El proyecto sustitutivo de las resoluciones concurrentes 12 y 30, que requería dos terceras partes de los representantes de la Cámara para que fuera aprobada, pretendía que se eligiera el gobernador con mayoría absoluta y establecía una segunda vuelta electoral.

La Cámara derrotó hoy el proyecto sustitutivo de las resoluciones concurrentes 12 y 30, que establecía la celebración de un referendo para que la población determinara si se debía modificar la Constitución con el objetivo de que los gobernadores fueran elegidos por una mayoría absoluta (sobre el 50% de los votos).

La medida necesitaba 34 votos, pero no logró el apoyo de los 21 representantes del PNP, de la representante del Proyecto Dignidad (Lisie Burgos Muñiz) y de algunos legisladores del PPD (no la respaldaron, por ejemplo, el presidente de la Cámara, Rafael Hernádez Montañez, Gretchen Hau ni Lydia Méndez Silva).

Con la votación final de 20 votos a favor (entre ellos los 2 del MVC, 1 del PIP y uno último del independiente Luis Raúl Torres Cruz) y 28 en contra (3 representantes estuvieron ausentes), la medida, que necesitaba el respaldo de 26 legisladores, fue derrotada.

El autor de la pieza legislativa, el vicepresidente de la Cámara, José Varela, en su turno en el hemiciclo intentó justificar el proyecto al comentar que la Constitución "no está escrita en piedra" y dijo que había que "atemperarla a las circunstancias, ya que las de 1952 no son las mismas que en 2023 (en que 72 países han adoptado este sistema). No podemos tener a un país rehén de que unos poco elijan al gobernador".

Recordó la baja participación electoral de los pasados años (el gobernador Alejandro García Padilla fue elegido con el 48% de los votos, Ricardo Rosselló Nevares con el 42% y Pedro Pierluisi Urrutia con el 33%), "por eso para el bien de la democracia la persona que sale electa tiene que tener un mandato claro y contundente: sobre el 50%. Estamos diciéndole al país que va a tener la oportunidad de expresarse en una segunda vuelta. A los 30 días podríamos tener una segunda elección, con los dos que sacaron la mayor cantidad de votos, lo que motivaría una comunicación de los partidos, se cederían posiciones... La persona que salga electa va a tener sobre el 50% y nuestra propuesta es 50 más uno. Para que el gobernador no tenga cuestionamiento de sus decisiones. Es una propuesta sencilla y clara. La entiende todo el mundo".

Frente a esos argumentos, el representante del PNP, José Meléndez Ortiz, opinó que "es una propuesta para cambiar las reglas del juego de cómo se elije al gobernante en Puerto Rico. ¿Por qué estamos haciendo esto? Sabemos que ha habido una merma en la participación en eventos electorales y la pregunta es por qué. Porque hay alternativas adicionales, frustración por las políticas públicas, desconexión con los gobernantes... Eso puede pasar, pero es importante que miremos si este proyecto da herramientas para que ese pueblo deje de estar molesto, participe y esté a gusto. ¿Este sustitutivo resuelve este problema? La contestación es que no. Quieren forzar un resultado particular".

Para la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, quien votó en contra, "es un hecho que el PPD y PNP han perdido electores a causa de las deficiencias administrativas y el mal de la corrupción. Muchos alegan que es ilegítimo un gobierno por no tener el aval de la mayoría del pueblo. Pero este asunto no se resuelve con una segunda vuelta electoral. Hay que reconocer la merma en la participación electoral, de 82% a 55%, por la fuga de los puertorriqueños a Estados Unidos y una baja natalidad".

Además, aseguró que el Proyecto Dignidad "tiene posturas firmes de no alianzas con otros partidos, porque no negociamos valores" y anticipó que "podía haber una cantidad de electores menor en una segunda vuelta".

El legislador del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, resumió el asunto en que el proyecto de ley es apenas "una discusión para las gradas, un premio de consuelo para Varela, a quien han desplazado de cualquier discusión electoral" en el PPD.

