El senador entendió que era meritorio hacer vistas públicas antes de aprobar una medida que buscaba colocar GPS a los reos que salen a la libre comunidad.

El Senado dejó en asuntos pendientes una medida que enmienda la Ley 25-1992 para que aquellos confinados que sean excarcelados por una enfermedad terminal, tenga que utilizar un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global conocido como GPS, o cualquier otro tipo de tecnología para así monitorear al confinado mientras está en la libre comunidad.

El Proyecto del Senado 1467 fue radicado el pasado 4 de mayo por la senadora Migdalia González Arroyo y había sido referido a la Comisión de los Jurídico y Desarrollo Económico.

Fue dejado en asuntos pendientes luego de que el senador independiente José Vargas Vidot solicitó dejarla en dicho estado para que primero se investigara al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y su ejecución bajo la Ley 25 al amparo de la Resolución del Senado 933 que tiene dichos fines.

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“Es justo que reaccionemos de una manera contundente con la complejidad del asunto, porque esto no detiene solo de la Ley 25…ya es hora que muchas cosas que están en la época medieval estén a la altura de las necesidades emergentes”, explicó el senador Vidot.

“Yo creo que hay que hacer algo más y yo creo que esta pieza que se está considerando hoy podría ser hasta el resultado de una Resolución que estamos presentando hoy la 933, que ordena una vista pública donde se confronte de manera responsable, prudente, directa a todos los protagonistas de este desastre y a partir de ahí, además de lo que se considera en este buen proyecto, se consideren otros elementos que salgan a relucir después de que hacemos la dirección correcta. No estoy debatiendo el proyecto de la senadora… ”, añadió.

A pesar de que la autora de la medida se opuso a la solicitud, se dividió el cuerpo y ocho legisladores estuvieron a favor de dejar el P de la S 1467 en asuntos pendientes

Los legisladores que avalaron fueron: José Vargas Vidot, Rafael Bernabe, Keren Riquelme, Migdalia Padilla, Ana Irma Rivera Lassén, Juan Oscar Morales, Carmelo Ríos y Marissa Jiménez.

Los siete legisladores en contra de mantener la medida en asuntos pendientes fueron: Marially González, Migdalia González, Joanne Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, Javier Aponte Dalmau, Rosamar Trujillo Plumey y Héctor Santiago.

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La ley 25-1992 es la Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las instituciones penales o internados en las instituciones juveniles de Puerto Rico.

La radicación de la medida llega después de que el convicto Hermes Ávila Vázquez fue el confinado que presuntamente mató a Ivette Joan Meléndez tras lograr su excarcelación al amparo de la Ley 25, tomándole el pelo a las autoridades alegando que sufría una enfermedad terminal.

De acuerdo a la exposición de motivos, el trámite procesal y pericial que envuelve el proceso, debe estar acompañado de medidas de seguridad que puedan prever o por lo menos activar nuevas enmiendas a la Ley para evitar un caso similar.

Avalan medida para que agresores sexuales no salgan en libertad bajo palabra

Mientras dejan en el tintero el P de la S 1467, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 2106 de la representante Jocelyn Rodríguez Negrón que busca enmendar la Ley 85 para reafirmar que las personas convictas por los delitos de agresión sexual en todas su modalidades, no podrán beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra, indistintamente de la fecha de la comisión del acto delictivo, ni del Código Penal.

El P de la C 2106 se atendió por medio de descargue y se aprobó sin enmiendas.

Ahora pasará a la consideración del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Las personas convictas por agresión sexual incluye: agresión sexual conyugal, actos lascivos, violación, sodomía, incesto, secuestro, pornografía infantil, incluyendo sus tentativas.

También busca aclarar que la Ley, no aplicará retroactivamente a las personas convictas por estas actuaciones delictivas.

La Ley 85 establece términos para cualificar a la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra a personas recluidas que hayan cumplido el 75% del término de reclusión impuesto.

Este cómputo nunca excederá de 15 años cuando se trate de un adulto o de cinco años cuando se trate de un menor sentenciado y procesado como adulto en delitos para los cuales al realizarse el cómputo jurisdiccional para cualificar ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra este sea mayor, entre otras disposiciones.

La medida cerró con 21 votos a favor, uno en contra y dos abstenidos.

El senado recesó sus trabajos hasta el próximo lunes.

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