Ya dos exgobernantes lo han hecho sin la necesidad de que se promulgue legislación.

La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes recomendó la aprobación de una medida que faculta a los exgobernadores a renunciar voluntaria y expresamente al servicio de escolta, seguridad y protección que ofrece el Negociado de la Policía de Puerto Rico; y a los beneficios y emolumentos que reciben.

P. de la C. 1280, del representante penepé José Enrique Meléndez, contiene varias enmiendas a la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, para alcanzar dicho propósito.

En el proyecto no se indica por qué es necesario legislar para faculta a un gobernante a renunciar a estos beneficios. De hecho, hay exgobernantes que lo han hecho como Aníbal Acevedo Vilá y Sila María Calderón. Incluso, la propia jurisprudencia citada en la Exposición de Motivo confirma que los exgobernantes pueden renunciar voluntaria y expresamente a tal derecho.

Establece en su exposición de Motivos que “es harto conocido el hecho de que la otorgación del servicio de escoltas conlleva una considerable asignación de fondos del erario, en contraposición a la situación económica existente y continuos clamores de austeridad. El impacto al presupuesto por los gastos en el servicio de escolta incluye sueldo, horas extras, concesión de hasta tres pasos de aumento de sueldo por riesgo, pago suplementario para vestimenta civil, gastos de viajes, alojamiento, vehículo, combustible, peaje, seguros y adiestramientos especializados, entre otros”.

Agregan, refiriéndose a los beneficios y emolumentos, que la legislación vigente crea la Oficina de Servicios a los ex Gobernadores, que es responsable de proveerle a cada ex Gobernador: Una oficina, debidamente equipada, en el sitio dentro de Puerto Rico que el ex Gobernador elija; el personal técnico y de oficina que el ex Gobernador necesite; y la compra de equipo y enseres y otros gastos generales de funcionamiento.

Indican, por otra parte, que actualmente, la Oficina de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía de Puerto Rico tiene 230 agentes asignados y que de estos, 61, específicamente, brindan el servicio de escoltas a funcionarios y exgobernadores.

“Nadie cuestiona que los ex gobernadores deben ser tratados con gran decoro y sensibilidad. Sin embargo, y dada la crítica situación fiscal que se experimenta, estos deben contar con la facultad de renunciar a los beneficios y emolumentos otorgados en virtud de distintas disposiciones legales y reglamentarias”, concluyen.

La aprobación de esta legislación, expresa el proyecto, “representaría una economía en el presupuesto gubernamental, y es cónsona con la política pública de continuar identificando y ejecutando medidas de reducción de gastos”.

Esta misma comisión cameral aprobó también otro proyecto que enmienda igualmente la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, para crear el “Programa de Manejo de Emergencias Psiquiátricas”.

Dicho programa, propone la medida, sería administrado por el Negociado del Cuerpo de Manejo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (NCEMPR), “con el propósito de tener equipos de profesionales dedicados a las intervenciones en crisis de salud mental que se centren en el bienestar de la persona intervenida sin el uso de la fuerza ni necesidad de arrestos”.

Otro proyecto avalado por el organismo legislativo y que también enmienda la misma Ley, propone crear el Cuerpo de Rescatistas Voluntarios dentro del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y extender a sus integrantes las protecciones de la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”.