Aseguró en una vista pública que los empleados de la Autoridad de Puertos tienen un plan de retiro seguro y que no habrá aumento de tarifas a los pasajeros sin que pasen por sus manos.

El mismo día en que el Senado aprobó un proyecto que fundamenta en la premisa de que las negociaciones de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) son poco transparentes, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel A. Pizá Batiz aseguró que el contrato con la compañía Global Ports Holding bajo una alianza público-privada fue la mejor alternativa para rehabilitar, modernizar y mantener los terminales de cruceros en óptimas condiciones.

Pizá Batiz, incluso, expresó en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público -Privadas y Energía que ahora “hay un mosaico de oportunidades” para los empleados que se mantienen trabajando con la nueva alianza.

El acuerdo con la Autoridad de Puertos se produjo con la subsidiaria de Global Ports Holdings, la concesionaria San Juan Cruise Port, con una inversión de $445 millones en aportaciones y mejoras portuarias.

Uno de los impulsos más sustanciales para que se lograra la negociación fue que habría una reducción significativa de la deuda de la Autoridad de Puertos, que ascendía a $150 millones.

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Los representantes presentes en la audiencia concentraron sus dudas en el impacto del contrato en los empleados y los supuestos efectos negativos que podría provocar esta alianza a Puerto Rico.

“Estos empleados que están en Puertos ya próximos a jubilarse, este contrato ¿incluye esa parte de pagarle las pensiones a esos empleados?, cuestionó el representante Víctor Parés.

“En la coyuntura histórica que estamos hoy, hay un mosaico de oportunidades para los empleados de Puertos. La primera fue el programa que la Junta de Supervisión Fiscal autorizó para Puertos y otras entidades de gobierno en los pasados años. Hay cerca de 40 empleados de Puertos que se acogieron a la ventana de retiro”, le contestó Pizá Batiz.

“También está la Ley 80, que entra en vigor ahora el 31 de marzo, donde 140 empleados de Puertos se van a acoger a su retiro. El contrato establece que todo empleado de Puertos que solicitara (empleo) al concesionario (San Juan Cruise Port), tendrían la obligación de entrevistarlo… estas oportunidades que surgieron no hizo falta otro sistema para incentivar el retiro”, continuó.

Otra preocupación giró en torno a si el gobierno sigue siendo dueño de los muelles 1, 3, 4, 11, 12 y 13 de San Juan, que están incluidos en el acuerdo.

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“Quien es dueño del activo, siempre será el pueblo de Puerto Rico”, aclaró Pizá Batiz.

“Pero si hubiese una situación donde la compañía, después de hacer la inversión decide irse, esa inversión que ellos hicieron, ¿Puerto Rico tiene que devolvérselo?”, preguntó Parés.

“No. El contrato establece escenarios de cancelar contratos tanto por parte del dueño o Puertos. No hay ningún deber de Puerto Rico de reembolsar ningún dinero”, afirmó el director de Puertos.

El contrato entre Puertos y Global Port Holding ha mantenido la Asamblea Legislativa en alerta. En enero del 2024, llegó para aprobación expedita al Senado la Resolución Concurrente de la Cámara 594 que disponía asignar $320 millones a la Autoridad de Puertos.

Esta asignación no fue aprobada por el Senado, pero posteriormente la Junta de Supervisión Fiscal aprobó una resolución presupuestaria para el presente año fiscal 2024 que refleja de $350 millones para financiar un Acuerdo de Liquidación entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento del Gobierno de Puerto Rico (ARD).

No hay cambios en las tarifas a pasajeros

En la vista pública también se discutió los posibles cambios de tarifas a pasajeros gracias a la Alianza.

Pizá Batiz sostuvo que los pasajeros no sufrirán de cambios en las tarifas de viaje en las líneas de cruceros que lleguen a Puerto Rico.

De acuerdo con el contrato, las tarifas de pasajeros no pueden ser modificadas por el concesionario unilateralmente y tienen que ser aprobadas de antemano por la Autoridad de Puertos.

“Puertos va a tener que autorizar la gran mayoría de los aumentos de tarifas. Entraría en vigor en dos años y si la entidad decide dar servicios como el Check in, recogido de basura, el contrato dispone que ellos nunca podrán ser los accionistas mayoritarios. Su rol principal es operar Puertos…”, dijo el funcionario.

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La Comisión ahora se dispone a fijar una fecha para celebrar una vista ocular y evaluar los planos que establecen las mejoras bajo el concesionario San Juan Cruise Port.