Recibió un veto de bolsillo del gobernador Pedro Pierluisi

Los portavoces de la delegación legislativa de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) lamentaron el veto del gobernador Pedro Pierluisi a una medida que hubiera obligado a patronos con nóminas de más de 50 personas a notificar con tiempo a los empleados y agencias como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) sus intenciones de cerrar operaciones.

En apretada síntesis, estos patronos tendrían que hacer su anuncio entre 60 y 90 días antes de que tuviera efecto.

El proyecto fue aprobado unánimemente con 10 ausentes en la Cámara, pero en el Senado recibió ocho votos en contra: Carmelo Ríos, Gregorio Matías, Thomas Rivera Schatz, Marissa Jiménez, Nitza Morán, Migdalia Padilla, Keren Riquelme y Joanne Rodríguez Veve.

Los penepés William Villafañe y Juan Oscar Morales votaron a favor.

La pieza legislativa, conocida como la Ley ALERTA, fue presentada a raíz de las situaciones enfrentadas por empleados de plantas farmacéuticas y de equipo médico que han cerrado repentinamente a lo largo de Puerto Rico.

"Este era una medida tripartita que buscaba proveer un aviso adecuado a los trabajadores que enfrentan despidos masivos. Hemos visto en demasiadas ocasiones que, de un día para otro, se quedan sin trabajo cientos de trabajadores, lo que desestabiliza a todas esas familias e incluso el municipio entero donde laboraban. Sabemos que las compañías no toman estas decisiones al último minuto, pero sí las notifican al último minuto. Buscábamos garantizar que compañías grandes notificaran esos despidos masivos con al menos dos o tres meses de anticipación, lo que permitiría a los trabajadores y las trabajadoras planificar su transición laboral" sostuvo en declaraciones escritas la senadora Ana Irma Rivera Lassén, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado.

El veto del Gobernador se suma a otros de este cuatrienio que, según los legisladores de MVC, protegen poderosas industrias, tales como el veto al Proyecto de la Cámara 153, que regulaba el uso de la figura de ‘pago en finiquito’ por parte de las aseguradoras, utilizada “extensamente y de manera abusiva”, según MVC, luego de los huracanes Irma y María, y el veto a la Ley de Protección de Vivienda Durante Emergencias, que protegía temporalmente a las familias de desalojos y ejecuciones de hipotecas luego de desastres naturales y que contaba con la oposición del sector bancario.

“Este tipo de veto confirma algo que he dicho antes, que el Gobernador muchas veces actúa como demócrata en Washington y republicano en San Juan. El proyecto ALERTA era perfectamente compatible con el programa de gobierno de la administración Biden, que ha estado elaborando grupos de trabajo, informes y recomendaciones legislativas dirigidas a fortalecer las protecciones laborales. Legisladores populares y penepés también respaldan la medida porque han visto estas situaciones en sus municipios, pero lamentablemente no es la primera vez que el Gobernador coloca a los grandes intereses sobre las familias trabajadoras", añadió el representante José Bernardo Márquez, autor de la legislación y portavoz de Victoria Ciudadana en la Cámara.

Rivera Lassén y Márquez indicaron que la medida puede ser radicada nuevamente, pero tendría que atravesar todo el trámite legislativo de nuevo.

“Es algo que estamos considerando seriamente. Nos parece una medida modesta pero significativa que responde a unas preocupaciones que comparten los constituyentes de muchos legisladores y legisladoras. Cada semana uno lee de cierres de plantas y nos preguntamos, ¿por qué dificultades estarán pasando esos empleados que ahora van a la calle de un día para otro? No tiene que ser así, otras jurisdicciones lo hacen mejor y estoy confiado que eventualmente aquí también estableceremos las protecciones que merecen nuestros trabajadores y trabajadoras para sentir menos desasosiego ante situaciones como estas”, concluyó Márquez, quien comentó que auscultaría el parecer de los otros autores y autoras al comienzo de la nueva sesión legislativa.