La representación legal plantea que el juez Anthony Cuevas Ramos erró al determinar que la aprobación del presupuesto, recogido en una resolución con fecha de vencimiento, era suficiente para concluir que los legisladores autorizaron el aumento.

La representación legal del presidente de la Cámara de Representantes radicó hoy su recurso de apelación a la decisión del juez Anthony Cuevas Ramos, quien dio paso en noviembre al aumento salarial a los jueces sin que se aprobara un proyecto de ley a esos fines.

El magistrado concluyó, entre otras cosas, que los legisladores autorizaron el incremento salarial al dar paso al presupuesto del país en junio.

A pesar del fallo a favor de los jueces, el aumento sigue detenido en espera del tiempo reglamentario que tenía alguna de las partes afectadas para apelar y eso ocurrió hoy con la Cámara.

En un escrito sometido al Tribunal de Apelaciones, firmado por el abogado Jorge Martínez Luciano, indica que Cuevas Ramos falló al determinar que la resolución del presupuesto es una ley especial y sostiene que no se ha podido identificar un solo incremento salarial a jefes de gabinete, gobernador y otros alcanzado a través de una resolución conjunta.

“El mecanismo preferido para ajustar sus salarios es mediante la aprobación de una ley”, lee la apelación donde se sostiene que precisamente que, de ordinario, la frase “ley especial” se utiliza para contrastarla de una “ley general” como sería un proyecto de ley dirigido a ajustar el salario de los jueces y juezas.

Martínez Luciano también argumentó que el presupuesto, recogido en lo que se conoce como una resolución conjunta, pierde vigencia en una fecha específica, en este caso con el fin del año fiscal.

“Precisamente es el carácter efímero de la resolución conjunta lo que la hace inapropiada para instaurar un nuevo esquema de compensación para los jueces con carácter prospectivo o indefinido”, indicó.