Sostiene que la medida impide que el gobierno con la Junta tengan acceso a los mejores asesores y también alertan que la medida choca con la Ley PROMESA.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó en días recientes un proyecto de ley dirigido a impedir que contratistas gubernamentales tengan, al mismo tiempo, contratos con el ente fiscal que controla las finanzas del país y tiene la última palabra en cuanto a la política pública.

En la Exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 1261, del popular Ramón Luis Cruz Burgos, se indica que es “inevitable concluir” que contratistas en este tipo de escenario, “podrían confrontar conflictos de interés si a la misma vez son consultores del estado y de la Junta”.

Cruz Burgos señala que las funciones de la JSF colocan a sus miembros en una posición “potencialmente adversativa” con el gobierno y que se debe concluir que podrían confrontar conflictos de interés si a la misma vez son consultores del estado y de la Junta.

La medida ya pasó el crisol de la Cámara y está bajo la jurisdicción de la Comisión de Hacienda del Senado. Allí su presidente, Juan Zaragoza, hizo la consulta a la JSF.

Según argumento Jaime El Koury, principal asesor legal de la JSF, la medida colocaría tanto al gobierno como a la JSF en peligro de no contar con asesores cualificados.

“Aunque la JSF apoya los esfuerzos de eliminar los potenciales o conflictos de interés reales, el proyecto también impediría que la JSF tenga acceso a asesores que también trabajen con el gobierno y critica que cualquier contrato del gobierno incluya una cláusula en que el firmante indica que cualquier contratista de la JSF no puede tener contratos con el gobierno".

El Koury sostuvo que la JSF ya tiene mecanismos para identificar posibles conflictos de interés y rechaza que en la medida se indique que la JSF y el gobierno tienen “intereses divergentes en todos los asuntos”.

“En realidad, la JSF y el gobierno están alineados en la mayoría de los asuntos”, indicó al señalar que la prohibición en el proyecto es demasiado amplia.

El abogado sostuvo que la medida, como está redactada, chocaría con la sección 108(a)(1) de la Ley PROMESA, que prohíbe al gobernador o a la Legislatura intentar controlar, supervisar o revisar actividades de la Junta.

“La JSF le da la bienvenida a que se sostenga una conversación sobre el proyecto para tender qué aspectos del proceso de evaluación de conflicto de intereses pueden ser deficientes y, si hace falta legislación”, indicó El Koury al sostener que estarían en la disposición de trabajar un proyecto de ley que atienda la preocupación.