El Departamento de Justicia ni la Policía avalaron la medida.

La Cámara de Representantes aprobó a viva voz una medida que inhibe de un certificado de antecedentes penales a los casos de posesión ilegal de no más de cinco gramos de marihuana.

La medida no ha ido a votación final para saber si, en efecto, tendrá los votos y que pase a la consideración del Senado.

La autoría es del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, y ya se había referido a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, presidida por Luis “Narmito” Ortiz Lugo donde se emitió un informe positivo.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Alfredo Rivera Segarra se expresó en contra de la medida.

“Lo que no se está diciendo es que la primera vez que a usted lo cojan con cinco gramos o menos de marihuana no quede en récord de sus antecedentes penales, que no quede grabado ese acto ilegal. Lo que aquí hay que tener en contexto es que, aunque fueran cinco, cuatro, tres o dos gramos, fueron comprados de manera ilegal y de alguna manera le estamos abriendo el mensaje que se puede llevar es que no importa si te cogen la primera vez, después que sea cinco gramos o menos, pues no vas a tener problema con tus antecedentes penales”, expresó en su turno.

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“Por eso levanto la voz porque son puertas que no podemos permitir que se abran con facilidad porque son restricciones y garantías que tenemos como Estado y hay que decirle a la gente no hagas eso, que hasta aquí puedes llegar”, continuó.

La representante por el Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, tampoco avaló la medida.

“Concurro con las expresiones del honorable representante (Rivera Segarra). Mi posición desde que entré en esta Cámara de Representantes ha sido clara y contundente en contra de todo lo que atente contra el bienestar del pueblo de Puerto Rico. En este caso, como él dijo, si abrimos la puerta y empezamos a normalizar cosas que típicamente son ilegales, que no aportan en nada, pero sobre todo a la juventud, vamos a estar en contra”, sostuvo Burgos.

“Las estadísticas del Departamento de Salud establecen que los que tienen más licencia de cannabis en Puerto Rico son precisamente el renglón de jóvenes entre 21 a 31, seguido de los de 31 a 41años. Estamos hablando que la clase más productiva está consumiendo marihuana en Puerto Rico”, indicó.

De igual manera, Carlos “Jhonny” Méndez no avaló la pieza legislativa y lanzó un ataque a Meléndez, quien es su correligionario.

“Se aleja de los postulados del Partido Republicano y de los fundadores del Partido Nuevo Progresista, cuando nuestra posición es una conservadora, una visión de familia y de valores; y al abrirle la puerta al liberalismo progresista es que la sociedad está como está. Está bueno dar oportunidad, pero lo que es malo es malo para la sociedad”, destacó Méndez Nuñez.

Mientras que, el representante penepé José “Che” Pérez favoreció el proyecto.

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“Yo no veo de qué manera afecta. Por el contrario, creo que tenemos que buscar la manera de que no entren en la institución. El asunto de tu afectar el récord de trabajo a una persona por haber sido encontrado o acusado por este tipo de delitos que no debe ser hoy en día un delito, tenemos que buscar alternativas distintas. Dañarle el récord a una persona por eso, yo creo que atenta con los mejores intereses, inclusive de darle a las personas la oportunidad para que puedan mejorar”, contó.

Actualmente existen 12,500 pacientes activos en Puerto Rico. Según se desprende de la exposición de motivos en varios estados de los Estados Unidos han adoptado más reglamentos o interpretaciones administrativas que limitan la severidad de la posesión de pocas cantidades de marihuana.

La P. de la C. 209 no fue favorecida por el Departamento de Seguridad Pública (DSP), ya que no consideran pertinente la medida por la lucha que se lleva en el tráfico de drogas. Mencionaron una serie de programas que, según el DSP, ya cubren esta situación. Como los programas Vuelta a la Vida y el Negociado de Relaciones con la Comunidad.

Mientras que, el Departamento de Justicia recalcó que el 15 de septiembre de 2015 se aprobó la Orden Ejecutiva 35 que establece que procesar a una persona por posesión de seis gramos o menos de marihuana no estaría en las áreas de prioridad a la hora de asignar recursos para la implementación de la ley. Consideraron que el proyecto está dirigido a fortalecer la aspiración constitucional a la rehabilitación.

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