El contralor electoral Walter Vélez se expresó preocupado por este y otros cambios que el cuerpo legislativo ha hecho a su propuesta de reformar la Ley de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

El contralor electoral Walter Vélez ha levantado preocupación sobre ciertos cambios que la mayoría popular en la Cámara de Representantes ha hecho a su propuesta de enmiendas a la Ley de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011).

Una de las objeciones tiene que ver con lenguaje incluido por los populares que permitiría que un candidato se apropie del dinero sobrante de su comité de campaña en caso de ser disuelto por la razón que sea.

“Esta propuesta, de haber estado vigente cuando los exgobernadores Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares desistieron de las candidaturas a la gobernación y, por ende, pasaron por un proceso de disolución de comités en cuanto a los fondos recaudados para esa candidatura, hubiera resultado en que estos hubieran culminado el proceso de disolución con $214,859.00 y $296,600.22 cada uno en su dinero personal, respectivamente, por concepto de sobrantes, luego de pagar todas sus obligaciones, incluyendo multas y penalidades”, afirmó Vélez en un memorial del 6 de octubre enviado a la Cámara de Representantes.

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“Esto sin contar los fondos sin utilizar que tienen actualmente en sus cuentas bancarias los comités de campaña de alcaldes que fueron arrestados mientras eran incumbentes y posteriormente fueron enjuiciados por las autoridades federales con cargos por corrupción que, de estar vigente una enmienda como la que propone el Proyecto, la disolución de sus comités de campaña redundaría en la obtención de dinero mediante la conversión sus fondos de campaña en fondos personales”, agregó.

Vélez reaccionó sorprendido al texto del propuesto en entrevista con Noticel.

“Quisiera pensar que el lenguaje que se incluyó su intención era otra, pero cuando vas a la letra de lo que se propone, no tengo otra forma de interpretarlo”, afirmó Vélez al recordar que todos los alcaldes que han sido acusados por corrupción a nivel federal hubieran podido, sin el lenguaje propuesto fuera ley, apropiarse del dinero de su comité de campaña.

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Vélez presentó en marzo un anteproyecto que recogía cambios a la Ley 222-2011. Esa medida se dejó en Asuntos Pendientes en la Cámara al final de la sesión ordinaria pasada, pero esta semana el vicepresidente del cuerpo legislativo, José “Conny” Varela y el presidente Rafael “Tatito” Hernández Montañez presentaron otra medida que recoge algunos aspectos de la propuesta de Vélez.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1881.

“Vamos a arreglar ese lenguaje. Eso no va a bajar así”, dijo Varela al hablar del texto sobre los fondos que retendría el candidato tras disolver su comité. “Es posible que alguien me lo haya dado (el texto) en la delegación”, dijo sin revelar quién fue.

El coautor del proyecto es Hernández Montañez.

Varela indicó a NotiCel que la delegación popular tuvo preocupaciones sobre ciertos aspectos “constitucionales” del proyecto original. También recordó que el proyecto original, que recogía la propuesta de Vélez, no fue firmado por los portavoces Denis Márquez, Carlos Méndez Núñez y José Bernardo Márquez.

Solo fue firmado por Varela y Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad.

Vélez manifestó que se eliminó la prohibición a que contratistas gubernamentales y corporaciones hicieran donativos políticos. Vélez no incluyó un texto específico en el proyecto original, pero recordó que dijo que sería deferente para que textos de otros proyectos radicados atendieran el asunto.

Se eliminó igualmente la propuesta de limitar a $250 anuales el límite combinado de donativos en efectivo, giro postal, cheque de gerente, cheque bancario o cheque de viajero que un comité de campaña, comité autorizado o comité de partido político podrá recibir por donante. A partir de esa cantidad, todo donativo adicional del donante que superara el límite se tendría que hacer mediante cheque personal o transferencia electrónica.

En cambio, se elevó de $2,600 a $3,100 anuales la cantidad que puede donar una persona natural a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política.

Varela indicó que se rindió un informe positivo como presidente de la comisión que maneja asuntos electorales en la Cámara y, ante la falta de quórum en una vista de evaluación de enmiendas convocada para este pasado viernes, recogerá las firmas del informe durante la próxima semana para que el proyecto sea llevado a votación.

Varela reconoció que se trata de una versión más “liviana” de la propuesta de Vélez.

Entretanto, Vélez sostuvo que tendrá deferencia con el proceso legislativo. Ya envió su memorial explicativo resumiendo sus objeciones, pero no fue categórico sobre se opondría a la aprobación de la medida tal como ha sido redactada.

