Medida busca beneficiar, entre otros, al puertorriqueño "de a pie" y a los pequeños empresarios, además de eliminar burocracia.

La Cámara aprobó hoy la reforma contributiva, que tendrá un costo de $655 millones de dólares y que busca beneficiar, entre otros, al puertorriqueño "de a pie" y a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), además de eliminar burocracia.

El sustitutivo de la Cámara a los proyectos 251, 561, 1576, 1602, 1645 y 1760 -aprobado con 44 votos a favor y cuatro en contra- pretende la promulgación de la "Ley para Reformar el Sistema Contributivo", con el fin de simplificar el sistema contributivo y propiciar el desarrollo económico.

La reforma contributiva de 126 páginas (y 6 proyectos) implicará modificaciones a varias normativas, entre ellas el Código de Rentas Internas, la “Ley General de Corporaciones, el Código Municipal, el Código de Incentivos y la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos.

En la sesión ordinaria de hoy, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, declaró que para la medida se usó como "base" el proyecto del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, con inclusiones de cuerpo legislativo.

Sobre el costo de la reforma contributiva, sostuvo que "es similar al que había planteado el señor gobernador", aunque admitió que es "un poco mayor" al que el mandatario había planteado en los estudios que presentó para avalar la medida.

"Más allá de unos cambios, el señor gobernador se enfoca en la reforma en bajar las tasas contributivas de individuos y corporaciones, y en esencia esos son los beneficios mayores, además de que se mantiene un ajuste por inflación", expuso el representante.

Detalló que "nos concentramos en reducir más las tasas contributivas de individuos, y a nivel corporativo le dimos énfasis a la corporaciones pequeñas. Un estudio de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) plantea que hay 25,168 corporaciones inscritas de ingresos de 0 a más de 10 millones, pero aquellas que tienen un ingreso de más de 10 millones son el 1% del total de las corporaciones. De la reforma que estaba presentada, este 1% tenía un beneficio de 41% del beneficio contributivo. Ese beneficio lo estamos usando para una mejora en las tasas de individuos y las Pymes, que en términos generales la mayoría son puertorriqueños. Las corporaciones grandes no las estamos abandonando, ya que tienen otro tipo de incentivos. Sacamos ese 1% para moverlo a las pequeñas corporaciones".

El legislador también dio a conocer las bondades de la reforma contributiva, entre ellas mejorar y reducir la burocracia "del papeleo", establece una nueva escala de ingresos sobre individuo, efectúa un ajuste de inflación al costo de vida y conserva el poder constitucional de la Cámara sobre el ajuste por inflación, "porque si no, el secretario (de Hacienda) puede subir o bajar tasas".

Santa Rodríguez aseguró que el proyecto de ley "es un paso correcto, ya que estamos buscando que el puertorriqueño de a pie sea beneficiado", mientras que el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, expresó que la propuesta "es más justa y dirigida a la gente que está subiendo. No a empresas sofisticadas. Esto esta bien dirigido al de aquí".

Mientras, el representante del MVC, José Bernardo Márquez, se mostró preocupado debido a elementos a los que no se hace referencia el proyecto "y ese es el problema: proyecciones del gasto fiscal y cómo se va a justificar, no lo sabemos. Son aspectos demasiado preocupantes".

También en el hemiciclo, el legislador del PIP, Denis Márquez Lebrón, alertó sobre la "criollización" de la Ley 22, que "va a beneficiar a unos sectores de grandes ingresos, que compran grandes carros en la avenida Kennedy y grandes villas, y que no van a contribuir para un montón de beneficios, pero el puertorriqueño tiene que seguir pagando. No es xenofobia ni antiamericanismo, yo no tengo problemas de que vengan a invertir, pero que vengan en unas condiciones, regulaciones, fiscalización, y que no vengan como príncipes y reyes, porque las monarquías son entes del pasado. Incluso, algunos vienen a cometer delitos y a sacar a la gente pobre de sus residencias y a apropiarse de la producción de algunas personas".

