La corporación de inversión inmobiliaria Reuben Brothers, junto a la firma Three Rules Capital, presentaron el desarrollo.

El Senado aprobó ayer una petición de información presentada por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, para exigirle a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) la entrega del expediente del proyecto Esencia a cargo de Cabo Rojo Land Acquisition LLC.

Así como cualquier otra documentación que se haya sometido bajo los números de trámite que aparecen en el portal digital de la agencia.

“Recientemente en los medios de comunicación se anunció que la corporación de inversión inmobiliaria Reuben Brothers junto a la firma Three Rules Capital presentaron un plan para construir un proyecto turístico en Cabo Rojo, bajo el nombre Esencia...Según establece el Single Business Portal de OGPe, el dueño del proyecto y de los solares es Cabo Rojo Land Acquisition LLC”, expresa el documento aprobado por el Senado.

Según han manifestado los proponentes de Esencia, el proyecto consta de un hotel de 500 habitaciones, 900 viviendas de lujo, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela privada y su propio aeropuerto privado, entre otras instalaciones, cuya inversión superará los $2,000 millones.

Historia relacionada: Inversión de $2,000 millones en nuevo proyecto residencial y turístico en Cabo Rojo

“Esencia amenaza más de 2,000 cuerdas de terreno en sobre tres millas de costa en el Municipio de Cabo Rojo. El país tiene derecho a tener toda la información sobre este proyecto y su efecto sobre el ambiente, el acceso al mar y la disponibilidad de agua potable. Debe además considerarse cómo la proliferación de espacios diseñados para extranjeros con alto poder adquisitivo que, además son beneficiarios de generosos incentivos, provoca cambios en el mercado de bienes raíces que hacen cada vez más difícil que las familias puertorriqueñas puedan alquilar o comprar viviendas”, puntualizó Santiago Negrón.

La OGPe tendrá un término de cinco días laborables para contestar la solicitud presentada; de no hacerlo, el Senado podrá acudir a los tribunales para obligar a que se cumpla con lo solicitado.