“Les daré la deferencia y si tienen alguna duda estoy disponible para aclarar algún lenguaje. Hay muchas propuestas que van a la médula del tema de la corrupción en Puerto Rico y es necesario que sean adoptadas, ya sea en este proyecto o en otro aparte”, dijo.

A continuación, algunos de los elementos más importantes de la medida:

1.Requiere que cualquier organización política inscrita en otra jurisdicción de Estados Unidos, incluyendo la Comisión Federal de Elecciones, que tenga la intención de realizar donativos o incurrir en gastos relacionados a candidaturas o elecciones en la isla, se registre ante la OCE tras haber realizado su primer donativo o gasto relacionado a candidaturas. Además, indica el proyecto que, si los donativos o gastos relacionados a candidaturas o elecciones superan, en el agregado, los $1,000 en un año calendario, la organización se registrará como comité ante la OCE. El comité estará obligado a presentar los informes de ingresos y gastos ante la OCE.

2.El proyecto dispone que los donativos anónimos para las candidaturas a la gobernación no van a superar los $300,000 y que el tope a recaudar por rifas, sorteos y bingos será de $15,000. No obstante, esa cifra no contará contra el tope fijado para donativos anónimos. La OCE sostuvo que ese lenguaje abre la puerta a que aspirantes o candidatos reciban donativos en efectivo que sobrepasen los límites dispuestos por Ley, hasta unos $15,000, y atribuyan el recaudo a rifas, sorteos y bingos que quizá ni se hayan celebrado. La OCE propone que el límite a recaudar en rifas, sorteos y bingos sea de $5,000.

3. En el caso de otros candidatos, el dinero recibido anónimo no podrá exceder el 30% del total de recaudos del candidato que más recaudó para su misma candidatura en el año correspondiente del ciclo electoral anterior.

4.Facilita a la OCE probar que se ha hecho un donativo coordinado entre dos o más comités. El estado de derecho dispone que para probar la coordinación de gasto se necesitará un documento escrito que así lo establezca. Con la enmienda, se elimina el requisito del documento escrito.

5. El proyecto le requiere a cualquier jefe, autoridad nominadora o director regional de una agencia, departamento, dependencia gubernamental o corporación pública, incluyendo cualquier Secretario, asesor o funcionario que tenga que esperar 30 días después de su renuncia para presentar una declaración de organización ante la OCE.

6. Convierte en delito grave proveer información falsa sobre donativos realizados o recibidos o gastos incurridos. La pena será no menor de un año ni más de tres años de prisión. Si se probara que el delito fue cometido para ocultar donativos o atribuirles donativos a personas diferentes al donante, la pena de reclusión será de no menos de tres años ni mayor de cinco años.

8.La medida dispone que la OCE puede acudir al tribunal para solicitar el embargo o congelación de cuentas de depósito de aspirantes, candidatos o partidos que fallen en pagar una multa de la OCE dentro de los 30 días de su notificación. No obstante, Vélez sostuvo que su oficina ya tiene esa facultad y denunció que el lenguaje le resta poderes a la OCE ya que actualmente puede demandar personalmente a aspirantes, candidatos o tesoreros. Según Vélez, la OCE se ha topado con que, al momento de multar comités de campaña, estos no tienen fondos disponibles para pagar las multas. Indicó que la propuesta de la Cámara, que ahora le reconoce personalidad jurídica a los comités de campaña, tendría el efecto de “librar de toda responsabilidad personal a los aspirantes, candidatos, presidentes de comité y sus respectivos tesoreros por las infracciones a la Ley 222 que hayan cometido y por las cuales se les haya multado o requerido la devolución de donativos”.

“Cualquier candidato o aspirante viola la ley, comete violaciones a sabiendas y se escuda detrás de este elemento abstracto del comité y no tiene que pagar. No quiero pensar que esa es la intención. Quisiera pensar que el lenguaje que se usó no está redactado de manera clara, pero cuando vas a la letra de la enmienda, el efecto es que sanciona al candidato o aspirante que insiste en violar la ley”, dijo Vélez a NotiCel.

“El efecto práctico de la adopción de las enmiendas a las definiciones aquí señaladas sería crear un sentido de impunidad en los aspirantes, candidatos, presidentes y tesoreros de los comités ante la posibilidad de ser multados por la OCE, toda vez que ya no responderían con su dinero personal por las transacciones de ingresos y gastos contrarias a la Ley 222 que autorizaron o, cuanto menos, dejaron pasar por alto”, agregó.

9. Prohíbe que ciudadanos extranjeros hagan, de manera directa o indirecta, contribuciones, donativos o incluir en gastos de candidatos y partidos políticos. Se define extranjero como una persona que es ciudadano americano y no está admitido como residente permanente de Estados Unidos. La OCE plantea que ese campo está ocupado por legislación federal.