Esto por vetar 171 medidas durante el cuatrienio. Según el Senador, el 81% son de autores populares.

El portavoz del Senado, Javier Aponte Dalmau arremetió contra el gobernador Pedro Pierluisi tras denunciar que en el término de su cuatrienio ha vetado 171 medidas, que en su gran mayoría son del Partido Popular Democrático (PPD).

El legislador hizo las expresiones durante los turnos iniciales de la sesión de hoy.

“Yo quiero a venir hablar hoy de los 171 vetos emitidos por el gobernador en este cuatrienio. Son 171 vetos (repitió), que el gobernador se jacta de hablar de que este Senado no le nombra a los nominados. Pues mira, más del 90% de los nominados que ha enviado ante la consideración del Senado se han atendido. Más sin embargo, hay 171 vetos emitidos por el gobernador a la Asamblea Legislativa que no es de su partido y que históricamente es la más diversa, en la cual se debe comportar el gobernador con mayor madurez política”, denunció Aponte Dalmau.

“Resulta que el 81% de los vetos emitidos de los proyectos en la Asamblea Legislativa, son del Partido Popular Democrático. Solamente, el 1% es del Partido Nuevo Progresista”, continuó.

Aponte Dalmau, también ejemplificó varias medidas que considera importantes y que el gobernador no le ha dado la misma importancia, por lo que las ha vetado.

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“Ha vetado proyectos en protección de la comunidad de la tercera edad, proyecto de beneficio para servicios de salud, sobre terapia de distintos sectores, proyecto en beneficio de nuestro sistema contributivo. El gobernador, ha vetado casualmente proyectos que tienen que ver con el tema ambiental, con trámite de proceso de permisos, en temas de seguridad y antecedentes penales ni se diga”, sostuvo molesto.

“Yo les voy hablar de uno que me tocó a mi personalmente. El proyecto de la Cámara 459, que vetó en el 2021 y no ha permitido que llegue otro proyecto similar; y se trata de la Regla 6 de procedimiento criminal... Aquí todos los días ,en los tribunales se llevan casos donde va una persona con una querella y dice que pasó tal cosa y sin que esté el acusado allí, se le radica un caso, se arresta y se le mete preso. Sin escucharlo. Esto en dos ocasiones se le ha presentado al gobernador y lo ha vetado. En una lo vetó directamente y en la otra ni siquiera esperó que el proyecto llegara…”, continuó.

El P de la C 459, buscaba obligar al Ministerio Público proveer al imputado copia de todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, de modo que puediera preparar su defensa.

Precisamente, el Senado recibió hoy tres vetos expreso.

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El primero es el P. de la S. 1066, que enmienda la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de 2019, para establecer el tope de 10% del monto original del contrato en las órdenes de cambio al mismo, incluyendo a las agencias exentas de esta Ley.

El gobernador expuso en su veto expreso que “la medida podría afectar significativamente te la continuidad de los proyectos y la sobras contratadas con el Gobierno. Establecer por ley, un tope con un por ciento específico a las órdenes de cambio podría ser perjudicial para la consecución de miles de proyectos de obra pública a través de todo Puerto Rico . Son múltiples las situaciones que pueden provocar una orden de cambio con un mecanismo válido para completar las obras públicas y que no responden a una situación de ausencia de transparencia o conducta ilegal”, detalló.

El segundo proyecto vetado fue el P. de la S. 1124 que quiere crear la Ley para Fomentar el Regreso a Puerto Rico con Empleo Seguro. Esta medida pretende que las personas radicadas fuera de Puerto Rico regresen a la Isla con un empleo seguro al establecer un mecanismo de entrevistas virtuales y ciertos procesos relacionados.

“El proyecto no establece expresamente su aplicabilidad y tampoco contienen un lenguaje claro que haga una diferencia suficiente en torno a que aplica y como aplica al sector gubernamental o privado …”, sostuvo el gobernador.

El tercer proyecto es P. de la S. 1306 , con que se enmendaba la Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004 para realizar una enmienda técnica para incluir en la exención contributiva al pago de derechos, sellos o aranceles requeridos por el Poder Judicial, cargos derechos, sellos o comprobantes de rentas internas relativos al otorgamiento de toda clase de documentos públicos y privados …

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“El lenguaje el proyecto de ley resulta ser muy amplio y añade exenciones municipales que pueden tener un impacto fiscal y económico negativo en las finanzas de los municipios. Principalmente, porque se incluye entre las exenciones a este tipo de cooperativas el pago de arbitrios y patentes municipales, impactando directamente estas fuentes principales de ingresos de los municipios”, sostuvo Pierluisi.