En lo que se ha convertido en un patrón de todo el cuatrienio, la Junta objeta una medida porque no identifica fondos para financiarla. Esta vez el foco está sobre un proyecto para ampliar el crédito por trabajo a mayores de 60 años y otro sobre incentivos a jóvenes empresarios.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), nuevamente, ha advertido a la Legislatura -esta vez al Senado- que impulsar una medida que tenga impacto fiscal tiene que identificar también de dónde saldrá el dinero para pagarla.

Se trata de un señalamiento reiterado de la Junta desde que se creó y, a juzgar por las comunicaciones públicas entre el ente fiscal y la Asamblea Legislativa, el mensaje todavía no ha llegado.

Esta vez la advertencia de la JSF emana de la consulta que se les hiciera sobre el Proyecto del Senado 1365, del presidente senatorial José Luis Dalmau. La medida propone enmendar el Código de Rentas Internas para que cualifiquen para pago máximo correspondiente al Crédito por Trabajo independientemente de la cantidad de dependientes que tengan.

Otro proyecto, esta vez del senador William Villafañe, también es blanco de críticas de la JSF. Es el Proyecto del Senado 1317, que propone aumentar de 35 a 40 años la edad para cualificar para créditos contributivos de jóvenes empresarios al amparo del Código de Incentivos si la nueva empresa corresponda al ofrecimiento de servicios y práctica de la profesión médica. La medida tendría un impacto fiscal de entre $800,000 y $1.6 millones anuales.

Volviendo al proyecto de Dalmau Santiago, el estado de derecho dispone que contribuyentes con tres o más dependientes cualificarían por un crédito de hasta $6,500. Dalmau Santiago colocaría a todos los mayores de 60 años en ese reglón, sin identificar de dónde saldrá el dinero. Solo alude a que ha habido una tendencia en los pasados dos años fiscales de sobrantes en los recaudos. La JSF ha advertido que este patrón terminará eventualmente.

En una carta del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, dirigida al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, indica que la propia Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa calcula que el impacto fiscal anual de la medida de Dalmau Santiago sería de $256.2 millones.

“A pesar del impacto negativo, la Legislatura no ha explicado como el EITC (siglas en inglés del Crédito por Trabajo) expandido establecido en el proyecto sería financiado”, indico Mujica.

“El Plan Fiscal ordena que reformas de impuestos o iniciativas de ley tienen que ser neutrales en términos de ingresos o ser fiscalmente responsable a largo plazo”, agregó.

La JSF también indicó que el Código de Rentas Internas actual ya provee para que ciudadanos con bajos ingresos mayores de 65 años se beneficien. Por ejemplo, un crédito de $200 si tienen ingresos menores de $15,000. En el caso de ciudadanos casados, cada miembro del matrimonio tiene derecho a reclamar $200 mientras su ingreso combinado no supere los $30,000.

Mujica también indicó que la medida violaría la Ley Promesa.