En la Cámara de Representantes se trató de bajar a votación un proyecto que no era respaldado por el CRIM.

La discusión en la Legislatura en torno a la aprobación de un proyecto de ley que identifique un mecanismo que sustituya el impuesto al inventario está estancada, provocada por la aparente mala comunicación entre las partes interesadas en el asunto.

Sin mucho ruido y de manera sorpresiva, este pasado 21 de agosto el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ordenó que se atendiera por descargue, entiéndase sin vistas públicas y sin la redacción de un informe, el Proyecto de la Cámara 1692, que supuestamente identifica el nuevo mecanismo para sustituir el impuesto que le genera a los municipios unos $230 millones anuales. Sin embargo, la votación de la medida fue detenida a petición del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“Nosotros cumplimos con estar listos para aprobar una medida para congelar el impuesto al inventario y poder liberar los $66 millones de los municipios. El CRIM tiene reparos, así que estamos en espera a que se pongan de acuerdo entre ellos”, dijo Hernández Montañez al referirse al CRIM, los alcaldes y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Cuando estén listos nosotros aprobamos”, agregó en declaraciones escritas.

Esos $66 millones corresponden a una partida incluida en el presupuesto del país que sería liberada a favor del Fondo de Consolidación Municipal solo si se identifica, mediante legislación, un sustituto al impuesto al inventario.

Lo curioso es que el contenido del PC 1692, radicado en abril y que indica que fue a petición del CRIM, no fue reconocido por el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, quien aseguró que se le cambió el texto decretativo. La medida básicamente dispone que se pagará el impuesto sobre los artículos vendidos.

“Quien provocó que se detuviera fui yo”, dijo Paniagua a NotiCel al relatar que el portavoz penepé en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, fue quien le alertó que la medida sería llevada a votación el 21 de agosto.

Paniagua sostuvo que la legislación presentada en abril solo iba dirigida a eliminar la recurrencia del impuesto. En otras palabras, que el comerciante tuviera que pagar el impuesto una sola vez por el artículo que aplique y solo al momento de la venta y no año tras años mientras el artículo se encuentre en el almacén, que ha sido la principal queja del sector comercial y la supuesta razón por la cual cada vez hay menos inventario en los negocios del país.

Luego de radicada la medida, sin embargo, personal del CRIM se reunió con gremios como el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio, la Asociación de Comercio al Detal, la Asociación de Restaurantes y la Cámara de Mercado, Industria y Distribución de Alimentos.

“Hubo dudas que surgieron y comentarios y decidimos volver a la mesa, modelar números y hacer unas evaluaciones para poder atender los reclamos”, dijo Paniagua.

Paniagua aseguró que en junio entregó a la mano a Hernández Montañez una segunda medida.

Este proyecto, del cual NotiCel tiene una copia, no ha sido radicado.

Esa propuesta, que es la que ahora defiende el CRIM, propone establecer una tasa fija de pago del impuesto, calculada a base de lo que se pagó en la planilla del 15 de mayo del 2022. La tasa estará vigente por los próximos cinco años y, durante se periodo de tiempo, el CRIM hará un análisis sobre el futuro del impuesto. Esto significa que un comerciante no se vería penalizado si importa más mercancía tributable ya que existirá un tope sobre el impuesto.

“De esta forma, se atenderá potenciales problemas relacionados con el abastecimiento de los bienes básicos de sobrevivencia humana, pues los comerciantes, podrán almacenar en exceso a la valoración del inventario reportado en el año económico 2021, que se identificará como el año base 2021, sin que estén sujeto a tributación”, lee la Exposición de Motivos de la pieza.

En el caso de negocios nuevos, Paniagua dijo que pagarían tomando como base para el cálculo sus operaciones durante el primer año.

A todo esto, se desconoce la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno al tema y si levantaría bandera porque se puedan menoscaban los ingresos del fisco.

Este pasado jueves, Paniagua sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez.

“Lo que hizo (Paniagua) fue que me trajo la historia que han tenido con el proyecto y los cambios que quieren hacer y la razón”, dijo Santa Rodríguez. “La realidad es que no sé cuál será la medida (a atenderse)”.

El legislador por Caguas sostuvo que el 11 de agosto el caucus popular en la Cámara acordó que uno de los proyectos principales a atenderse en esta corta sesión ordinaria será el del impuesto al inventario y otros como los cambios a las leyes laborales, los cambios al Código de Rentas Internas y los cambios a la Ley Electoral.

“Hay diferencias entre el proyecto del CRIM y el que se intentó bajar”, sostuvo. “El CRIM expresó a Tatito y a Johnny Méndez que lo que se quería bajar a votación no iba a tono con lo que querían. Ya sé cuáles son sus inquietudes y me toca reunirme con Juan José”, dijo Santa Rodríguez.

Se refiere al representante popular Juan José Santiago, quien tiene la jurisdicción primaria sobre la medida como presidente de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización. El legislador de primer turno admitió desconocer por qué se trató de bajar a votación por descargue el PC 1692.

Santiago indicó que los cambios incluidos al PC 1692 fueron introducidos por los asesores del presidente cameral.

“Te puedo decir que en este momento lo que estamos haciendo es sentarnos a la mesa y conciliar las diferencias”, dijo Santiago al recalcar que él solo avalará un proyecto respaldado por el CRIM.

“Cuando se dice que no va a afectar (los recaudos) es que se va a pagar lo mismo. Lo importante es que el proyecto sea avalado por los alcaldes y atienda lo que han presentado los comerciantes”, dijo Santiago.

Sobre cómo convencer a la JSF de que el proyecto a ser aprobado no afectará los recaudos, Paniagua indicó que se trata de “quien va a pagar un poco más o quien va a pagar un poco menos”.

“Lo que precisamente es importante es buscar una fórmula en que los municipios no se vean afectados en cuanto a los recaudos, pero que el comercio no tenga que pagar más de una vez por el mismo artículo”, dijo Paniagua.

“Ellos (la JSF) están analizando nuestra medida y se van a pronunciar por escrito”, agregó.