Aval en el Senado al proyecto de enmiendas a leyes laborales
La llamada Reforma Laboral todavía necesita ser refrendada en votación final.
El Senado aprobó esta tarde, a viva voz y sin debate, la nueva versión de la llamada reforma laboral.
La medida se aprobó con enmiendas que consistían en errores tipográficos y de texto repetitivo. La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén, rindió el informe positivo.
La primera legislación sobre este tema fue anulada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que alegó con éxito que la pieza legislativa tendría un impacto dramático a la economía.
La pieza legislativa, el Proyecto de la Cámara 1651, aumenta días de enfermedad y vacaciones, le da estos beneficios a trabajadores a tiempo parcial, aumenta el Bono de Navidad y reduce las horas necesarias para cualificar para este beneficio.
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También reduce el periodo probatorio para la inmensa mayoría de los trabajadores.
El proyecto fue aprobado junto a un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) sobre el impacto fiscal. Dicha oficina sostiene que la medida no tiene impacto fiscal.
“La evidencia empírica sobre el impacto económico de protecciones laborales alrededor del mundo demuestra que el P. de la C. 1651, dado a que representa cambios mínimos, tendrá poco impacto, si alguno, sobre los recaudos del gobierno. Esto se debe a que, según establece la literatura académica, es poco probable que cambios menores de este tipo causen una pérdida significativa de empleos”, lee el informe de la OPAL
“Similarmente, es poco probable que esta medida perjudique la productividad o el tamaño del sector formal. De hecho, el P. de la C. 1651 podría ayudar a crear más empleos en el sector formal. La evidencia sugiere que existen varias vías a través de las cuales el P. de la C. 1651 podría impactar positivamente la economía y, por ende, los recaudos del gobierno. Estas incluyen aumentos en la productividad dado a mayor satisfacción laboral, mayor retención de empleados en las empresas, la estabilidad en el empleo, entre otras”.
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En agosto, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Boston determinó que la JSF podrá seguir interviniendo con legislación de Puerto Rico que afecte la “recuperación financiera” del gobierno, aunque dicha legislación esté dirigida solo al sector privado.