Proyecto abre la puerta a que convictos por delitos menos graves y algunos graves trabajen en municipios
La senadora Migdalia González no le pidió opinión a las dependencias fiscalizadoras como Justicia, Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.
El Senado ha incluido en su Calendario de Órdenes Especiales de la sesión de mañana un proyecto de ley que les permitiría a los municipios contratar personal con expediente criminal por delitos menos graves y algunos graves.
El Proyecto del Senado 1273, de la senadora popular Migdalia González, enmienda el Código Municipal a los fines de permitir que convictos puedan trabajar en los municipios sacando la bandera del derecho a la rehabilitación protegido en la Constitución de Puerto Rico.
La medida dispone que se excluirán los delitos de asesinato, violencia sexual y los incluidos como incongruentes con el servicio público en la Ley de Ética Gubernamental.
La medida en ningún lugar establece una prohibición a que el contratado tenga acceso a fondos públicos o tenga la facultad de supervisar personal. Tampoco establece una ventana de tiempo en que el convicto no podría trabajar con el municipio contratante desde el momento del delito cometido, la convicción o cuando haya extinguido la pena.
Para lograr la contratación del solicitante, el municipio tendrá que presentar una Certificación de Cumplimiento de Sentencia expedida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación o, en los casos que no hayan conllevado cárcel, por el Tribunal de Primera Instancia que emitió la sentencia.
EL proyecto de ley recibió un informe positivo rendido por la propia González, como presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda. La senadora, según se desprende del informe, no solicitó memoriales ni al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental o la Oficina del Contralor.
De los 78 municipios, el informe destaca que solo se le solicitó una expresión del gobierno municipal de Hormigueros, que endosó la medida.
También favorecieron la medida la Federación de Municipios y la Asociación de Pro-Derechos del Confinado. Al Departamento de Corrección y Rehabilitación se le pidió un memorial, pero no se expresó al rendirse el informe.