La medida solo aplicaría para casos de no más de cinco gramos, pero tanto la Policía como el Departamento de Justicia se oponen a la propuesta, que sería atendida hoy en la sesión de la Cámara de Representantes.

La Cámara de Representantes ha incluido en uno de sus tres Calendarios de Órdenes Especiales para hoy un proyecto de ley que ordena a la Policía no incluir en un Certificado de Antecedentes Penales una primera convicción por la posesión de hasta cinco gramos de marihuana para uso personal.

El Proyecto de la Cámara 209 es de la autoría del representante penepé José Enrique Meléndez.

Tanto el Negociado de la Policía como el Departamento de Justicia consignaron su oposición a la medida.

En el caso de la Policía, la dependencia alegó que el asunto que atiende la medida ha sido cubierto por los programas del Negociado de Relaciones con la Comunidad y el Programa Vuelta a la Vida.

“Por consiguiente, no estiman pertinente que se proceda a enmendar la Ley 254, para permitir que la primera infracción por la posesión ilegal de marihuana en exceso de cinco gramos para el propio uso de la persona sentenciada no aparezca en el Certificado de Antecedentes Penales”, lee el informe de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara. “Destacan que, en la actualidad con los programas antes mencionados, enfrentan la problemática desde un punto de vista preventivo y criminal, de manera complementaria y no excluyente. Esto porque reiteran su compromiso con el ordenamiento jurídico debe sopesar dos derechos constitucionales de una manera armoniosa: el de la rehabilitación y el de la seguridad, respectivamente”.

En cuanto a Justicia, en el informe se indica que la agencia coincide en que el proyecto coincide con la política pública. “No obstante, aseguraron que mientras las disposiciones de la Ley Federal de Sustancias Controladas y la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico no sean enmendadas, cualquier sentencia que se haya dictado por violación a estos preceptos debe ser incluida en el Certificado de Antecedentes Penales, salvo las excepciones ya provistas en el ordenamiento jurídico actual”, lee el informe.

En la Exposición de Motivos de la medida se indica que el Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con una Oficina de Colocación de Empleos al servicio de confinados.

“Tiene la obligación de buscar la colaboración de distintos patronos del sector privado, con o sin fines de lucro, para emplear a los confinados y ex confinados. Sin duda, lo propuesto en esta legislación facilitará el proceso de reintegración a la sociedad a ciertos grupos de ex confinados”, lee el texto.