La medida ahora pasa a la firma del gobernador

El proyecto de ley que eleva el valor de residencias consideradas como de interés social cumplió anoche con su trámite legislativo cuando ambos cuerpos legislativos aprobaron el comité de conferencia con el que resolver sus diferencias.

El gobernador Pedro Pierluisi había identificado la medida como una de suma importancia entre las pendientes para el cierre de sesión y el contenido del proyecto había sido impulsado consistentemente por la industria de la construcción.

Precisamente al elevar el precio de una vivienda de interés social, los constructores cualifican para incentivos adicionales que propicien la edificación de estas propiedades.

En el informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 1470 se modifica la definición de una vivienda de clase media al estipularse que es una vivienda cuyo precio total excede el máximo fijado para vivienda de interés social pero no excede el 80% del máximo asegurable por la Federal Housing Administration para el área en que se ubique.

En cuando a vivienda de interés social, el proyecto dispone que su costo no va a exceder $170,000 si está ubicada en suelo rústico de un municipio con menor densidad poblacional, $175,000 si está ubicada en suelo urbano que no sea centro urbano en municipios de menor densidad poblacional, $180,000 si está ubicada en el centro urbano de un municipio de menor densidad poblacional y $190,000 si está ubicada en un suelo urbano de un municipio de mayor densidad poblacional.

Se indica que el Departamento de la Vivienda podrá conceder dispensas ordinarias de hasta un 25% para ajustar el precio de venta máximo de algún proyecto de vivienda asequible o de interés social o de clase media

“El Departamento (de la Vivienda) deberá acreditar los fundamentos específicos que, de forma objetiva, justifican la variación que aplique. La justificación tiene que incluir como anejo los documentos, hechos y elementos que apoyan la determinación”, lee el proyecto.

La pieza legislativa ordena al Secretario de la Vivienda a solicitar, dentro de 30 días de aprobada la propuesta ley, al “Departamento de Vivienda federal una revisión urgente de los límites de ingresos determinados por dicha agencia federal para el programa de asistencia al comprador, aplicable a la jurisdicción de Puerto Rico, a fin de que un número mayor de familias e individuos puedan ser elegibles para dicho programa. Esta petición de revisión se volverá a someter anualmente para atemperar el programa a la realidad y necesidades de vivienda de la población de Puerto Rico”, lee el proyecto.

“Es sabido que durante los pasados dos años los materiales de construcción se han encarecido alrededor de un 20% y esto afecta el costo total de la construcción, que también se impacta por los permisos y arbitrios que se basan en los costos finales de los proyectos. Son muchas las familias que han sentido los efectos de la tendencia alcista del costo de vida y la escasez de inventario de viviendas a un precio asequible. A esto se añade la decisión de la Reserva Federal de subir la tasa de interés para atajar la inflación histórica, lo que presume otra dificultad para el anhelo de muchas familias de acceder a una vivienda adecuada. Esta Ley persigue actualizar las disposiciones de la Ley 47 a la realidad que vive Puerto Rico y viabilizar que más familias puedan acceder a una vivienda asequible”, reza la exposición de motivos.