Log In


Reset Password
SAN JUAN WEATHER
Legislatura

Las cinco medidas legislativas más controversiales en el 2023

Las propuestas fueron eje de discusión y controversia y aún siguen en el tintero.

EL Senado de Puerto Rico
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

En el 2023, siendo un año clave en la Legislatura, tras estar en la recta final del cuatrienio y las elecciones generales, se discutieron varias medidas legislativas controversiales que se consideraron necesarias trabajar antes de que empiecen los meses de la campaña política.

Temas económicos y sociales fueron parte del eje de discusión en la Legislatura durante este año.

Alivios contributivos

El Proyecto Sustitutivo de la Cámara 1839 fue aprobado en ambos Cuerpos Legislativos después estar semanas la medida en el Comité de Conferencias. Este proyecto crearía la Ley para Establecer un Sistema Contributivo Simple y Equitativo y derogaría el Código de Rentas Internas.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santa había esperado por el informe de la Asamblea Legislativa (OPAL) semanas para poder llevar la medida al hemiciclo. En junio, se dio paso al nuevo proyecto, proponiendo la reducción en tasas y simplificación de procesos, tanto para individuos como para las corporaciones, pero fue derrotado.

Fue nuevamente derrotado en Senado y en agosto, Fortaleza envió otra medida que será la que se plantea aprobar con cambios adicionales que haga la Cámara de Representantes.

Esta medida, enmendaría la Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles, así como la Ley General de Corporaciones para el Estado, el Código Municipal, Código de Incentivos, entre otros.

Con su aprobación, los municipios voluntariamente pueden correr su IVU municipal directamente con Hacienda a través de la plataforma de SURI (tanto con la radicación de la planilla como el pago), entre otras determinaciones.

Historia relacionada: Avalan el alivio contributivo en el último día de sesión

Impuesto al inventario

La Cámara de Representantes avaló congelar el impuesto al inventario luego de numerosas enmiendas en sala y luego de una larga dicusión con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El Proyecto de la Cámara 1798 fue atendido por la vía del descargue, sin discusión pública alguna. Entre las enmiendas estuvo congelar la base de tributación al año contributivo 2022.

La segunda enmienda, tenía que ver con el periodo de congelación a un plazo de seis años. La tercera enmienda consistió en detallar un lenguaje claro de terminación del impuesto al inventario, así como crear un Comité Evaluador tal como lo solicitó la JSF en el que participara los presidentes respectivamente de la Federación y Asociación de Alcaldes, el presidente de la Junta del CRIM con el director ejecutivo del CRIM, un representante de la Cámara y Senado y un representante del Ejecutivo.

Esta medida, según había mencionado el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, era más que necesaria aprobarla antes de que arrancara el año eleccionario.

El proyecto está pendiente en el Senado.

Historia relacionada: Aprueban en la Cámara congelar el impuesto al inventario

Código de Rentas Internas

La medida que enmienda el Código de Rentas Internas para atender la llamada “crudita” también fue tema controversial entre legisladores. El Proyecto del Senado 776 llevaba estancado en la Comisión de Hacienda del Senado desde el 2022.

El proyecto buscaba era eliminar todo arbitrio al petróleo y sus derivados y mantener las exenciones del petróleo sobre el impuesto de venta y uso.

La controversia en la Legislatura fue de varios días luego de que se anunciara que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) dejó de pagar la deuda desde el 2017 porque estaban en proceso de reestructuración de deuda por la quiebra. Así como también se comunicó que se le otorgó a otra empresa administrar las cuatro autopistas con cobro de peaje que tenía la ACT.

La deuda de la ACT con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) alcanzaba más de $2,027 millones sin fuente de repago. La deuda representaba el 24% de la cartera de préstamos del BGF.

Historia relacionada: Languidecen las enmiendas al Código de Rentas Internas en la Cámara por la oposición del PNP

Controversia con la comunidad transgénero

La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos presentó un proyecto a principios de agosto para enmendar el Código Penal y convertir ciertos actos asociados a la comunidad transgénero en delito.

El Proyecto de la Cámara 1821 fue tema de discusión entre legisladores y la comunidad LGBTTIQ cuando presentó su propuesta dividiendo en cuatro facetas el artículo del Código Penal llamado : Exposiciones Obscenas frente a Menores.

Consistía en dividir el artículo en: definición, penas, aplicación a personas jurídicas que reciben fondos federales y aplicación a instituciones educativas primarias y secundarias.

La legisladora había mencionado en su defensa que su proyecto buscaba proteger a menores de los espectáculos que realizan las “Drag Queens”.

El Proyecto solo ha sido radicado y aún no ha bajado a calendario en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

Historia relacionada: Burgos defiende su proyecto que criminaliza el transformismo

Aumento salarial a jueces y fiscales

El aumento salarial a los jueces ha sido el eje de controversia tanto a final de sesión, así como en receso legislativo. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, había presentado nuevamente la medida para el mes de noviembre para que se discutiera el asunto lo antes posible.

La primera versión de la pieza legislativa fue enmendada en la Cámara de Representantes, donde el presidente Rafael Hernández Montañez incluyó igualmente aumentos a legisladores, jefes de agencia y el propio gobernador.

El proyecto fue derrotado en el Senado.

El Proyecto del Senado 1400 propone los mismos aumentos a los jueces que la medida previa.

En el caso del presidente o presidenta del Tribunal Supremo se aumenta el salario de $125,000 a $154,556. En el caso de jueces asociados se incrementa el salario de $120,000 a $144,480.

En cuanto a los jueces de apelaciones, reciben un aumento de $105,000 a $130,579, mientras que los jueces a nivel superior verán un aumento en su compensación de $89,600 a $118,133.

En el caso de los jueces municipales, se trata de un aumento de $69,600 a $91,764.

Hasta el momento de esta publicación, la fecha de efectividad del aumento de salario está en el aire. El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, había mencionado a este diario digital que no va a emitir una determinación sobre el aumento a los jueces hasta que se finalice la determinación del juez Anthony Cuevas Ramos el 17 de noviembre con la avaló las escalas nuevas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández adelató que va a apelar la sentencia.

Mientras que, el aumento de los fiscales está detenido hasta que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) envíe a la JSF el análisis de impacto fiscal.

Historia relacionada: Cámara planifica apelar por el salario de los jueces y la Junta va a esperar por eso

Periodista con más de ocho años de experiencia en los medios de comunicación de Puerto Rico, enfocada en los temas legislativos y políticos.