El líder senatorial, José Luis Dalmau Santiago, arremetió contra de los contratos otorgados por el gobierno a Luma Energy, Genera PR y Global Ports Holding.

El Senado aprobó una medida para enmendar la Ley 29, mejor conocida como la Ley de Alianzas Público Privadas (APP), con la intención de obligar a la entidad a divulgar públicamente los procedimientos y contratos que estén negociando para, según los proponentes del proyecto, evitar contratos fraudulentos que no sean de beneficio a los puertorriqueños.

El Proyecto del Senado 1061 es de la autoría del líder senatorial José Luis Dalmau Santiago, quien en su turno inicial en la sesión legislativa tronó contra la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) al negociar los acuerdos con Luma Energy, Genera PR y Global Ports Holding.

“La confidencialidad del proceso establecida en la Ley de Alianzas Público- Privadas facilitó que Luma obtuviera el beneficio de incumplir con el parámetro de economía en la Administración de la Red de Transmisión Energética, así como incumplir con la ejecución para mejorar al servicio sin estar sujetos a penalidad alguna, ¡por eso es que la transacción debe ser transparente!”, dijo el líder senatorial molesto.

“¿Porque las cosas no se hacen bien desde el principio? ¿Por qué no se hace de forma responsable? de forma transparente, de forma que todo el mundo pueda decir que eso es un buen negocio. No a cuartos oscuros que meses después, años después, sigue el pueblo pagando las consecuencias de ¡un mal servicio a un costo mayor! Ese ha sido el resultado. Ese proceso de confidencialidad también permitió que Genera PR administrara todas las instalaciones de generación de electricidad a pesar de existir una prohibición en la Ley 120 y ante una controversia relacionada con una deuda de fondo…”, continuó.

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El proyecto estipula que “los procesos de evaluación, selección y negociación con los proponentes, se llevará a cabo de forma transparente y mediante un proceso de divulgación sobre la información suministrada…”. Así, toda información sobre el proceso y documentos sometidos por los proponentes deberá ser pública a través del portal de la AAPP.

También obliga al Gobierno a publicar un aviso en español e inglés en algún periódico de circulación y en internet anunciando que se está llevando a cabo una evaluación, una selección o una negociación con una empresa para la posible otorgación de un contrato de alianza. Esa publicación no debe comprometer información que sea indispensable proteger, dice el proyecto.

“Todo ahora se llevará a cabo de manera transparente… y pública que es sencillo, porque hago una alianza público – privada, la pago yo como constituyente y no me enteré nunca que fue lo que negoció o que estableció el Gobierno con la intención de mejorar los servicios esenciales”, sostuvo el senador Ramón Ruiz Nieves.

Mientras, la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien también estuvo de acuerdo con la medida, propuso con éxito otra enmienda en sala para exceptuar los requisitos de divulgación como los secretos de negocio y la información sobre la propiedad intelectual.

“El objetivo es la transparencia, fomentar la transparencia y procurar que se de un proceso transparente durante la evaluación y adjudicación de las Alianzas Público – Privadas, de manera tal que estos procesos no se completen dejando al país a ciegas…”, indicó Rodríguez Veve.

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Esta medida había recibido un informe positivo el pasado 5 de marzo por parte de la Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves.

El director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés sometió comentarios ante la comisión donde resalta que la Ley 29 actual cuenta con estándares de confidencialidad que han sido efectivos durante la conformación de contratos ya ejecutados. También añade que la Ley balancea la necesidad de promover competitividad en el proceso de la transparencia, por lo que no endosó la medida.

La comisión determinó para su informe positivo que la Ley actual no logra un justo balance entre promover la competitividad de los participantes y brindar adecuada transparencia.

La medida que ahora pasará a la consideración de la Cámara, también exige que en un término de 30 días a partir de la vigencia de la Ley, la AAPP revisará sus reglamentos, órdenes administrativas o memorandos para que sean debidamente atemperados.

La AAPP también tendrá que rendir a la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre el estado, efectividad y progreso con las enmiendas ya introducidas en un periodo de 60 días.

El P de la S 1061 cerró con 17 votos a favor y ocho en contra. Nadie asumió un turno en contra de la medida.

El portavoz penepé, Thomás Rivera Schatz, fue excusado de la sesión.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo lunes.

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