La administración universitaria sostiene que el proyecto pone en peligro la acreditación de la UPR.

La Cámara de Representantes aprobó anoche una medida que establecerá una nueva Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR), cuyo fin es dotar a la institución de las herramientas necesarias para garantizar su autonomía.

Una medida similar fue rechazada más temprano en el cuatrienio en el Senado, donde la oposición más férrea fue de su presidente José Luis Dalmau Santiago.

El Proyecto de la Cámara 1314, radicado por el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez a petición de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, persigue derogar la Ley 1 de 1966, según enmendada, que en ese entonces reorganizó a la UPR .

La UPR se opone al proyecto, que traslada el poder máximo en la institución de la Junta de Gobierno a un Consejo Universitario integrado por 13 personas. Seis de estos puestos serán ocupados por representantes de la comunidad universitaria. Su composición será la siguiente: tres serán estudiantes regulares, garantizando participación de al menos un estudiante graduado y un estudiante de bachillerato y tres docentes con nombramiento permanente en el sistema universitario.

Los restantes siete puestos serán ocupados por la comunidad externa a la Universidad, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Estos siete puestos serán escogidos de una lista de nominaciones que le someterá la Junta Universitaria. De estos siete puestos, no menos de dos serán ocupados por egresados de la UPR. Al menos uno será ocupado por una persona con vínculos en la diáspora puertorriqueña.

De otra parte, se crea la Junta Universitaria, integrada por el presidente de la UPR, todos los rectores, un representante claustral elegido por cada Senado Académico y un representante estudiantil por cada recinto, lo que conllevaría un grupo de más de 30 personas.

“La UPR también destaca que el P. de la C. 1314 contiene disposiciones que ponen en peligro la acreditación de la UPR. Una de las preocupaciones que surgen sobre el P. de la C. 1314 es que dicha Medida no toma en consideración que cualquier cambio sustancial al sistema universitario debe regirse por las políticas y procedimientos establecidos por la Middle States Commission on Higher y Education (en adelante, MSCHE) para las instituciones acreditadas por dicho organismo. La política de cambios sustanciales de la MSCHE establece que la institución debe someter los cambios ante la consideración de la MSCHE, quien ha de revisarlos y aprobarlos previo a su implementación. El P. de la C. 1314 incumple con dicha política”, lee el informe positivo de la medida.

Sin embargo, la pieza legislativa propone crear las disposiciones para que la propia comunidad universitaria pueda “transformar” la institución ante reclamos persistentes para que la UPR cuente con una “verdadera” estructura independiente.

“La UPR atraviesa un momento histórico que requiere el desprendimiento y las aportaciones de todos aquellos funcionarios públicos, independiente de la colectividad política a la que pertenecen. La Universidad es de todos, para todos y sin colores”, expresó la representante Deborah Soto Arroyo, presidenta de la Comisión de Educación que atendió la pieza en diversas vistas públicas.

La legislación recibió 29 votos a favor, 13 votos en contra y una abstención por parte de Wanda del Valle Correa durante la votación final.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) favoreció el proyecto.

Mientras, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, afirmó que se trata de un proyecto “sensato” y que “se atempera a la realidad de Puerto Rico”.

“Cuando uno le da una verdadera lectura a este proyecto, demuestra que es una sola Universidad con sus 11 recintos, y una gobernanza con una estructura universitaria y una estructura de administración que responde a los mejores intereses de la Universidad”, resaltó Márquez Lebrón.

Por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) afirmó que la medida es “fundamental” para defender la subsistencia de la UPR ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Es el principio de nosotros fortalecer la Universidad; regresarle la fórmula y darle un presupuesto robusto; regresar la matrícula a una que no requiera que los estudiantes tengan dos y tres trabajos parciales y que no puedan tener vida universitaria; y fortalecer toda la plantilla de empleados y profesores que se necesitan para fomentar la investigación; la creación cultural y artística; y la creación de país”, manifestó la legisladora.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), no obstante, votó en contra del proyecto al tiempo que el portavoz Carlos “Johnny” Méndez Núñez afirmó que la oposición de la colectividad no resta su sentido de defensa por la UPR.

El líder novoprogresista argumentó que no se puede llevar a la institución al mismo presupuesto con el que contaba en un pasado ante la dramática reducción en la matrícula de estudiantes.

“Sí hay que repensar la autonomía universitaria. Sí hay que repensar a la Universidad de Puerto Rico, pero tenemos que hacerlo con la realidad histórica que estamos viviendo y no solamente viéndolo con el crisol o el cristal político”, reclamó.

La portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, no tomó un turno sobre la medida. Sin embargo, la legisladora votó a favor de la pieza legislativa.