El ente fiscal solicita analizar la medida primero.

El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, le ha hecho un llamado a los presidentes legislativos a que detengan cualquier acción legislativa en torno a la llamada reforma laboral, mientras examina el impacto económico de la medida.

El Proyecto de la Cámara 1651 fue aprobado en la Cámara y, el 9 de noviembre lo hizo lo propio el Senado con cambios menores. Todavía, sin embargo, no se ha conformado el comité de conferencia para que los cuerpos legislativos diriman sus diferencias en torno a la medida y hoy es el último día para hacerlo en esta sesión.

Si la Legislatura no actúa, el tema quedaría pendiente para la última sesión ordinaria del cuatrienio en enero, a menos que el gobernador Pedro Pierluisi decida convocar a una sesión extraordinaria.

“Estamos analizando el Informe sobre Efecto Fiscal del Proyecto de la Cámara 1651 preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. También estamos analizando el borrador de un análisis económico realizado por un economista de la Aafaf, que recibimos hoy”, afirmó Mujica.

“Como indicamos en nuestra carta del 8 de noviembre del 2023, instamos a que pongan en pausa el proceso legislativo hasta que el análisis económico esté completados y podamos tener un diálogo completo con usted y el gobernador sobre el impacto del PC1651”, agregó Mujica en una carta dirigida a José Luis Dalmau Santiago y Rafael “Tatito” Hernández

La primera legislación sobre este tema fue anulada por la JSF, que alegó con éxito que la pieza legislativa tendría un impacto dramático a la economía.

El PC 1651 aumenta días de enfermedad y vacaciones, le da estos beneficios a trabajadores a tiempo parcial, aumenta el Bono de Navidad y reduce las horas necesarias para cualificar para este beneficio.

También reduce el periodo probatorio para la inmensa mayoría de los trabajadores.

El proyecto fue aprobado junto a un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) sobre el impacto fiscal. Dicha oficina sostiene que la medida no tiene impacto fiscal.

“La evidencia empírica sobre el impacto económico de protecciones laborales alrededor del mundo demuestra que el P. de la C. 1651, dado a que representa cambios mínimos, tendrá poco impacto, si alguno, sobre los recaudos del gobierno. Esto se debe a que, según establece la literatura académica, es poco probable que cambios menores de este tipo causen una pérdida significativa de empleos”, lee el informe de la OPAL.

“Similarmente, es poco probable que esta medida perjudique la productividad o el tamaño del sector formal. De hecho, el P. de la C. 1651 podría ayudar a crear más empleos en el sector formal. La evidencia sugiere que existen varias vías a través de las cuales el P. de la C. 1651 podría impactar positivamente la economía y, por ende, los recaudos del gobierno. Estas incluyen aumentos en la productividad dado a mayor satisfacción laboral, mayor retención de empleados en las empresas, la estabilidad en el empleo, entre otras”.

En agosto, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Boston determinó que la JSF podrá seguir interviniendo con legislación de Puerto Rico que afecte la “recuperación financiera” del gobierno, aunque dicha legislación esté dirigida solo al sector privado.