Como parte del informe de la medida, el Departamento de Salud de Puerto Rico no endosó el proyecto de ley

La Cámara de Representantes colgó, en sesión ordinaria, una medida que busca brindar menos restricciones a las personas que se niegan a presentar evidencia de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 en lugares públicos.

El Proyecto de la Cámara 1092 (P. de la C. 1092), de la autoría de la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz; se derrotó con 33 votos en contra, y 11 a favor.

La pieza legislativa también fue presentada por el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, para crear la “Ley de Inmunización Natural ante el COVID-19 en Puerto Rico”. Esta ley prohibiría la negación de servicios o acceso a cualquier persona con inmunidad natural, debido a que la persona se negó a presentar evidencia de vacunación contra el COVID-19 o mostrar una prueba negativa.

“Resulta discriminatorio que sea el propio Estado quien divida a la población entre vacunados y no vacunados, le brinde servicios a los vacunados y le deniegue los mismos servicios a los no vacunados. No podemos dejar como precedente histórico dichas acciones”, expresó Burgos Muñiz durante su turno sobre la medida.

De igual manera, la legisladora destacó que recibe llamadas constantes a su oficina con quejas sobre la solicitud de evidencia de vacunación. Por esta razón, indicó que “se deben proteger a los ciudadanos que se han recuperado y pueden probar que están inmunes de manera natural”.

“Hoy es un hecho que los efectos adversos en los vacunados siguen en aumento, principalmente en jóvenes con problemas cardiacos, y que aún ocurre en la denegación de los servicios”, señaló Burgos Muñiz.

Como parte del informe de la medida, el Departamento de Salud de Puerto Rico no endosó el P. de la C. 1092.

Mientras que, el Proyecto de la Cámara 1110, (P. de la C. 1110), también presentado por los mismos legisladores, fue derrotado con 26 votos a en contra y 18 a favor.

El P. de la C. 1110 buscaba asegurar que ninguna agencia pública, tribunal o municipio pueda negar acceso a sus facilidades, servicios, ni la expedición de documentos por el mero hecho de negarse a presentar evidencia de vacunación o una prueba negativa de COVID-19.

“Denegar servicios gubernamentales como mecanismo de presión para forzar a una vacunación masiva parece una acción déspota para cumplir con las ganancias de las farmacéuticas a costa de violarle los derechos a los ciudadanos”, manifestó la legisladora.

Según la representante, en las vistas públicas que se realizaron en la Comisión de Bienestar Social, salió a relucir que muchos ciudadanos “se vacunaron por presión de no perder sus trabajos o continuar sus estudios”. Asimismo, denunció que los vacunados que comparecieron a las vistas no recibieron un consentimiento informado previo a la vacunación.

“Es un hecho que una persona vacunada también puede contraer el virus y propagarlo. No hay razón para negarle servicios a ningún ciudadano”, señaló Burgos Muñiz.