En tanto, el independiente Luis Raúl Torres Cruz, quien votó a favor, manifestó que en las elecciones pasadas "la mayoría de los votantes no respaldaron a Pierluisi ni su programa" y expuso que, "democráticamente, tiene un peso que se le dé el espacio al pueblo para que decida si se debe enmendar la Constitución. El pueblo debe tener el peso de la toma de decisión ante un asunto medular e importante.

Pero, al final, y como dijo el mismo Torres Cruz, "el proyecto fue a parar a la gaveta 7: el zafacón", aunque la representante Mariana Nogales Molinelli aprovechó también para criticar el comportamiento de los representantes, ya que "a veces es muy frustrante estar en un espacio donde las personas no tienen la seriedad suficiente para ejercer como legisladores. Y esta palabrería lo demuestra claramente: aquí hay más turno para un proyecto irrelevante que para el presupuesto del país".

Agregó que "eso demuestra qué es lo que hacen y piensan sus legisladores. A qué le dan importancia, que esto no es un salón de clases de séptimo grado para hacerse el más graciosito. Aquí se decide el futuro de país. Esto que hemos visto hoy es vergonzoso. No sé cuál es la madurez de las personas electas en esta legislatura, si no sobrepasa los 13 años. Necesitamos gente comprometida, que se lea las 200 páginas del presupuesto, que hagan un análisis crítico, inteligente, de lo que estamos decidiendo para el país. Me siento muy defraudada por este espectáculo".

El proyecto sustitutivo de las resoluciones concurrentes 12 y 30 pretendía modificar la sección 1 del artículo IV y la sección 4 del artículo VI de la Constitución de 1952 a través de un plebiscito.

La pieza legislativa surgió, según la exposición de motivos, ante la “falta de legitimidad” que establece el sistema electoral actual en relación a la elección del gobernador.

En la sección 1 del artículo IV de la Constitución se buscaba que estableciera que "el Poder Ejecutivo se ejercerá por un gobernador, quien será elegido por voto directo en cada elección general con más del cincuenta 50% de los votos en cada elección general o al obtener la mayoría de los votos al celebrarse una segunda vuelta entre el primero y el segundo candidato con mayor cantidad de votos".

Mientras, la sección 4 del artículo VI de la Carta Magna se pretendía modificar para que definiera que, en el caso del cargo de gobernador, "este será elegido con más del 50% de los votos en cada elección general o al obtener la mayoría de los votos al celebrarse una segunda vuelta entre el primero y el segundo candidato con mayor cantidad de votos dentro de treinta días de la elección".

El proyecto de ley también señalaba que "en caso de que ninguna persona obtenga más de la mitad de los votos, se celebrará una segunda vuelta electoral entre las dos personas que más votos obtuvieron en la primera ronda no más tarde de la primera semana de diciembre del año electoral. En ese escenario, resultará electa la persona que más votos obtenga".

Las enmiendas propuestas iban a ser sometidas para su aprobación o rechazo a los electores en un referendo, que se contemplaba celebrarlo el 5 de noviembre de este año.

La Constitución de Puerto Rico no ha sido enmendada desde 1970, cuando se redujo la edad para votar a los 18 años, aunque casi desde su nacimiento sufrió modificaciones.

Los puertorriqueños ratificaron la Constitución de Puerto Rico el 3 de marzo de 1952 en un referendo, pero el Congreso de Estados Unidos exigió que se enmendaran tres secciones, lo que fue aprobado en un plebiscito el 4 de noviembre de ese mismo año.

No fueron las únicas modificaciones, ya que hubo otras cuatro que surgieron en la Isla y que fueron avaladas a través de consultas que se dieron en noviembre de 1960, diciembre de 1961, noviembre de 1964 y noviembre de 1970.

Posterior a esos años, hubo intentos de modificar la Constitución (en 1994 y 2012), pero no llegaron a puerto.