Se pueden imponer multas englobadas de hasta $100,000 diarios y hasta $10,000 por caso a favor del asegurado o proveedor.

El Senado esta tarde avaló las enmiendas al proyecto de enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para ampliar el monto, multas y/o penalidades que puede imponer el Comisionado de Seguros a los seguros médicos pagados por el Estado y comerciales que operen en la Isla.

La legislación fue presentada poara supuestamente evitar que estas empresas dilaten la prestación de servicios médicos a los pacientes.

El Proyecto del Senado 1267, del senador popular Ramón Ruiz Nieves pero radicado por petición del Colegio de Médicos, le reconoce al Comisionado de Seguros jurisdicción para atender quejas sobre prácticas desleales o ilegales “que afecten al ecosistema de la industria de la salud, sobre cualquier seguro médico que se anuncie...”-, reza el proyecto.

Además, le permite al Comisionado de Seguros ordenar un cese y desista de ciertas prácticas de los planes médicos, exigir el pago de honorarios a favor de la parte querellante y le permite a este funcionario imponer multas englobadas de hasta $100,000 diarios y hasta $10,000 por caso a favor del asegurado o proveedor.

Las enmiendas se otorgan porque la ley dicta que se le prohíbe al Comisionado “mecanismos, prácticas o directrices que tengan como efecto dilatar la acción vindicatoria de derechos de los querellantes”, reza el proyecto.

Tambíén podrá imponer multas a los seguros médicos que operen en Puerto Rico sin importar el lugar de residencia de cualquier compañía o dueña del ente asegurador.

La medida legislativa se aprobó con enmiendas. Todos los legisladores votaron a favor.

Se estableció de igual manera, que en ninguna circunstancia se podrá detener el procedimiento de imposición de multas o cualquier otro pago.

El senado Ramón Ruiz Nieves tuvo un turno para solicitarle a los Senadores que dieran su voto a favor.

"Puerto Rico tiene cerca de tres millones de puertorriqueños que utilizan seguros médicos prácticamente privados y cuando empezamos a discutir esta medida se ha planteado unos asuntos que imperan en Puerto Rico en la industria de salud, como la deuda de $200 millones referente a los planes médicos, la fuga de más médicos se van de la Isla y todo refrente lo que envuelve el marco de los planes médicos en Puerto Rico", sostuvo.

"Esto se ha planteado en la mayor parte de la industria de seguros, corresponde a los planes médicos que han conseguido abarcar y manejar un negocio de miles de millones de dólares en Puerto Rico, que se ha convertido en el lucro de unos cuantos y no en el servicio de salud que Puerto Rico reclama", continuó explicando.

El senador José Vargas Vidot, también avaló la medida señalando los seguros médicos como atropellante.

"Esta medida tiene la capacidad de ser muy precisa y creo que vamos adelantando pasos a tomar el toro por los cuernos. Hace mucho tiempo se plantea el tiempo que llevamos para que se haya logrado la cronicidad de esta enfermedad llamadas las aseguradoras; y ha pasado porque por uso y costumbre, estaban acostumbrada a manejar tanto dinero y tanta influencia que a veces veo cabilderos de esas compañías que creo que viven aquí. A veces los confundo con el mármol, este junte de mafia que asumen que están brindando servicios de salud, cuando en la realidad lo que están fortaleciendo son los bolsillos de un grupo selecto de codiciosos", destacó Vidot.

Por su parte, el senador Juan Oscar Morales también favoreció la medida.

"Yo creo que es un deber y una responsabilidad, apoyar este tipo de medidas porque van dirigidas a que las aseguradoras dejen ya la práctica de dilatar los servicios que se le ofrecen a diferentes pacientes. Yo mirando la medida y escuchando a los compañeros, es algo razonable que se haga la multa más alta todavía. Estas son aseguradoras que de aquí a dos meses, en diciembre ustedes lo van a escuchar diciéndole al país de que su ganancias a veces ronda e los $100 millones y a veces nos tenemos que preguntar, ¿a cuenta de que tienen esas ganancias? ", indicó Morales.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau había convocado a vista pública de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico precisamente para atender la medida.

En ella, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) avaló el PS 1267.

“Este Proyecto propone conceder herramientas adicionales a nuestra función fiscalizadora aumentando las penalidades actualmente dispuestas en el Código de Seguros de Puerto Rico con el propósito de disuadir cualquier tipo de práctica desleal o ilegal por parte de los planes médicos en Puerto Rico. Por tanto, apoyamos esta o cualquier medida que conceda mayores facultades al Comisionado para velar por el cumplimiento de las leyes bajo nuestra jurisdicción, incluyendo la imposición de sanciones más severas a las actuales, entre otros remedios”, expuso Alexander Adams Vega, Comisionado de Seguros.

Mientras, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico mostró oposición.

“Esta medida aumenta desproporcionalmente las multas y penalidades e impone carácter reparador a las acciones del asegurador, sin mediar una definición clara de los daños o del mecanismo de valoración de éstos, dejando a la entera discreción del Comisionado de Seguros lo que constituye una sanción adecuada”, expuso Iraelia Perna, director ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico.

“Por tanto, la Asociación no endosa la aprobación del Proyecto 1267”, sostuvo.

En cuanto al Colegio de Médicos Cirujanos endosó la medida.

“El asegurador de salud es un simple intermediario que reparte riesgo y debería abaratar costos para beneficio social, con márgenes estrictamente regulados de ganancias. Sus operaciones deberían ser celosamente auditadas para solventar la solidez de sus reservas y minimizar la especulación, la concentración de mercado y los juegos financieros que merman la cubierta efectivamente recibida por los asegurados”, detalló en su ponencia Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio.

“La mitad de los profesionales de la medicina ha tenido que marcharse del país en la pasada década, mientras que cada profesión de la salud ha visto una emigración, comparablemente alta, de sus miembros. A la emigración forzada por tarifarios virtualmente congelados o recortados, excepto recientemente en el Plan Vital, se suma el "envejecimiento” y consecuente retiro o el retiro prematuro por el ambiente tóxico generado por la manera de hacer negocios, de las aseguradoras de salud”, indicó.

“Cabe destacar como elementos centrales de la toxicidad creada por las aseguradoras las variaciones unilaterales a los términos de sus contratos con los proveedores; el impago o el pago tardío o incompleto por los servicios prestados; las acciones de recobro que permiten retro activizar ajustes en el pago y hacer retenciones que, en ocasiones, pueden descarrilar una práctica profesional”, destacó.

Se otorga un plazo de treinta días laborables desde la aprobación de esta Ley para adoptar o atemperar la reglamentación necesaria.

El Proyecto del Senado 1267 pasará a la consideración de la Cámara de Representantes.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo jueves.