La exposición de motivos de la medida, que se avaló durante la sesión ordinaria que se extendió desde las 11:00 de la mañana hasta pasadas las 8:00 de la noche, indica que con la pieza legislativa se busca "lograr un sistema contributivo que proteja a nuestros individuos y promueva la inversión y la actividad económica, es necesario tomar iniciativas que simplifiquen nuestro sistema contributivo, alivien la carga contributiva a individuos y a comercios, y mejoren la captación”.

De igual forma, la pieza legislativa, que sufrió cambios en su lenguaje durante la sesión ordinaria, agrega que “debemos implementar medidas contributivas que reconozcan el esfuerzo del empresario local y que lo ponga en igualdad de condiciones con otros contribuyentes que gozan de incentivos sustanciales”.

Para los individuos, se señala que el objetivo es reducir la contribución sobre ingresos reduciendo las tasas contributivas e introduciendo un ajuste por costo de vida.

El alivio se refleja con una reducción en la cuarta tasa progresiva de 25% a 24% y un aumento a su escala. De igual forma, se reduce la tasa máxima de 33% a 30% (lo que significará una redistribución de $262.5 millones para los individuos).

La medida dispone además que el ajuste por costo de vida se implementará en dos fases.

La primera aplicará para el año contributivo 2022, donde, luego de que el individuo radique su planilla de contribución sobre ingresos, el Departamento de Hacienda computará un ajuste a su responsabilidad contributiva basado en el cambio en el Índice General de Precios al Consumidor.

El ajuste será pagado como un reintegro, sin necesidad de someter un formulario o solicitud adicional para recibirlo, a todos los contribuyentes que cualifiquen.

La segunda etapa aplicará a partir del año contributivo 2023, cuando, no solo comienza a aplicar el ajuste a las escalas, sino que también los contribuyentes verán un ajuste anual a los renglones contributivos para reflejar la inflación en el año natural anterior.

También se incrementa en el Código de Rentas Internas el crédito para pensionados de bajos ingresos y personas mayores de 65 años de $200 a $400.

Respecto de las corporaciones se indica que al presente están sujetas a una tasa máxima de 37.5% y se afirma que, “en términos de la tasa contributiva combinada, es decir, la tasa estatal y federal en los Estados Unidos, Puerto Rico se ubica entre las tasas más altas. La amplia brecha entre las tasas contributivas a nivel corporativo representa una desventaja competitiva para Puerto Rico, en cuanto a atraer corporaciones a la Isla versus otras jurisdicciones”.

El proyecto reducirá la responsabilidad contributiva de todas las corporaciones en las distintas escalas de ingresos en diferentes proporciones y se precisa que, en términos proporcionales, “las corporaciones que más se beneficiarían de la reforma son aquellas que reportan ingresos netos entre los $75 mil y $3 millones. La mayoría de estas corporaciones se clasifican como pequeñas o medianas empresas. Las microempresas y las grandes corporaciones también disfrutarán de una reducción, pero a menor escala”.

Otro resultado de esta legislación que se resalta es que esta Ley simplifica y reduce la contribución sobre ingresos introduciendo una escala progresiva a la contribución normal pagada por las corporaciones y eliminando la contribución adicional. Asimismo, se elimina la contribución alternativa mínima de $500.

“Luego de esta reducción, se estima que sobre 26,000 corporaciones pagarán menos contribución sobre ingresos en Puerto Rico. Esta medida reduce la clasificación (ranking) mundial que ocupa Puerto Rico en cuanto a términos de tope de tasa contributiva se refiere, aumentando nuestra ventaja competitiva de atraer corporaciones a la isla en comparación con otras jurisdicciones”, se establece.

Las reducciones contributivas se justifican en la legislación con el hecho de que los ingresos netos al Fondo General para los pasados 5 años fiscales han superado consistentemente las proyecciones establecidas en el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que los datos reflejan que el excedente promedio ha sido de $790 millones aproximadamente.