La Cámara de Representantes avaló la medida con numerosas enmiendas en sala.

La Cámara de Representantes aprobó la medida que enmienda el impuesto al inventario con el fin de congelarlo. Un tema que se ha estado evaluando con varias medidas ante la Junta de Supervisión Fiscal.

La Asamblea Legislativa tiene hasta este jueves para aprobar medidas en ambos cuerpos. El Proyecto de la Cámara 1798 bajó por la vía del descargue, sin discusión pública alguna y mucho menos las numerosas enmiendas en sala de última hora.

La medida es del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández.

"La primera enmienda es que la base que se va a congelar de tributación será el año contributivo 2022. Se cambió de un promedio a que sea un año fijo. La segunda enmienda tiene que ver con el periodo de congelación. La medida decía que serían cinco años , la Junta quería tres y yo hice el planteamiento -que siempre ha sido mi cantaleta- que ¿cómo se moverá esto en año político del próximo cuatrienio cuando nadie legislará para eso? Así que, lo llevamos a seis años", expresó Hernández Montañez en un aparte con la prensa.

En síntesis, el contribuyente que hoy pagó 25 vagones y $25,000 en el 2022 y va a importar vagones en el 2025, va a pagar los mismos $25 mil que pagó en el 2022 aunque se triplique la cantidad de vagones que tenga en su almacén.

La tercera enmienda es detallar un lenguaje claro de terminación del impuesto al inventario.

"Eso no estaba en el proyecto original. Ahora no se podrá sustituir por ningún tipo de mecanismo ni se puede legislar ni hacer algún tipo de ajuste que crea alguna disposición que agrave lo que no se vende en el inventario", destacó.

"La cuarta enmienda más importante es con la composición que tenía el Comité Evaluador, porque no tenía tanta participación de los alcaldes y se le cambió la proporción a siete miembros. Sería los presidentes respectivamente de la Federación y Asociación de Alcaldes, el presidente de la Junta del CRIM con el director ejecutivo del CRIM, un representante de la Cámara y Senado y un representante del Ejecutivo", expresó.

Los representantes José "Pichy" Torres Zamora, Héctor Ferrer, Jesús Manuel Ortiz González, Eddie Charbonier Chinea fueron algunos de los que se opusieron a la medida.

Hace unos días la Federación de Alcaldes avaló la postura de la Junta de Directores del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM) en torno al impuesto sobre el inventario y cómo no puede ser eliminado sin que se establezca una fuente de ingresos que lo sustituya.

El presidente de la Federación, Gabriel Hernández, llegó a exponer que la decisión que se tomó en la reunión mensual fue luego de evaluar la medida y entender que se obvian aspectos que son fundamentales tanto para los miembros de la Junta de Gobierno del CRIM, como para los respectivos presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes.

Sostuvo que entre los aspectos que hay que atender “se encuentra el hecho de que la exposición de motivos no presenta datos objetivos que demuestren que el impuesto al inventario es el motivo principal para que los comerciantes mantengan niveles de inventarios razonables”.

La Junta de Control Fiscal (JCF) ya había mostrado su posición recomendando un tope temporal al impuesto al inventario en Puerto Rico, a nivel de los pagos corrientes.

Sugirieron que se establezca un tope temporal, garantizando ingresos iguales a los recaudos anuales de los últimos tres años. Así, las finanzas municipales no verían afectados sus ingresos, y las empresas podrían aumentar sus inventarios sin cargas adicionales. Este tope no influiría en otros impuestos.

Además, de realizar un comité integrado por representantes de los alcaldes y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales que estudien y revisen alternativas adecuadas durante el periodo del tope al impuesto al inventario.

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