La Junta de Supervisión Fiscal ha advertido sobre el efecto en el fisco de algunos de los proyectos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, firmó y envió a La Fortaleza una serie de medidas con evidente impacto fiscal y objetadas por la Junta de Supervisión Fiscal.

Hernández Montañez, en cambio, las describe como iniciativas legislativas dirigidas a proteger a los trabajadores, mejorar las condiciones de empleo de los servidores públicos y garantizar el pago de las pensiones.

El líder legislativo impartió su firma en el proyecto de la Cámara (PC) 2038, que crea la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno, sus Corporaciones Públicas y Municipios”.

Esta medida inicialmente beneficia directamente a unos 160,000 empleados públicos jubilados y pensionados. Además, a partir de su aprobación, beneficiará a aquellos nuevos jubilados y pensionados bajo diversas modalidades de retiro, tales como la “híbrida”.

“Desde el primer día, esta Cámara de Representantes ha sido una aliada incondicional de los pensionados en Puerto Rico, y así lo demostramos cuando aprobamos la Ley para un Retiro Digno y cuando legislamos el Plan de Ajuste de la Deuda sin ningún recorte a las pensiones. Con esta medida, continuamos nuestro legado por el bienestar de todos los retirados”, destacó Hernández Montañez.

El gobernador Pedro Pierluisi ha advertido que si la medida choca con el plan fiscal, no la firmará El proyecto aumenta las pensiones de los jubilados del Gobierno y otorga un incremento de hasta $300 en julio de este año.

Con la aprobación de este proyecto de ley, los ingresos del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal serán utilizados para cubrir un propuesto aumento, en un promedio de $300 mensuales, de las pensiones de 160,000 jubilados en Puerto Rico.

Este aumento, costaría $194 millones al fisco en el 2025 y otros $55.4 millones en el 2026 con el primer aumento fijo al COLA.

Esta medida no aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni a la Universidad de Puerto Rico (UPR). La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ya había mostrado su oposición a la medida.

Asimismo, Hernández Montañez firmó el PC-2071, que crea la “Ley de Ajuste Razonable al Retiro de los Bomberos”, fijando la pensión de estos trabajadores en al menos el 50% de su salario al retirarse.

El presidente cameral también firmó el proyecto del Senado (PS) 1460, que enmienda la como la “Ley de Extensión de Nombramientos a los Maestros con Estatus Transitorio Provisional en categorías de difícil reclutamiento y con Nombramientos Transitorios Elegibles en Cualquier Unidad Académica y los Asistentes de Servicios al Estudiante (T1) Adscritos a la Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a los fines de extender el periodo de implementación de este estatuto hasta el año fiscal 2026-2027.

Esta medida permitirá, además, que los docentes puedan obtener los requisitos en las certificaciones académicas en todas las áreas de difícil reclutamiento que son necesarias para los ofrecimientos académicos de los estudiantes. Hernández Montañez impartió su firma también en el Sustitutivo al PC-2116 y PS-492, que establece la “Ley Especial de Salario Base para el Cuerpo de Vigilantes”, a los fines de disponer que el salario base de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales comenzará a partir de los $2,600 mensuales.

Otras medidas firmadas por el presidente cameral son las resoluciones conjuntas de la Cámara (RCC) 602 y 634, que ordenan a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) a reclasificar los puestos de las Transcriptoras de Investigación Legal y los Supervisores de Servicios Sociales a las Familias y Comunidades, respectivamente, en el Plan de Clasificación de Puestos del Servicio de Carrera del Gobierno Central.

Hernández Montañez también firmó el PC-1540, que enmienda la “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la definición de empleado y atemperar el marco jurídico existente con la realidad de la implementación en el servicio público.

Igualmente, el líder legislativo firmó la resolución conjunta del Senado (RCS) 503, que asigna $20 millones en donativos legislativos a cientos de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico que realizan una labor titánica en beneficio de las comunidades y poblaciones que atienden.

“Este paquete de medidas legislativas ya salió para La Fortaleza y exhortamos al gobernador Pierluisi a que las firme, ya que son producto del diálogo y el consenso alcanzado con todos los sectores dentro y fuera de esta Asamblea Legislativa”, concluyó Hernández Montañez.