Así lo consignó en una carta en que endosa, con enmiendas, un proyecto de ley que solo atiende el tema del impuesto al inventario.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha dejado claro que su intención es abolir el impuesto por la propiedad en su totalidad, incluyendo dentro de esa iniciativa la eliminación del impuesto al inventario.

Cada año los gobiernos municipales recaudan alrededor de $447 millones en impuestos a la propiedad y de esta cifra, $237 millones corresponden al impuesto al inventario.

La JSF, al insistir en que cualquier legislación tiene que ser fiscalmente neutral, consignó su postura en una carta firmada por su director ejecutivo Robert Mujica y dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. La misiva surge como respuesta del ente fiscal al líder cameral en torno a dos proyectos de ley, que proponen legislación distinta para atender el problema del impuesto al inventario

En la misiva, el ente fiscal adjudica como cierta la denuncia de que el impuesto al inventario provoca que los negocios mantengan niveles inadecuados de inventario. También señala que en 36 estados se ha eliminado este impuesto y los otros 14 tienen un impuesto similar al de la isla, pero más bajo.

“La JSF recomienda la eventual eliminación total del impuesto al inventario y el impuesto personal a la propiedad en general. Estos impuestos aplican efectos distorsionados en negocios, desalienta la inversión en maquinaria y equipo y da paso a inventarios más bajos. Como tal, los impuestos personales a la propiedad y el impuesto al inventario son pobres mecanismos para generar ingresos, especialmente en el nivel municipal”, lee la carta.

Al reconocer que eliminar estos impuestos de manera en que sea fiscalmente neutral sería difícil, la JSF está recomendando que mientras se congela el impuesto al inventario (se coloca una especie de tope) se cree un comité pequeño para evaluar un sistema alterno y presentar una propuesta.

“Es importante que la legislación sea escrita de manera de que cuando expire, el impuesto al inventario sea eliminado permanentemente y reemplazado con una estructura de ingresos alternativa acordada entre el comité o grupo”, lee la carta.

La JSF indicó que apoya la idea de que una comisión o grupo analice posibles reformas y favorece que se congele el impuesto al inventario tomando en cuenta planillas previas presentadas por negocios y la volatilidad que pueden presentar negocios nuevos en lo que concierne a sus inventarios.

“El sistema debe ser sencillo y transparente ya que los datos ya están disponibles para calcular el periodo de congelamiento”, lee la carta.

La JSF adjudicó que el Proyecto de la Cámara 1798, de Hernández Montañez se acerca más al plan que ha trazado que el Proyecto de la Cámara 1692, de múltiples legisladores. Esto, debido a que el PC 1798 incluye un periodo de congelamiento por cinco años, cálculos distintos para negocios existentes y negocios nuevos y propone la creación de un grupo de siete personas con un plazo fijo para proveer recomendaciones dirigidas a una reforma permanente.

La JSF sí recomienda enmiendas al PC 1798. Por ejemplo, la medida dispone que si las recomendaciones del grupo no son aceptadas se declararía otro periodo de congelamiento de cinco años y este lenguaje, según la Junta, sería un disuasivo para provocar un sentido de urgencia. Por lo tanto, la JSF recomienda como enmienda que al final de los cinco años se elimine el impuesto al inventario.

En el caso del PC 1692, se acerca al problema de una manera distinta y básicamente propone reemplazar el impuesto al inventario con otro impuesto.

“El PC 1692 no ofrece una reforma abarcadora”, indicó la JSF.

En cuanto a la sustitución del impuesto al inventario, la JSF señala que el esquema actual está limitado por excepciones y exoneraciones. Indica que cualquier congelamiento del impuesto al inventario debe evitar que se reduzcan los ingresos a los municipios y evasión del pago de impuestos por parte de negocios/