Se indicó en una conferencia de prensa que hay alrededor de 2,000 torres de telecomunicaciones con 20,000 antenas en la Isla.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón defendió esta mañana un proyecto de ley que crea Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones para supuestamente controlar la proliferación de antenas cerca de las comunidades.

Santiago hizo el anuncio en una conferencia de prensa junto a diversos sectores comunitarios representados por el Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas. El proyecto de ley en cuestión, el Proyecto de la Cámara 663, es del representante Denis Márquez Lebrón.

También estuvo presente el senador de Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe y el senador independiente José Vargas Vidot.

“Esta medida propone que realmente las comunidades sean escuchadas. Que sea compulsorio el proceso de celebración de vistas públicas, que las notificaciones sean las adecuadas y que atendamos irregularidades que se ven en las distintas manifestaciones, que se ve en la otorgación de permisos como lo es el tema de las certificaciones; que aquí se ha elevado al rango sacramental la firma de algunas personas que certifican cosas y eso se convierte en una verdad incuestionable”, expresó Santiago Negrón.

La Ley establecería los parámetros y distancias para la construcción de torres de telecomunicaciones, definiría su término, dispondría los requisitos de anclaje y diseño y establecería un sistema de uso integrado con el requisito que se le notifique a los colindantes del área de la instalación de la torre.

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El P. de la C. 633 tuvo el aval en la Cámara de Representantes el pasado 25 de junio con 49 votos a favor y uno en contra por el representante penepé, Carlos “Johnny” Méndez.

Ahora, está en la Comisión de lo Jurídico y Económico del Senado, presidida por el presidente del Alto Cuerpo, José Luis Dalmau Santiago.

El próximo martes se llevará a cabo la primera vista pública en el Senado.

El Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas expuso que en Puerto Rico hay alrededor de 2,000 torres de telecomunicaciones con 20,000 antenas.

“Nuestras comunidades están saturadas de antenas. Según los mapas gráficos de 2006 y 2009 de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, el 86.7% de estas están ubicadas en comunidades en las que vive gente. Es de igual preocupación que no se respeta nuestros recursos naturales, hay antenas en espacios protegidos de la zona cársica, en mogotes y en humedales”, destacó uno de los portavoces de la organización, Wilson Rivera.

“Este proyecto pide tres cosas bien importantes para nosotros: primero, una mayor distancia de las torres, porque las anclan en medio de las casas. También pedimos mayor participación e injerencia directa de los municipios en el proceso. Como también pedimos mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones”, continuó explicando Rivera.

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El Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas representa sobre 10 comunidades afectadas. Entre ellas en los pueblos de: Mayagüez, Ciales, Vega Baja, Las Piedras, Adjuntas, Humacao, Arecibo, San Sebastián y Luquillo.

Teresa Vélez, portavoz también de la organización, destacó que las comunidades han tenido que establecer cuotas mensuales para poder sufragar los gastos de demanda hacia las compañías responsables de la instalación de la torre en su municipio.

“Mayormente son mujeres de comunidades pobres, comunidades aisladas que no tienen los recursos económicos ni el conocimiento para poder continuar la lucha. Tenemos comunidades que han tenido que gastar más de $50,000 como lo fue el caso en San Sebastián, una de las primeras luchas en Puerto Rico. También, tenemos comunidades que tienen una cuota mensual para poder tener algún dinero para poder contratar a los escasos abogados que pueden tomar estos pleitos”, destacó Vélez.

“Buscamos una reglamentación nueva. Nosotros tenemos la Ley 89 del 2000, que 23 años después, se siguen rigiendo por esta Ley que no tiene respeto alguno a las comunidades. La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) -donde se emiten solicitudes de permisos- otorgan permisos sin el debido procedimiento. Llegan los desarrolladores a poner un letrero en el lugar que dice: solicitud de permisos, pero cuando miras ya hay construcción. De igual manera, cuando se levantan querellas en sitios que son altamente protegidos ecológicamente y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), no atiende las querellas. Todo se hace sin la participación de las comunidades”, sostuvo la portavoz.

Por otro lado, Marisol Sanes, representó en la conferencia de prensa al barrio Leguísamo en Mayagüez, "una comunidad de personas mayores retiradas, enfermas, empobrecidas y desplazadas. En nuestro caso, estamos en contra de la antena que se nos estableció y se levantó en medio de nuestra comunidad sin permiso. ¡No se nos peguntó nunca!”, contó Sanes.

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Los señalamientos en la conferencia fueron directamente al pobre desempeño por parte del DRNA, que supuestamente no ha atendido las múltiples querellas y para OGPE por otorgar permisos sin los debidos requisitos.

“Aun cuando interviene el Departamento de Recursos Naturales, tenemos el caso de la antena en Guayanilla que el DRNA estableció que la antena se hizo en unas coordenadas que no son las que se le dio permiso y no ha pasado absolutamente nada. El DRNA mismo documentó con tres personas de la agencia, que se está interfiriendo con un acuífero y tampoco se hizo algo. Ellos mismos ponen por escrito que se está violentando el reglamento y tampoco hacen algo. ¡Por eso, es importante esta participación comunitaria!”, concluyó.