A tres meses del fin de la última sesión ordinaria del cuatrienio, indicó que continúa realizando reuniones y está a la espera de ponencias para darle curso a la medida.

El senador popular Juan Zaragoza aseguró que la evaluación del proyecto que modifica el cobro del impuesto al inventario no se ha detenido en la Comisión de Hacienda del Senado, la cual preside.

El Proyecto de la Cámara 1798 llegó a esta comisión en noviembre y tan reciente como en febrero, Zaragoza indicó a NotiCel, que había solicitado ponencias, que no había recibido respuesta y que no tenía un juicio tomado sobre el proyecto. Aseguró que estaba comprometido a analizarla “si es buena para nuestros pequeños comerciantes” y las finanzas del país.

Ayer, la Junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales divulgó un comunicado de prensa en que, en esencia, reiteró que cualquier legislación a aprobarse sobre el tema no puede menoscabar las finanzas de los municipios.

El proyecto cameral dispone que al cabo del sexto año un comité tendrá que descifrar cómo se va a sustituir el impuesto al inventario.

“La Junta de Gobierno del CRIM apoya la medida que ellos llaman de consenso, que es una propuesta del CRIM, la Asociación y la Federación de Alcaldes. Dicha propuesta es distinta al Proyecto de la Cámara 1798. Los alcaldes y el CRIM tienen una preocupación legítima en qué sucederá en el año seis cuando se elimine el impuesto al inventario y no exista sustitución contributiva alguna que sustente la operacionalidad de los municipios. De igual forma, el gobernador Pierluisi fue categórico en afirmar que tal cual fue aprobado el proyecto en la Cámara no contaría con su apoyo porque no tiene el aval de los alcaldes”, sostuvo Zaragoza.

El legislador se encuentra en un difícil predicamento ya que atiende la medida mientras aspira a ser el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, lo que significa que necesita el respaldo de los alcaldes.

Zaragoza indicó, en declaraciones escritas, que ha mantenido comunicación con el CRIM, con los alcaldes y con Carlos Rivera Justiniano, asesor en asuntos legislativos de La Fortaleza. Sostuvo que el 20 de marzo su oficina recibió comentarios sobre la medida del CRIM y también se reunió con el director ejecutivo de la entidad, Reinaldo Paniagua.

“En dicha reunión acordamos que la Comisión esperará por una serie de enmiendas a la medida que someterá el CRIM”, sostuvo Zaragoza.

A tres meses del cierre de la última sesión ordinaria del cuatrienio, Zaragoza indicó que tiene un plan para atender el proyecto.

“Una vez recibamos las enmiendas del CRIM las analizaremos y convocaremos a reunión ejecutiva o a vista pública con los alcaldes y el CRIM para discutirlas. Luego, haremos lo mismo con los gremios que agrupan los comerciantes del país. Una vez exista una propuesta de consenso, que favorezca a los comerciantes, y a su vez sea fiscalmente responsable con los municipios, estaremos proponiendo la aprobación de la misma”, sostuvo.

En la declaración de ayer, el CRIM anunció que su Junta de Gobierno había aprobado una resolución en que expresan a favor de la propuesta que congelaría la contribución por impuesto al inventario a un año base, pagando una cantidad fija por el inventario.

Según la teoría de los que favorecen el Proyecto de la Cámara 1798, la pieza legislativa permitiría a los comerciantes aumentar sus abastos de inventario sin límite y atendería y eliminaría la recurrencia de la tributación.

No obstante, el CRIM rechaza cualquier otra iniciativa que redunde en un golpe a los municipios.

La preocupación de los municipios gira en torno a que el proyecto cameral no atiende concretamente el escenario al cabo de término en que se congele el impuesto al inventario y falla en identificar una fuente de dinero para reemplazar el recaudo.

Entre los servicios municipales que se verían afectados, según el CRIM, figuran los programas de policías municipales, amas de llave, el servicio de recogido de basura, atención a personas sin hogar, nutrición a adultos mayores, transportación escolar, mantenimiento de escuelas, reparación de viviendas y cuido de niños, entre otros servicios de ayuda al ciudadano que proveen los municipios.