por su bienestar integral, protegiéndolos de decisiones que puedan afectar su salud a largo plazo, especialmente cuando esas decisiones involucran cambios irreversibles en su anatomía y biología. Reconociendo los riesgos físicos, emocionales y psicológicos asociados a dichos procedimientos, se prohíbe el uso de recursos públicos para financiar, promover, asistir o avalar intervenciones que alteren de manera permanente la biología de los menores bajo el pretexto de una transición de género", agrega la medida.

Por tanto, el proyecto de ley prohíbe las intervenciones médicas y las instituciones públicas o privadas que reciban financiamiento público no podrán destinar fondos a estos procedimientos.

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El Departamento de Educación (DE) y el Departamento de Salud, tendrán la encomienda de desarrollar programas de educación y sensibilización dirigidos a la comunidad, a los padres, tutores y profesionales de la salud sobre los riesgos asociados con las intervenciones médicas y quirúrgicas para la modificación del sexo en menores de edad.

Mientras, el Departamento de Justicia tendrá la potestad de investigar y sancionar aquellos que violen esta ley. La persona que viole la ley será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años.

Si el caso es con un profesional de la salud, también se le revocaría la licencia profesional y si la persona es una persona jurídica, será sancionada con una multa de $50,000 por violación y se le revocarían todas las licencias y permisos de operación.

La votación cerró con 38 votos a favor y 10 en contra.

Federación LGBTT+ exhorta a la gobernadora a que no firme los proyectos

El presiente de la Federación LGBTT+, el activista Pedro Julio Serrano, reaccionó en declaraciones escritas con desagrado a la aprobación de las medidas sin vistas públicas.

"Parece mentira que la Cámara —bajo descargue y sin vistas públicas— aprobara una medida que abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito", aseveró Serrano.

"Como si fuera poco, aprobaron el PS 350 que representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. Esto es cruel e inhumano", sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

"Exhortamos a la gobernadora Jenniffer González Colón a que no dé paso a estos proyectos que abren la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan. Vete estas medidas", concluyeron los portavoces.