El espinoso tema fue, según analistas, decisivo en el resultado de la primaria y prometer tener el mismo impacto en la elección general.

La Cámara de Representantes publicaría a pocos meses de la elección general sido el resultado fiscal del que probablemente haya sido el tema más epinoso de todo el cuatrienio, las alianzas público privadas.

Aunque la decisión del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, abarca todas estas entidades, indudable enfoque estará en el desempeño de LUMA Energy. El desempeño de esta empresa a cargo del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica, según analistas, le costó la primaria al gobernador Pedro Pierluisi y ha lanzado a varios legisladores penepés a ahora enfilar sus cañones hacia la compañía.

El líder cameral dijo que el jueves, 15 de agosto el cuerpo legislativo se autoconvocará en una audiencia pública con el fin de investigar a fondo la situación financiera de las APP.

En un comunicado de prensa, Hernández Montañez no precisó el costo de este ejercicio. El presidente cameral está impedido de gastar más del 50% del presupuesto de la Cámara que entraría en vigor el 1 de julio al ser año electoral.

“Más allá del cumplimiento contractual, lo que vamos a hacer es una Auditoría Financiera-Forense que certifique que los números que brindó el contratando son los correctos, incluyendo la base de sus datos financieros”, expresó Hernández Montañez.

“Que no le quepa la menor duda a estas corporaciones de que investigaremos a fondo, y si en el proceso descubrimos que están usando dinero federal no reembolsable para su operación, para luego reclamar sus déficits al Gobierno o hicieron algún movimiento ilegal, tendrán que devolver hasta el último centavo de su propio pecunio”, advirtió el Presidente cameral.

Hernández Montañez indicó que, para esta investigación a las APP, contratarán personal externo con el peritaje para realizar las auditorías que se centrarán, sin limitarse, en los asuntos financieros y operacionales en el manejo y administración de los contratos de todas las alianzas público-privadas suscritos por el Gobierno.

“Vamos a identificar el origen y el impacto causado por todo acto delictivo o negligencia. Finalmente, los puertorriqueños, los que pagamos por sus servicios, podremos identificar a los responsables que se esconden detrás de la burocracia gubernamental o corporativa para que se tomen todas acciones legales aplicables y se acabe la impunidad”, advirtió Hernández Montañez.

“Desde la primera privatización, que fue la del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, ni la Autoridad de Puertos, ni las APP han realizado alguna auditoría financiera forense. Lo mismo ha ocurrido con otras como el COR3 y LUMA Energy. Esto denota una seria ineficiencia por parte del Gobierno para fiscalizar correctamente el uso de los fondos federales asignados, y pudiera implicar que estas corporaciones tengan que devolver los fondos o que estas asignaciones sean descontinuadas”, enfatizó Tatito Hernández.