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Legislatura

Aprueban legislación para crear un protocolo en Familia para personas con discapacidad

Estaría enfocado para personas mayores de 21 años cuyos padres y/o tutores hayan fallecido.

La medida que fue aprobada con enmiendas, resalta que el 21.4% de la población se identifica con alguna incapacidad actualmente. Una cifra elevada, en comparación con datos publicados en el 2012, que era de 19.6%.
Foto: Juan R. Costa

La Cámara de Representantes le dio paso a una medida que busca que el Departamento de la Familia (DF) establezca un protocolo de servicios para personas con discapacidad, mayores de 21 años, que estén desprovistos de sus padres o tutor a causa de muerte y que no cuenten con las herramientas cognitivas, sociales o económicas para poder mantener y/o manejarse por si solo.

Según la exposición de motivos, Puerto Rico es el segundo territorio de Estados Unidos con mayor índice de ciudadanos con discapacidad.

El Departamento de la Familia se opone a la medida al tildarla de innecesaria.

La Resolución Conjunta de la Cámara 592 se radicó el pasado 17 de enero por el representante Jesús Hernández Arroyo y había sido referido a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que preside la representante Lisie Burgos Muñiz.

La medida que fue aprobada con enmiendas, resalta que el 21.4% de la población se identifica con alguna incapacidad actualmente. Una cifra elevada, en comparación con datos publicados en el 2012, que era de 19.6%.

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Familia tendrá que establecer el: "Protocolo de Servicios Impacto Amor para Personas con Discapacidad", donde se pueda unificar en un solo documento los servicios disponibles en atención a las personas mayores de 21 años con discapacidad.

El protocolo que creará el Familia deberá estar listo no más tarde de 180 días después de la vigencia de la Resolución.

Sin embargo, la agencia había sometido comentarios en la evaluación de la medida donde señalaron que no avalan el proyecto ya que cuentan actualmente con mecanismos que atienden dicha problemática y que sería una duplicación de esfuerzos.

Así también lo consideró la Defensoría de las Personas con Impedimentos ante la Comisión.

Para el mes de octubre, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago le había notificado a NotiCel que en Puerto Rico hay una limitación de centros de cuido para jóvenes y adultos con discapacidad mental.

De acuerdo con el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, cerca del 82% de la población que ellos sirven oscila entre los 30 y los 59 años de edad. El 68% de los participantes son hombres. Mientras, el 80% de la población actual tiene un diagnóstico de Discapacidad Intelectual agudo o profundo.

Así como estadísticas más recientes del Departamento de Educación (DE), dictan que para el 2020 se habían registrado 4,991 estudiantes con discapacidad intelectual.

El protocolo de servicios que se busca implementar, también tiene la finalidad de ofrecerle ayuda directa a estas personas con discapacidad que sufran la pérdida de sus padres o tutor y sea su único familiar de protección.

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También ayudará a guiar y referir a las personas con discapacidad al DF para que tengan acceso a servicios básicos, así como servirán de enlaces con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de ofrecerle las ayudas y servicios atemperados a la condición.

Deberán de igual manera, contar con sicólogos y personal necesario para brindarle servicio de apoyo.

La Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down favoreció la medida, ya que entienden que sí atiende la situación actual de Puerto Rico ante la falta de servicios médicos, vivienda, cuidadores, entre otros retos que enfrentan las personas con discapacidad.

Mientras, el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) endosó el proyecto y recomendó que se le brinde orientación previa a los padres y/o tutores sobre el proceso.

También recomendaron que se cree una campaña educativa en escuelas que prestan servicios a personas con discapacidad, centros de cuido, oficinas de ayuda al ciudadano municipal, entre otros.

La Oficina del Procurador del Ciudadano también estuvo de acuerdo con la medida y expresó que era el paso correcto para atajar la problemática en miras de prevenir cualquier situación que provoque movilización de recursos de emergencia.

La Resolución se aprobó con 41 votos a favor.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo martes.

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Periodista con más de ocho años de experiencia en los medios de comunicación de Puerto Rico, enfocada en los temas legislativos y políticos.