La mal llamada reforma laboral ha sido un tema contencioso entre la Legislatura, la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Pedro Pierluisi.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, aceptó la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de posponer hasta enero la aprobación del proyecto que enmienda leyes laborales, mientras el ente fiscal analiza su impacto fiscal y económico.

En días recientes el director ejecutivo de la JSF solicitó en dos ocasiones a los presidentes legislativos que así lo hicieran. La iniciativa ha sido un tema contencioso entre la JSF, la Legislatura y el ejecutivo y ya una primera versión de la medida, convertida en ley, fue objetada con éxito por el organismo que controla las finanzas públicas y en ciertas ocasiones hasta las privadas en el país.

Historia relacionada: Aval en el Senado al proyecto de enmiendas a leyes laborales

El Proyecto de la Cämara 1651 iba camino a lo que se conoce como un comité de conferencia luego de que los dos cuerpos legislativos lo aprobaran. El Senado sí le había introducido enmiendas menores a la pieza legislativa.

El portavoz popular en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, confirmó que anoche Hernández Montañez sostuvo un diálogo con representantes de la JSF.

Historia relacionada: Junta puede intervenir con leyes que afecten al sector privado hasta que se vaya

“Queda para enero. Durante las horas de la tarde y noche se dio una reunión de la JSF con el autor de la medida Hernández Montañez. Aunque no es una medida nueva, para fines legales la JSF entiende que se trata de un proyecto nuevo. La OPAL (Oficinal de Presupuesto de la Asamblea Legislativa) había rendido un informe, pero la Junta pidió un espacio”, sostuvo Matos García.

“Estamos analizando el Informe sobre Efecto Fiscal del Proyecto de la Cámara 1651 preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. También estamos analizando el borrador de un análisis económico realizado por un economista de la Aafaf, que recibimos hoy”, afirmó Mujica en una carta reciente a los presidentes legislativos.

“Como indicamos en nuestra carta del 8 de noviembre del 2023, instamos a que pongan en pausa el proceso legislativo hasta que el análisis económico esté completados y podamos tener un diálogo completo con usted y el gobernador sobre el impacto del PC1651”, agregó Mujica en una carta dirigida a José Luis Dalmau Santiago y Rafael “Tatito” Hernández

La primera legislación sobre este tema fue anulada por la JSF, que alegó con éxito que la pieza legislativa tendría un impacto dramático a la economía.

El PC 1651 aumenta días de enfermedad y vacaciones, le da estos beneficios a trabajadores a tiempo parcial, aumenta el Bono de Navidad y reduce las horas necesarias para cualificar para este beneficio.

También reduce el periodo probatorio para la inmensa mayoría de los trabajadores.

El informe de la OPAL concluye que la medida no tiene impacto fiscal.

“La evidencia empírica sobre el impacto económico de protecciones laborales alrededor del mundo demuestra que el P. de la C. 1651, dado a que representa cambios mínimos, tendrá poco impacto, si alguno, sobre los recaudos del gobierno. Esto se debe a que, según establece la literatura académica, es poco probable que cambios menores de este tipo causen una pérdida significativa de empleos”, lee el informe de la OPAL.

“Similarmente, es poco probable que esta medida perjudique la productividad o el tamaño del sector formal. De hecho, el P. de la C. 1651 podría ayudar a crear más empleos en el sector formal. La evidencia sugiere que existen varias vías a través de las cuales el P. de la C. 1651 podría impactar positivamente la economía y, por ende, los recaudos del gobierno. Estas incluyen aumentos en la productividad dado a mayor satisfacción laboral, mayor retención de empleados en las empresas, la estabilidad en el empleo, entre otras”.

En agosto, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Boston determinó que la JSF podrá seguir interviniendo con legislación de Puerto Rico que afecte la “recuperación financiera” del gobierno, aunque dicha legislación esté dirigida solo al sector privado.