Permitiría que la Policía investigue a compradores de hasta 5,000 balas al año. La ley vigente dispone que se iniciará la investigación a partir de la compra de 20,000 balas.

Los departamentos de Seguridad Pública y Justicia favorecieron un proyecto que busca enmendar la Ley de Armas para establecer topes al número de municiones que se pueden adquirir en un año natural.

Mientras, organizaciones de armeros consignaron su oposición a la medida.

El proyecto de la Cámara 1648 propone enmendar la Ley de Armas y establecer una cifra específica municiones -5,000- compradas en un año natural que provocaría que las armerías tengan que notificar a la Oficina de Licencia de Armas del Negociado de la Policía para que se pueda investigar al comprador.

La medida fue atendida por la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano.

En representación del Departamento de Seguridad Pública, la licenciada Omara Arias explicó que la agencia está a favor de la medida, pues “desde una perspectiva de seguridad pública merece total apoyo, ya que en nuestro país se utilizan armas de fuego durante la comisión de la mayoría de los asesinatos y robos”.

De igual forma, el Departamento de Justicia, representado por la licenciada Elba Cruz, está a favor de la pieza legislativa. En su ponencia, Justicia no observa impedimento legal en que se disminuya o modifique la cantidad de 20,000 municiones, para que los armeros notifiquen la adquisición a la Oficina de Licencia de Armas, y esta ostente jurisdicción para indagar sobre el uso de dichas municiones.

A preguntas del senador Thomas Rivera Schatz, Cruz comentó que la compra de municiones no hace sospechosa a una persona. No obstante, si excede de 20,000 municiones pudiese verse como un sospechoso. El texto de la ley no limita la cantidad de municiones, pero establece un borde para que los armeros notifiquen una compra excesiva para que el Negociado pueda investigar. Si hay motivos para investigar a una persona en más de una ocasión, se puede hacer.

Por otro lado, el doctor Diego Zavala del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, destacó que, anualmente, en el 87.6% del total de los homicidios se utilizó armas de fuego.

Zavala dijo que la Agencia Federal Antidrogas ha denominado a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes como un área de alto tráfico de drogas. En el 2022 se importaron más de 25 millones de municiones a Puerto Rico, y los grupos armados del narcotráfico no tienen problemas en obtener municiones. “Este es un esfuerzo para conocer quiénes están adquiriendo municiones”, dijo.

El también portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuestionó si hay algún esfuerzo contra aquellos delincuentes que se les incautan armas que no están registradas, pues se evalúa la cantidad de municiones, pero no las armas y “el crimen organizado estaría riéndose de nosotros”. El Departamento de Seguridad Pública respondió que la Superintendencia de Asuntos Criminales está haciendo un esfuerzo para evaluar esta situación.

“Hay que ver de las importadas, cuales se decomisaron o cuáles se utilizaron para fines de práctica. Hay que tener una data para saber estos datos. Debemos saber qué cantidad compra el Gobierno estatal y federal”, comentó Rivera Schatz.

Por su parte, el representante José Bernardo Márquez Reyes, autor de la medida y quien participó de la vista como invitado, cuestionó por qué hay un alza acentuada en la aprobación de la licencia para portar armas. El teniente Jonny Acevedo Román informó que hasta ayer había 180,540 solicitudes de las cuales 179,066 han sido aprobadas, y atribuye el alza a que la Policía es quien brinda la licencia y no el Tribunal; además es más económico.

El senador Rivera Schatz le preguntó al teniente si puede afirmarle al Senado que las 179,066 licencias que han sido aprobadas son “a conciencia” de que el ciudadano está apto para poseer armas, y afirmó que sí.

Por otro lado, organizaciones como la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (CODEPOLA), la Asociación de Armeros, la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles, y la Legítima Defensa se posicionaron en contra de la medida.

“El Negociado de la Policía ya tiene una carpeta de todos los ciudadanos que poseen licencia de armas. Pero como el carpeteo es ilegal, pretende el Estado pasar la responsabilidad al armero. Si ya el Negociado sabe que la persona compró la cantidad de municiones que daría comienzo para intervenir, ¿por qué el armero tiene que notificar lo que ya el Estado conoce?”, lee la ponencia de la Asociación de Armeros.

A modo de panel, los armeros comentaron que la segunda enmienda de la Constitución confiere el derecho a los ciudadanos a tener, poseer y portar armas de fuego y municiones, por lo que la medida pretende violar este derecho.

La senadora Marissa Jiménez Santoni y el senador Rafael Bernabe participaron de los trabajos.