Senado avala medida que rechaza la descentralización de Educación
Además, se dio paso al proyecto que aplaza por un año la entrega en vigor de la medida que prohibe los plásticos de un solo uso.
A poco más de dos meses del cierre de la última Sesión Ordinaria del cuatrienio, el Senado de Puerto Rico avaló el jueves la Resolución Concurrente del Senado 59 para rechazar el Reglamento de Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas (ORE).
El documento fue notificado al cuerpo legislativo por el Departamento de Educación (DE) el 21 de marzo.
Entre los señalamientos por los que el Senado rechaza el reglamento, según la medida, se desglosa que no contiene una cláusula que informe el proceso de transición de los empleados de nivel central. También omite quiénes se van, en qué términos se trasladan, ni una fórmula que garantice la permanencia de las escuelas en las comunidades aisladas en el país.
Por otro lado, en el Artículo Vlll sobre las Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas, se establece que las ORE deberán someter informes sobre el uso de fondos públicos, locales, federales y estatales para presentarlos al nivel central, pero no dispone la recurrencia.
“Se debe garantizar un sistema de evaluación atado a la rendición de cuentas y a la descentralización del sistema tradicional; desarrollar un sistema que convierte al estudiante y al salón de clase en el objetivo principal hacia el cual apunten todos los recursos que el Gobierno destina a la educación; y estimular la mayor participación de todos los integrantes de la comunidad en el proceso educativo y las decisiones que afectan la escuela”, lee la medida.
Además, se aprobó el Proyecto del Senado 1374 que busca extender por una año el plazo de implantación de la Ley para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo local comercial, de venta y distribución autorizada a realizar negocios conforme a las leyes, y el término para adoptar la reglamentación necesaria para poner en vigor sus disposiciones. De firmarse por el gobernador, la ley entraría en vigor a partir del primero de julio de 2025, según dispone la medida.
“Este proyecto ha traído un sinnúmero de controversias, pero es necesario darle la oportunidad a la extensión para que se trabaje de una manera ordenada. Pudimos recibir comentarios positivos y recomendaciones para poder integrar en el reglamento los diferentes elementos que fundamentan este proyecto”, indicó el autor de la medida, Albert Torres Berríos.
Por su parte, la senadora Nitza Morán Trinidad añadió que la ley trae consigo unas preocupaciones como el establecimiento de un reglamento que no se pudo confeccionar en dos años por los cambios de secretarios en las dos agencias principales (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Departamento de Asuntos del Consumidor). También, indicó que solicitan la extensión porque “hay debilidades en el proyecto. Debemos conocer cuáles son los plásticos de un solo uso”.